Justicia y Paz pide al Gobierno español que se sume al acuerdo a favor de los trabajadores inmigrantes

Justicia y Paz pide al Gobierno español que ratifique la Convención Internacional de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Tra…

Justicia y Paz pide al Gobierno español que ratifique la Convención Internacional de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias. Lo hace lamentando que “no ha existido manifestación explícita de voluntad de hacerlo ni por parte del ejecutivo actual ni por parte de los que le han precedido”. En un comunicado difundido con motivo de la celebración del Día Internacional del Inmigrante el 18 de diciembre, la entidad católica recuerda que este acuerdo de la ONU “define un marco que considera las diversas dimensiones y situaciones de las personas migrantes a lo largo de todo el proceso migratorio (estancia legal o ilegal, trabajo formal o informal, miembro de una unidad familiar, potencial usuario de servicios públicos y participante en la sociedad)”. También explica que “garantiza a las personas migrantes un estatus de protección y les confiere un nivel de derechos equivalente, en los casos particulares, a los nacionales de la sociedad receptora, de acuerdo con su dignidad de persona”.

Tras recordar que “la persona inmigrante tiene unos derechos fundamentales que deben ser respetados con independencia de su situación administrativa”, Justicia y Paz denuncia que, en este momento, “ninguno de los países de la Unión Europea ha ratificado esta Convención a pesar de ser plenamente coherente con lo establecido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, con la Declaración de Derechos que figura en la Constitución Europea y con las grandes líneas de la política migratoria europea definidas en el Consejo Europeo de Tampere”. En la misma línea, la organización lamenta que “algunas de las últimas iniciativas legisladas a nivel europeo constriñen y dificultan derechos del inmigrante como también lo hacen los marcos normativos de extranjería actualmente existentes en muchos estados miembros, muy especialmente para el caso de los inmigrantes irregulares”.

Al principio del documento, se recuerda que existen actualmente más de 150 millones de inmigrantes que viven y trabajan en un país distinto al que nacieron, cifra que representa aproximadamente un 2 por ciento de la población mundial. “En España, los últimos datos estadísticos hablan de 1.774.115 inmigrantes regulares, además de un número indeterminado de sin papeles”, explica. En relación con estos datos, Justicia y Paz define la inmigración como “un proceso generalizado, con unas causas y motivaciones definidas que es necesario conocer y considerar por parte de los gobiernos”.

En el ámbito español, el escrito recuerda que, a pesar del proceso de regularización y de la existencia de un régimen de derechos sociales básicos aplicables a todos, “permanecen numerosos elementos que reflejan la preeminencia del control  sobre la integración social en la política migratoria”. Y pone como ejemplos la “invisibilización del inmigrante irregular, vulneración del derecho a la propia intimidad y al secreto de datos registrales, dificultades para la reagrupación familiar, la permeabilidad laboral y la participación social y política”. El documento está firmado por la Comisión General de Justicia y Paz en España y por los departamentos de Justicia y Paz, Misiones y Acción Social de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER).

22 países la han ratificado entre 1990 y 2003

La Convención Internacional de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias fue aprobada por el organismo mundial en 1990, después de casi dos décadas de debates con la participación de gobiernos, defensores de derechos humanos y laborales y varias ONG internacionales, entre otros colectivos. El texto quedó dividido en 93 artículos y abierto a la ratificación de los países. El director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Brunson McKinley, destaca que el acuerdo “puede constituir una importante contribución a los compromisos para promover una gestión efectiva de la migración”, y definió la protección de los derechos de estas personas como “un elemento clave de una perspectiva global que satisfaga las necesidades de una población cada vez más móvil”. En julio de 2003, sólo habían ratificado el documento 22 países.

La Convención reconoce que los trabajadores migrantes no son simples unidades económicas sino seres humanos con familias y que, como tales, deben gozar de los derechos humanos básicos. También reconoce claramente la realidad de explotación y abuso que cotidianamente experimentan muchos trabajadores migrantes, y les brinda protección. Por otro lado, exhorta a los estados a dialogar y trabajar para encarar las cuestiones migratorias, y esboza las responsabilidades que tienen los países de origen, tránsito y destino a la hora de proteger a estas personas y desarrollar sólidas políticas migratorias laborales. Ello incluye los esfuerzos de los estados de cara a homogeneizar las legislaciones nacionales pertinentes con las normas internacionales de derechos humanos.

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