Institucionalidad, democracia y crisis en América Latina

El Congreso de Paraguay decidió recientemente deponer de su cargo al presidente de la Republica, el sacerdote Fernando Lugo, por razones de mal…

Forum Libertas

El Congreso de Paraguay decidió recientemente deponer de su cargo al presidente de la Republica, el sacerdote Fernando Lugo, por razones de mal desempeño en sus funciones. La reacción internacional ha sido inmediata y Paraguay, que formaba parte de Mercosur, ha sido separada del organismo. Varias organizaciones sociales también se han pronunciado en toda América Latina. Pero el impacto no ha sido tan grande como el esperado. La organización Avaaz, que reúne firmas para causas de injusticia social, económica y política, medio ambiente y cambio climático, ha conseguido reunir solamente unas 50.000 firmas frente al millón que reunió, también por estas fechas, para la defensa de los leones. El supuestamente ex presidente, los nuevos mandatarios, manifiestan la total adaptación a la legalidad vigente, mientras él manifiesta realizar una resistencia pacífica.

Hace un poco más de tiempo, el presidente Zelaya de Honduras también fue depuesto por razones similares, en este caso se le acusaba de contravenir la Constitución por unas medidas que tomó .El país fue expulsado del SICA y la OEA y las manifestaciones en pro del destituido fueron importantes. La base social y organizativa que lo apoyaba vio en su destitución un freno a políticas sociales que él estaba implementando, mientras otros de reconocida solvencia democrática apuntaban ciertas arbitrariedades. Todo ello se zanjó cuando se realizaron las elecciones democráticas que no ganó nadie que siguiera la línea de Zelaya. El apoyo recibido por el Alba con Chávez a la cabeza, pero también y muy fuertemente por países como Brasil con su presidente Inacio Lula da Silva o la Argentina con Cristina Kishner, y hasta el propio Estados Unidos, no fue suficiente y finalmente se ha ido volviendo hacia una cierta normalidad democrática.

Ahora nos encontramos con un serio debate en El Salvador. La Asamblea nombró magistrados de la Corte Suprema que según ésta no le per tocaba si no a la próxima Asamblea salida de las recientes elecciones. La razón es bien clara y es el cambio de resultados donde la derechista ARENA avanzó notablemente en diputados y alcaldes frente a un claro retroceso de la izquierdista FMLN en el gobierno desde hace tres años. Así, en alianza con el partido GANA creado por el ex presidente Saca, expulsado de su partido ARENA por traidor y otras muchas cosas que nunca se publicaron, consiguieron nombrar a los magistrados que ellos querían por el siguiente plazo. Lo cierto es que la elección es siempre como muy vinculante con el partido que los propone y se crean lazos de dependencia del magistrado en cuestión con el partido. La cuestión es tan importante que en la elección no se tienen en cuenta ningún tipo de méritos, ni académicos, ni publicaciones, ni experiencia profesional son tenidos en cuenta para la elección, con lo que se dan muchísimos casos de gente absolutamente mal preparada e incompetente .Y claro, como estos son los que sientan jurisprudencia… El pacto FMLN-GANA ha sido una constante en esta legislatura hasta tal punto de pactar el cargo de fiscal general de la República en persona vinculada al ex presidente Saca, de tal forma que después que la Corte de Cuentas (nombrada por él) aprobara sus cuentas frente a denuncias de corrupción, ahora con el nuevo fiscal general ya pasarán los diez años donde prescribirían posibles delitos de malversación de fondos.

Bien, pues en este desaguisado la Asamblea ha mandado a sus nuevos diputados a que ocupen sus cargos mientras el resto de la Corte Suprema de Justicia ha pedido a los magistrados suplentes que se personen para llenar el número suficiente de magistrados (unos terminaron su periodo). Ahí la Asamblea decidió llevar el caso de competencias entre órganos del Estado a la Corte de Justicia Internacional de Centroamérica. Este organismo que precede al SICA solamente está reconocido por Nicaragua, Honduras y El Salvador, y desde luego muchos dudan que sea competente. Pero, además, se señala que los magistrados nicaragüenses que fueron nombrados por Arnoldo Alemán y ratificados por Daniel Ortega son de dudosísima neutralidad, con lo que queda claro que se decantarían por la Asamblea salvadoreña liderada por el FMLN (ARENA se ha opuesto a todo esto). El presidente de la Corte Suprema de Justicia dice no acatar la resolución de la CSICA ya que lo que se debate está claramente previsto en la Constitución del país y en la que nadie extranjero puede inmiscuirse.

Tres casos que podríamos ampliar a más, como los cambios realizados por Ortega, Chávez, Fujimori y otros. Lo cierto es que una cosa es estar en un Estado democrático y otra es que las instituciones funcionen como tales. Países que durante años estuvieron en guerras civiles o sometidos a regímenes dictatoriales no cuentan ni con la experiencia, ni solvencia que da el tiempo y la práctica constante de la democracia. Por otra parte, el mimetismo institucional y democrático insta a estos países a dotarse de multitud de instituciones que a duras penas pueden financiar, lo que claro está incluye un ejército no tan claramente necesario como muy bien ha demostrado Costa Rica. Es necesario avanzar en esta democracia de América Latina, pero también hay que tener en cuenta las situaciones y posibilidades de los países. La comunidad internacional debería ser más sensible a estas situaciones y tener una actitud mucho más clara respecto a desviaciones y abusos que puedan producirse. Si en Europa tenemos unas instituciones que deben revisarse a fondo por obsoletas e incluir una participación de la sociedad civil y los ciudadanos mucho más clara y potente, en América Latina aún nos encontramos con muchas situaciones pre democráticas o lo que podríamos denominar “en construcción”. La actuación es evidentemente diferente en cada caso y desde luego la política es para trazos finos y no gruesos, es para entender sensibilidades y realidades.

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