La Comisión europea advierte que el gasto público se va a convertir en insostenible para la mayoría de países.

Esta circunstancia de la que advierte la Comisión Europea tiene, como causa fundamental, el crecimiento de las pensiones como consecuencia del envejec…

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Esta circunstancia de la que advierte la Comisión Europea tiene, como causa fundamental, el crecimiento de las pensiones como consecuencia del envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida. España se encuentra entre los más afectados, porque según Bruselas, el gasto en pensiones sobre el PIB, que es la forma habitual de medir estos datos, se habrá duplicado, pasando del 8,6 al 15% en el periodo comprendido entre el 2005 y 2050.

A este gasto se le debe añadir la sanidad, que se situará en el 8,5%, y la educación que a largo plazo puede moderar su peso económico simplemente por falta de jóvenes, hasta situarse en el 3,1%, siempre en aquella fecha del 2050.

Esto significa que estas tres partidas superarán el 25% del PIB, un peso insoportable. El ejecutivo de la Unión Europea, ha llamado a los gobiernos a corregir su sistema de aquí al 2011, es decir, en 5 años, puesto que a partir de entonces la relación entre población activa y jubilación empeorará dramáticamente. A partir del 2018 el crecimiento del empleo y la productividad en Europa dejarán de compensar el coste del envejecimiento de la población.

De los 15 países más desarrollados de la Unión Europea, España es el tercero, empezando por la cola, en cuanto a la magnitud de su gasto en pensiones, en esta previsión de futuro. Si consideramos que el penúltimo es Luxemburgo, se puede decir con bastante justicia que sólo nos supera en previsión negativa, Portugal con el 20,8% de gasto en pensiones sobre el PIB, para el 2050.

Es alarmante que estos datos que no son nuevos, sino que constituyen la continuidad de un problema largamente anunciado, y que deberían estar en el centro del debate de la vida social y política española, ocupen un lugar marginal porque ninguna institución, no digamos ya el Gobierno y los partidos políticos, parece estar interesada en abordarlo a fondo.

Una vez más la Iglesia española tiene en esta cuestión, que interpela la justicia social y amenaza a jóvenes y ancianos, una oportunidad para practicar una reflexión profunda que ayude a valorar la importancia de la crisis silenciosa que nuestra sociedad está viviendo.

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