La Abogacía del Estado certifica la defunción legal del padre y la madre en España

La aprobación en España de la conocida reforma del Código Civil, que permite casarse a dos personas del mismo sexo y, por tanto, adoptar hijos, dio pa…

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La aprobación en España de la conocida reforma del Código Civil, que permite casarse a dos personas del mismo sexo y, por tanto, adoptar hijos, dio paso desde julio a numerosas declaraciones de personas y entidades de la sociedad civil avisando de que la nueva ley enterraba jurídicamente la figura del padre y la madre como fundamento antropológico del matrimonio y la familia. Esto se ha ratificado ahora en las alegaciones presentadas el jueves por la Abogacía del Estado para rebatir los argumentos del recurso de inconstitucionalidad presentado el 30 de septiembre por un numeroso grupo de diputados del Partido Popular. El texto, de 77 folios, afirma que la equiparación de las uniones de gays y lesbianas al matrimonio se ajusta a la Constitución, y añade que la adopción por parte de estas parejas no atenta contra el derecho de todo niño a un padre y una madre.

 

El artículo 32.1 de la Carta Magna dice textualmente que “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”. La frase es idéntica a la que recogía el Código Civil antes de ser modificado para permitir que se casen dos personas del mismo sexo. Pero la Abogacía del Estado califica el mandato constitucional de “facultativo”, ya que, según la institución, no prohíbe el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. En la misma línea, asegura que “no regular el matrimonio homosexual sí que sería inconstitucional”, porque constituiría “una discriminación indirecta”.

 

El letrado que ha elaborado el escrito de alegaciones contra el recurso del PP ante el Tribunal Constitucional reduce la concepción del matrimonio entre hombre y mujer a lo que considera una “foto fija” propia del pasado. La ley en vigor desde el 2 de julio no vulnera, según la Abogacía del Estado, la imagen que la conciencia social tiene de la institución milenaria del matrimonio. Aunque reconoce que los ponentes de la Carta Magna pensaron sólo en las uniones entre hombre y mujer para definir el matrimonio, asegura que el modelo expuesto “va redefiniéndose con la evolución de la conciencia social”.

 

Sobre la adopción, el informe deforma la realidad al afirmar que “todos” los estudios psicológicos llegan a la conclusión de que apenas hay diferencias entre los menores adoptados por parejas heterosexuales y los adoptados por parejas del mismo sexo. “La única diferencia sería una mayor naturalidad en la aceptación de la homosexualidad como opción, que no incide además en su propia orientación sexual”, explica la Abogacía. La adopción por parte de parejas de gays o lesbianas implica una mayor incitación a la homosexualidad de los hijos acogidos, además de violar un derecho fundamental, a tener padre y madre, y romper la antropología natural de la unidad familiar. Cabe destacar, además, que el documento contra el recurso de inconstitucionalidad considera discriminatoria cualquier regulación de las uniones del mismo sexo que no pase por su denominación de matrimonio, tal y como queda contemplado en el Código Civil reformado.

 

Ignora los criterios contrarios

 

La Abogacía del Estado argumenta la supuesta constitucionalidad del matrimonio gay sin tener en cuenta los informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y la Academia Española de Jurisprudencia, que ofrecieron hace meses, antes de tramitarse la ley en el Congreso y en el Senado (donde además fue vetada), un criterio absolutamente contrario. Estos tres organismos alertaron sobre la inconstitucional de varios puntos de la reforma del Código Civil, especialmente la adopción y la misma denominación de matrimonio a las uniones del mismo sexo.

 

Curiosamente, las alegaciones contra el recurso de inconstitucionalidad se hicieron públicas el mismo día en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciaba que no contratará a más fumadores “por imperativos de credibilidad e imagen”, para predicar con el ejemplo. La Abogacía del Estado habla de discriminación hacia los homosexuales para defender la constitucionalidad de que puedan casarse y, mientras tanto, un organismo internacional promueve la discriminación a un colectivo de personas, en este caso para ser contratadas laboralmente. Parece que los gays y las lesbianas estén intentando ocupar los puestos de trabajo de los fumadores. Una curiosa paradoja, sobre todo después de que los ministros del Gobierno español no se han cansado de decir que la reforma del Código Civil “no recorta derechos”.

 

El recurso habla de 8 principios vulnerados

 

El matrimonio entre personas del mismo sexo vulnera al menos 8 principios de la Constitución Española, según el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP el 30 de septiembre. En el planteamiento general de las alegaciones, el escrito denuncia que la ley del pasado 1 de julio “viene a modificar la concepción secular, constitucional y legal del matrimonio como unión de un hombre y una mujer, incluyendo ahora dentro del matrimonio las uniones entre personas del mismo sexo”. Tras calificar la normativa de “una de las modificaciones legislativas de más honda trascendencia y repercusiones para la sociedad española”, el recurso denuncia que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero haya cambiado fragmentos del Código Civil sin modificar la Carta Magna, cuyo artículo 32, por ejemplo, dice exactamente lo mismo que uno de los puntos ahora modificados: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”.

 

En la misma línea, los 72 diputados populares que constan en el documento (que superan ampliamente el mínimo exigido de 50) asegura que existen evidentes contradicciones asumidas “por el legislador para instrumentar técnicamente una reforma de enorme alcance mediante el sencillo expediente de cambiar por las buenas el sentido inequívoco de unas cuantas palabras”. También recuerdan que el Grupo Popular, tanto en el Congreso como en el Senado, “ha propuesto fórmulas para abordar esta cuestión con el mayor consenso político y social, mediante un nuevo instrumento jurídico para las parejas formadas por personas del mismo sexo que se ajuste plenamente a la Constitución”. Cabe subrayar, en este sentido, que ese consenso no se ha dado con la iniciativa gubernamental, ya que la ley salió adelante con una mayoría ajustada en las dos votaciones del Congreso y veto en el Senado. Finalmente, el PP se refiere a los pronunciamientos del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y la Academia de Jurisprudencia en contra de la denominación de ‘matrimonio’ a las uniones del mismo sexo y contra la adopción de hijos por parte de esas parejas.

 

El texto, por otro lado, destaca “la imposibilidad de que el legislador ordinario y no el constituyente modifique la Constitución utilizando el sencillo fraude de cambiar el nombre acuñado de las cosas y como tal utilizado por el constituyente”. Con todos estos fundamentos apuntados, el recurso de inconstitucionalidad expone su impugnación a través de 8 grandes puntos de lo que los diputados firmantes (entre los que no constan ni el presidente del PP, Mariano Rajoy, ni su secretario general, Ángel Acebes) consideran una clara “vulneración” de la carta magna.

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