La educación concertada, en peligro

Una sentencia del Tribunal Supremo dando la razón de manera irrevocable a unos padres de una escuela concertada de Olot que se negaron a pagar las cuo…

Una sentencia del Tribunal Supremo dando la razón de manera irrevocable a unos padres de una escuela concertada de Olot que se negaron a pagar las cuotas por considerar que no podían ser obligatorias, pone en peligro el sistema de funcionamiento de la escuela concertada y facilita los ataques a la misma.
Los centros concertados solo podrían cobrar, al igual que los públicos, con carácter obligatorio aquellas actividades de naturaleza extraescolar, como por ejemplo, el comedor o la sexta hora de clase.
Hay que añadir que el centro denunciante giraba una cuota para la fundación que ha sido impugnada.

Los sindicatos de enseñanza pública ya han acusado a la concertada de utilizar de manera inadecuada los recursos públicos al no ser gratuita la enseñanza que imparte. Detrás de toda esta cuestión hay un marco legal que ha intentado casar unos principios, el de la gratuidad de la enseñanza y el derecho de los padres a elegir centro, con una inadecuada financiación de estas plazas en las escuelas concertadas.
 
Según los últimos datos disponibles del estudio en curso promovido por la Fundación para el Desarrollo Humano y Social (FundSocial), para el 2006 una plaza en un centro infantil tenía una financiación pública de 3779€, la de primaria de 3789€, la de ESO de primer ciclo de 3383€ y la de ESO de segundo ciclo de 4626€.
 
En contrapartida, los centros concertados solo recibían una financiación de 1106€ en la infantil, 1915€ en la primaria, 1952€ en el primer ciclo y 2670€ en el segundo ciclo de ESO. Las diferencias son, por consiguiente extraordinarias.
 
La cuestión es que si los centros públicos para funcionar tienen un coste por plaza como el indicado es incongruente pensar que los concertados con una financiación del Estado un 30 o un 40 por ciento inferior, puedan mantener abiertos los centros sin acudir a la aportación solidaria de los padres. Esto ayuda a entender también el por qué los centros concertados tienen un número mayor de alumnos por aula y una retribución de los profesores inferior al de la escuela pública.
Sin una modificación de las actuales coordenadas legales que garantice una financiación igual a la pública de los centros concertados, sin limitar el derecho a disponer de su propio ideario, la libertad de los padres para elegir centro continuará viéndose coartada y ahora amenazada.

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