Jinetes apocalípticos

apocalipsis

Es innegable que los regímenes democráticos han traído el ejercicio de la libertad y la consolidación de los derechos humanos. A pesar de ello, la democracia no es, per se, un sistema infalible. A veces es un caldo de cultivo algo nocivo para el interés general, pues en ocasiones otorga una justificación errática a ciertas realidades que se contextualizan plasmándose en derecho positivo, con la aprobación de una mayoría consensuada. Los Parlamentos surgieron en la historia para neutralizar el totalitarismo del poder absoluto, pero ¿qué ocurre cuando la iniquidad se larva miméticamente en la mayoría aritmética de los representantes del pueblo?

En septiembre comienza un nuevo curso político con algunos propósitos que chocan, a mi entender, con el bien común y con la propia dignidad humana. Entre ellos está el proyecto de la eutanasia, el de los vientres de alquiler o el de la ley mordaza LGTBI. Como viene siendo habitual en estos casos, todos ellos se adornan de una “bondad” que, de algún modo, excusa el arbitrio del poder constituido.

Respecto a los vientres de alquiler, es claro que se vulneran derechos fundamentales al mercadear con úteros y cosificar a las personas, pues bajo la capa del altruismo, la mujer se convierte en una simple máquina expendedora de productos. En cuanto a la eutanasia, bajo el disfraz de la falsa dignidad humana, trata de apagar la vida por estar fuera de los patrones que marcan tanto la sociedad de consumo como el Estado del bienestar. Y en relación a los privilegios concedidos al lobby gay, se socava la igualdad frente a la ley, y se quebranta la presunción de inocencia al considerar al disidente como homófobo hasta que demuestre lo contrario. Asimismo, las iniciativas LGTBI retoñan la censura tan propia del marxismo o del fascismo, originando una ideología intolerante y dogmática que trasgrede, por ejemplo, el derecho a la educación y la libertad de expresión.

Todos estos proyectos-trampa constriñen la libertad, la vida y el núcleo familiar. Pero ante este caótico e inquietante escenario, ningún partido político con peso específico alza su voz discordante. Unos por apatía ideológica, otros por aversión social, y todos por un buenismo intransigente que choca con el sentido común, la ley natural y los preceptos constitucionales. Igualmente, los medios de comunicación permanecen, en la mayoría de los casos, silentes frente a este cúmulo de dislates.

En Aragón “la muerte digna” se ampara en la ley 10/2011, de 24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la muerte, no como regulación de derecho fundamental, pues carece de ámbito competencial, pero sí velada en el aspecto asistencial. También se encuentra en proceso el proyecto de ley de identidad de género y no discriminación, aprobado recientemente por el Consejo de gobierno aragonés.

Así las cosas, viene un otoño amenazado por la ingeniería social de la izquierda con la aquiescencia de un liberalismo pueril. Los arcos parlamentarios de las Administraciones Públicas agonizan, y nuestro Estado de derecho está inmerso en un áspero, lúgubre y aletargado sueño. Los proyectos aludidos, como jinetes del Apocalipsis, traen la muerte, la guerra ideológica, la peste normativa que pudre la ética y la moral, y la destrucción de la identidad personal. Con todo, la mayoría democrática aún puede cambiar esas “fieras nomotéticas” que, con apariencia legal, intentan a todo trance devorar a la humanidad. Nunca es tarde para despertar, si la dicha es buena.

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