La educación religiosa y moral de los hijos

La polémica generada por la incorporación al currículo educativo de la secundaria de una asignatura obligatoria como la Educación para la ciudadanía y…

La polémica generada por la incorporación al currículo educativo de la secundaria de una asignatura obligatoria como la Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, – que bajo una primera apariencia de título amable esconde la intención de adoctrinar a nuestra juventud, permitiendo eso sí una pluralidad de libros de texto de lo más variopinto, en muchos casos auténticos manuales de promoción del homosexualismo y de la ideología de género-, así como las famosas guías de salud editadas por la Generalitat de Catalunya, entre otros hechos recientes, ha despertado en varios ambientes la necesidad de desarrollar lo previsto en el artículo 27.3 de la Constitución española, cuando se establece que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones”, y en su caso regular el ejercicio de la objeción de conciencia a esos padres, frente a intromisiones ilegítimas de los poderes públicos.

Ciertamente se hace necesario reivindicar hoy que la formación religiosa y moral es un derecho de los padres. El Estado debe garantizarlo porque es un mandato constitucional, y además ha de promocionar el mencionado derecho con objeto de hacerlo real y efectivo.

La educación religiosa y moral corresponde en primer lugar a los padres, a la familia y no al Estado. La educación en valores, la capacidad de decidir según una conciencia moral autónoma y la construcción de maneras de entender la vida es primariamente un asunto de los padres, los cuales pueden delegar algunos aspectos en la escuela, pero nunca al revés. Podemos afirmar que rige aquí una auténtica subsidiariedad.

Si una asignatura vulnera el derecho de los padres a la formación moral de sus hijos (por ejemplo por medio del concepto de familia o matrimonio que se difunde), aquellos han de poder reaccionar, porque en otro caso se vulneraría el mencionado precepto constitucional, amén de la libertad de conciencia como fundamento de otros derechos.

Los padres tienen el derecho a transmitir a sus hijos una cosmovisión, un conjunto de valores y creencias, y no parece de recibo que la escuela se enfrente a ellos, en especial cuando haciendo uso de la libertad educativa llevan a sus hijos a una escuela privada, concertada o no, que ostenta un determinado ideario.

Por otro lado, la educación moral, en un sentido amplio, es transversal, como han destacado los expertos, y no puede reducirse a una asignatura. Ha de formar parte de todo el currículo. Esta es una de las críticas que también se han realizado a la asignatura de Educación para la ciudadanía.

Además, ésta choca frontalmente con la idea de que no hay un ideario en la escuela publica, y en lo referente a la escuela privada donde sí que lo hay, el Estado debería ser respetuoso y no imponer determinados contenidos contrarios al mismo, o a la voluntad de los padres.

En el fondo del problema nos encontramos con la voluntad del Estado para adoctrinar, propio de mentes progresistas que no toleran la discrepancia, las cuales se limitan a afirmar que la ley, en este caso educativa, está para cumplirse.

A quienes así piensan deberíamos recordarles que el Estado democrático no sólo no debe adoctrinar sino tampoco educar en contra de la voluntad de los ciudadanos, a no ser que caiga en una actitud totalitaria. Por eso es preciso articular de cara al futuro la objeción de conciencia por medio de una ley de desarrollo del art. 27.3 CE, para hacer frente a las actitudes intransigentes del estatismo en materia educativa.

Por otro lado, bajo el nombre de “educación para la ciudadanía” nada podría objetarse si se tratara de garantizar el conocimiento del texto constitucional y en especial de los derechos humanos reconocidos en el mismo y en los tratados internacionales ratificados por España.

El problema de fondo aquí es que no se trata de eso, sino de la voluntad de imponer concretas y específicas concepciones de la sociedad y del hombre, una determinada antropología, que se hace derivar formalmente de la Constitución por medio de desarrollos legislativos relativos a la ideológica de género, y al homosexualismo , que como es conocido son aspectos polémicos y de de dudosa constitucionalidad, aparte de contravenir la doctrina católica, que es la razón de ser de algunas escuelas privadas, y los principios morales de muchas familias.

Considero que no se puede imponer a todos una determinada concepción de la Constitución o de aquello que es presumiblemente constitucional, por la sencilla razón que la Constitución es un texto abierto y de ella no puede hacerse derivar una única doctrina.

Los valores democráticos de convivencia y respeto a los derechos fundamentales pueden verse afectados, y en concreto el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos, auténtico derecho fundamental ubicado en el art. 27.3 CE, protegido además por el recurso judicial preferente y sumario, y en su caso por medio del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Hoy en día hay que reivindicar con fuerza el derecho de los padres a ser los primeros educadores de sus hijos, dentro de una dimensión global del hecho educativo. La catástrofe del sistema educativo español nos da gran legitimidad moral para una argumentación de este tipo, a ver si así mejoramos un poco la penosa situación en la que nos encontramos.

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