La enseñanza, las religiones y la pobreza, principales lagunas del nuevo Estatuto catalán

La propuesta de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña es un largo texto en el que se habla de numerosos temas que previsiblemente serán regula…

Forum Libertas

La propuesta de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña es un largo texto en el que se habla de numerosos temas que previsiblemente serán regulados en el nuevo marco legal, una vez superado el necesario consenso que buscan en estos momentos las fuerzas políticas parlamentarias. El redactado provisional presenta, sin embargo, varias lagunas, omisiones y conceptos poco claros. La ley autonómica que se apruebe, si se mantuviese en los mismos términos, no representaría a todos los catalanes. Entre estas objeciones, destaca especialmente todo lo que se refiere a la enseñanza, al reconocimiento social y público de las confesiones religiosas y a una cuestión tan urgente como la erradicación de la pobreza.

 

El texto actual, en proceso de discusión, no incluye ni una sola referencia a la Iglesia católica presente en Cataluña, institución que representa, además, el sentimiento religioso mayoritario. Tampoco aparecen mencionadas las otras confesiones, lo cual rompe el principio constitucional (artículo 16.3) en el que se establece que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”. Esta frase está en la Carta Magna en perfecta compatibilidad con la anterior: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Por tanto, la aconfesionalidad es compatible con el reconocimiento de la pluralidad de creencias de los ciudadanos.

 

Por otro lado, la propuesta de nuevo Estatuto catalán menciona a los padres sólo en dos ocasiones, y no precisamente para reconocer su papel esencial en la educación de los hijos y en el ejercicio general de la patria potestad. Se incluye, eso sí, una observación formulada desde Convergència i Unió en que se les reconoce que tienen “prioritariamente el derecho” a elegir modelo educativo para sus hijos. Pero si el nuevo marco legal autonómico siguiese el espíritu constitucional, debería ser más claro en este punto, en sintonía con lo que dice el artículo 27.3 de la Carta Magna española: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. También es una referencia el 27.6, en el que “se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de crear centros docentes…”. Se trata, ni más ni menos, de aplicar –como en el resto de Europa- el principio de subsidiariedad, el que proclama que, allí donde pueda llegar la iniciativa social, no debe llegar la administración, que sólo es un organismo colaborador al servicio de los ciudadanos. Es curioso que este principio es aludido muchas veces por los responsables políticos catalanes en sus relaciones con el Estado español. Sin embargo, no sale de momento en el proyecto de nuevo Estatuto.

 

Siguiendo con el ámbito educativo, cabe subrayar que el redactado provisional del texto autonómico habla, como ya ha explicado otras veces ForumLibertas.com, de una “enseñanza pública y laica”. Este concepto diluye los centros concertados, de iniciativa social y con ideario propio, en una especie de ente educativo unificado y controlado por la administración. Además, si se mantuviese así el redactado, se liquidaría la libertad de los padres para elegir centro. En la enseñanza, como sucede en la Constitución, deberían estar contemplados explícitamente conceptos como aconfesionalidad, pluralidad y libertad. Convergència i Unió y el Partido Popular, que suman 61 de los 135 escaños del Parlamento catalán, ya han explicado a nuestro periódico que no aceptarán el término “escuela laica”, promovido en este caso por el tripartito que gobierna en la Generalitat (Partido Socialista, Esquerra Republicana e Iniciativa-Verds). La federación nacionalista presentó un texto alternativo en el que se sustituye la idea laicista por las frases “enseñanza en sus diversas modalidades” y “derecho a elegir el tipo de educación”.

 

Otro punto que divide a las fuerzas políticas y a la sociedad es el uso del término “servicio público” para definir todos los centros de enseñanza, tanto los de titularidad pública como los concertados sostenidos con fondos públicos. En términos administrativos, servicio público tiene, como concepto, un significado que se traduce en la consideración de que se presta a través de una concesión administrativa, lo cual se contradice con lo establecido en la Constitución, dentro de sus artículos 27.6 (el que reconoce “la libertad de creación de centros docentes”) y 27.9 (“los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca”).

 

Pobreza, familia y elección directa de diputados

 

Pero las lagunas del proyecto de nuevo Estatuto catalán van mucho más allá de la educación y el hecho religioso. Por ejemplo, no se contempla en ningún apartado la prioridad de erradicar la pobreza. No se habla de esta realidad como una vulneración de los derechos humanos y, por tanto, como motivo de políticas integrales por parte de todos los departamentos del Gobierno autonómico. La lucha contra la pobreza no es una cuestión de servicios sociales ni exclusivamente un problema de ingresos mínimos, sino sobre todo una cuestión de inserción social, cultural y política.

 

En cuanto a los derechos y deberes, el redactado actual no hace ninguna referencia al ejercicio de la libertad de conciencia y de religión en el ámbito público, como tampoco se habla de respetar las creencias religiosas, particularmente desde los poderes públicos y los medios de comunicación. Como dato significativo, cabe destacar que figuran 212 referencias a derechos y 38 a deberes. Por otro lado, en la página 12 del proyecto, se habla de “derecho de los menores”, pero no se reconoce explícitamente el derecho de todo niño a tener padre y madre, especialmente en el marco de la adopción entendida como un instrumento social para paliar esta carencia básica.

 

En cuanto a cuestiones relacionadas con la familia, se incluye el término “uniones estables de pareja y de convivencia”, pero esa necesaria regulación no se complementa con la presencia de términos como familia y matrimonio, entendido éste como la unión de un hombre y una mujer. Y finalmente, sobre la vida, el proyecto de Estatuto se refiere concretamente al “derecho a morir con dignidad”, pero de momento no se asume una observación planteada por los letrados de la Ponencia, y que dice así: “No se pueden tener en cuenta voluntades anticipadas que incorporen previsiones contrarias al ordenamiento jurídico”. Finalmente, en el apartado del “derecho de sufragio”, falta una referencia concreta al principio de elección directa de los diputados, que no es, por cierto, incompatible con la Constitución española.

 

En definitiva, el proyecto de nuevo Estatuto catalán está muy lejos todavía del consenso. Se habla mucho de asuntos como la agencia tributaria propia, la asunción de competencias en temas que hasta ahora no estaban delegadas o la reordenación territorial de Cataluña. Pero, como puede comprobarse con los ejemplos citados, hay otras muchas cuestiones más importantes que no están planteadas, de momento, en términos asumibles por todos los ciudadanos.

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