Juntos pero no revueltos

Quizá podamos dedicar un rato a reflexionar sobre las estrategias de partido que nos encontraremos ahora que volvemos de vacaciones. Recordemos: el XI…

Quizá podamos dedicar un rato a reflexionar sobre las estrategias de partido que nos encontraremos ahora que volvemos de vacaciones.

Recordemos: el XI Congreso del PSC acabó tranquilamente, como una “bassa d’oli” que diríamos en Cataluña. A nivel ideológico los asuntos clave se abordaron desde la moderación. Hasta el laicismo deberá esperar, le guste o no a los dos socios del tripartito (IC-V y ERC) o al propio PSOE.

Lo más relevante fue el aviso que José Montilla dirigió con guante de seda a Rodríguez Zapatero:

“Los socialistas catalanes te queremos bien, te queremos mucho, pero aún queremos más a Catalunya y a sus ciudadanos, los queremos apasionadamente, nos debemos a ellos, nos debemos a sus problemas, a sus expectativas, a sus justas demandas, a su cultura, a su lengua y a su Estatut, que defenderemos con todas nuestras fuerzas.”

Sus palabras sorprendieron. Recuerden que ese mismo Estatut se enmendó –quiero decir se recortó– en las Cortes Generales con la connivencia de los diputados del PSC.

Y encima deberá superar una prueba más: la sentencia de un Tribunal Constitucional desprestigiado, que trae causa del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP “de antes”, el que no dejaba a Mariano Rajoy espacio para el diálogo y la moderación. Por eso perdió las elecciones. Si Catalunya hubiera sido independiente, las habría ganado.

Montilla pronunció un discurso que firmaría el mismísimo Jordi Pujol. Al gobernar, los dos presidents han constatado que los números de la Generalitat nunca han cuadrado.

Por ello el PSC vira hacia el centro del escenario político, asumiendo dos principios básicos de CiU: la inmersión lingüística y la financiación justa. Sin ellos no hay cohesión social ni obra visible de Govern.

No me extenderé sobre la inmersión. Sabemos que no va contra el castellano. Simplemente trata de evitar los guetos lingüísticos, que separan por razón de lengua a los alumnos.

Así se integraron los hijos de inmigrantes andaluces, extremeños o murcianos, y así se integrarán los hijos de los sudamericanos y magrebíes que han emigrado estos últimos años.

Sobre la financiación, hay que atenerse a las balanzas fiscales. Son pura ecuanimidad. Los números cantan por sí solos. Publicándolas se ha demostrado algo obvio: que los ciudadanos que viven y trabajan en Catalunya son solidarios. Lo son por imperativo legal, y espontáneamente.

Un ejemplo: la famosa “Marató de TV3” es la única que sigue en toda España y aumenta su popularidad. Los intentos copiados por las cadenas privadas estatales fracasaron estrepitosamente. Ni recurriendo al morbo de la venta de objetos personales de famosos funcionaron. Cuando por Autonomías enseñaban en la pantalla los resultados de las aportaciones de los telespectadores, la primera Comunidad solidaria volvía a ser la catalana.

Otro ejemplo: el elevado número de Fundaciones y ONG’s dedicadas a la asistencia social, la cultura y la ayuda al Tercer Mundo. La tradición viene de muy lejos. Desde el siglo XIX los catalanes se acostumbraron a recibir muy poco del incipiente Estado liberal. El centralismo estimuló la iniciativa privada y la economía.

Pero vayamos a la solidaridad impuesta por ley. ¿Por qué es urgente solucionar el capítulo de la financiación y el déficit en inversiones? No se trata de una reivindicación nacionalista, sino de puro sentido común.

Apunten dos datos, sobre todo los lectores votantes del PP:

Primero: en Catalunya la cifra de empleo público es del 8%, mientras que en Extremadura es del 22,7% y, en Andalucía, del 15,3%. ¿Recuerdan lo del voto cautivo y los triunfos masivos de Chaves y Rodríguez Ibarra? Imagino que sí…

Segundo dato: Catalunya acoge el 25% de la inmigración que reside en España. Esto dispara el gasto social. Se pierde competitividad y quienes engrosan las listas del paro son, al fin y al cabo, los trabajadores.

Los ciudadanos que viven en esta porción de Estado llamada Catalunya –sean nacionalistas en versión española, catalana o todo lo contrario–, se enfrentan a un déficit fiscal galopante. Están en juego servicios básicos como la sanidad, la educación, las infraestructuras, los transportes públicos, etc.

También los empresarios lo saben. Llegará un momento en el que la vaca solidaria no dará más leche al resto de España. Ocurre igual en Valencia e Islas Baleares, aunque su estructura económica reúna otras características.

Es mejor que Zapatero no prometa nada. Cuando ha dicho algo sus promesas se han convertido en “foc d’encenalls”, en “agua de borrajas” si lo prefieren en bilingüe.

Lo preferible es exigirle juego limpio: una negociación política lo más objetiva posible, que resuelva la financiación en el marco del bloque de la constitucionalidad, del que los Estatutos de Autonomía forman parte.

Por eso los partidos catalanes –herederos del catalanismo social, cultural y político– van juntos, aunque no revueltos, en la defensa de la legalidad. Es cuestión de supervivencia.

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