La diputada Ribera pregunta al fiscal de Gerona por el empresario que presionó un aborto

El grupo de CiU en el Parlament de Cataluña ha elevado unas preguntas parlamentarias preguntando al departamento de Trabajo por el caso de la camarera…

El grupo de CiU en el Parlament de Cataluña ha elevado unas preguntas parlamentarias preguntando al departamento de Trabajo por el caso de la camarera de Gerona que fue despedida por negarse a abortar. Se pregunta al departamento de trabajo qué medidas ha establecido respecto a este caso. También se pregunta si la policía autonómica lo está investigando y si el departamento de trabajo tenía constancia del despido.

Además, la diputada de Unió Democràtica, Elena Ribera, de Gerona, que participó en la manifestación contra los abortos ilegales del pasado diciembre ante la clínica Ginemedex, también ha escrito al fiscal jefe de Gerona preocupándose por este caso. La diputada se ha puesto también en contacto con el sindicato UGT, que fue quien primero trató el caso.

El pasado mes de enero, también el presidente de la asociación E-Cristians (www.e-cristians.net) , Josep Miró, escribió al conseller de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, pidiéndole que actúe ante la denuncia laboral que presentó una camarera de un restaurante de Gerona.

El empresario le habría presionado para que abortase, si no quería quedarse en paro. La mujer no abortó y vio cómo no se le renovaba el contrato. Acudió al sindicato UGT, cuyos servicios jurídicos se pusieron en marcha por las posibles coacciones laborales del empresario.
 
Pero además de lo laboral, hay una dimensión de materia penal que debe ser abordada, según señala E-Cristians. "No sólo puede ser un caso de coacciones, sino que probablemente se trata también de un delito de incitación a delinquir, pedir a una mujer que aborte sin darse ninguno de los supuestos despenalizadores que recoge la ley", explica la petición de E-Cristians.
 
La ley española permite abortar dentro de unos plazos en los casos de violación, malformación del feto y sin límite de plazos si se alega "riesgo para la salud de la madre", que es el caso del 99% de los abortos (alegan "riesgo psíquico"). Evidentemente, en este caso, la única razón para eliminar el niño es que así le convenía a un empresario.
 
E-Cristians pide que actúe el conseller de Interior como responsable de la policía: "la existencia de una denuncia laboral por este motivo hace aún más necesaria la intervención policial dado que se trata de una materia penal".
 
Recientemente, un reportaje de la TV pública danesa emitido en varios países europeos mostraba cómo en una clínica barcelonesa se estarían efectuando abortos que no cumplían los requisitos de la ley, incluso de 8 meses de gestación. Anteriormente ya lo denunció el DAILY TELEGRAPH.
Una manifestación organizada por el Pacto por la Vida y la Dignidad reunió cerca de mil personas ante el Colegio de Médicos y la clínica Ginemedex (incluyendo la diputada Elena Ribera, de UDC, y la diputada Montserrat Nebrera, del PP) pidiendo el fin de la impunidad ante los abortos ilegales.
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