La “democracia asimétrica” de Zapatero: mayoría cualificada sólo cuando favorece al PSOE

El Gobierno español está utilizando como marco de actuación lo que podríamos llamar “democracia asimétrica”. Por un lado, acaba de aprobar el proyecto…

El Gobierno español está utilizando como marco de actuación lo que podríamos llamar “democracia asimétrica”. Por un lado, acaba de aprobar el proyecto de reforma del Código Civil para legalizar el matrimonio homosexual y tiene intención de que se apruebe en las cámaras legislativas por una mayoría simple. Mientras tanto, por otro lado, ha anunciado que obligará al Consejo General del Poder Judicial a nombrar a los jueces del Supremo o de los tribunales de justicia por una mayoría de tres quintas partes, como ya sucede para formar el Tribunal Constitucional. Ello obliga a la actual mayoría del organismo, considerada conservadora, a pactar esas designaciones con la minoría progresista (más afín al PSOE). Por tanto, la mayoría cualificada sólo vale para lo que le conviene a José Luis Rodríguez Zapatero. ¿No sería más coherente que, en una cuestión que cambia la definición del matrimonio y la familia, se estableciese también el requisito de la mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados?

Además, hay que tener en cuenta que lo que aprobó el Gobierno el 1 de octubre con el objetivo de que gays y lesbianas puedan casarse rompe claramente el pacto constitucional. El artículo 32 (punto 1) de la Constitución española dice exactamente lo mismo que el artículo 44 del Código Civil: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio”. Sin embargo, el Ministerio de Justicia quiere modificar sólo el Código Civil. ¿Por qué no se cambia la Constitución? La reforma de la Carta Magna requiere la mayoría cualificada, disolución de las Cortes y convocatoria de nuevas elecciones. Zapatero y su equipo prefieren no afrontarla. No es lógico que se busquen marcos de consenso en un lado y se prescinda de esa posibilidad de acuerdos en otro. Todos estos hechos hacen pensar, en definitiva, que el ejecutivo español está modelando los criterios democráticos de acuerdo con los intereses de la fuerza política que lo sustenta.

El Consejo General del Poder Judicial, por su parte, aprobó este miércoles en sesión plenaria un dictamen que siembra dudas sobre la constitucionalidad de la reforma de la Ley Orgánica, especialmente en el punto de la mayoría cualificada. Por otro lado, también decidió la elaboración de un informe jurídico sobre la ley de matrimonios homosexuales, a pesar de que tanto el ministro de Justicia, Juan Fernando López-Aguilar, como la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ya han dicho públicamente que no es necesario y que, en cualquier caso, el Gobierno no lo tendrá en cuenta. Son las primeras muestras de un enfrentamiento institucional entre dos poderes cuya separación debería ser incuestionable.

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