La estafa de la Ley de Dependencia

Al final el gobierno va a utilizar la crisis económica para justificarlo todo. Por ejemplo, el incumplimiento de la Ley de Dependencia. Nada más aleja…

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Al final el gobierno va a utilizar la crisis económica para justificarlo todo. Por ejemplo, el incumplimiento de la Ley de Dependencia. Nada más alejado de la verdad. La falta de dinero para aplicar esta ley, que se traduce en la lentitud de las visitas y sobre todo de las respuestas a las personas dependientes, tiene un origen que es muy anterior a la crisis. Es el de la propia ley.

En su momento, ForumLibertas ya se ocupó con detalle de este punto, utilizando los datos del análisis realizado por el Instituto de Estudios del Capital Social de la Universitat Abat Oliba-CEU.

Ya explicamos en el pasado reciente que la ley estaba brutalmente –sin exagerar- mal hecha. La brutalidad se manifestaba ya en la memoria que acompañaba el texto legal y que debía justificar los recursos económicos a aplicar. Lo tremendo del caso es que ni una sola de las fuerzas parlamentarias se rasgó las vestiduras por la incompetencia o el engaño con que se presentó la ley. Recordemos las tres razones de tal afirmación:

Primera. Una subvaloración del número de dependientes, y en especial los grandes dependientes, los de grado 3. La ley fue tan caótica que según la página de la memoria que se consulte tendremos un número u otro de grandes dependientes.

Así en la pág. 10 se establecía que en el 2005 había 1,1 millones de dependientes, de los que 565.000 eran de grado 2 y 3. Pues bien, en la página 4 de la memoria del impacto de la ley en razón del género se establecía que ya en 1999 habían casi un millón y medio de dependientes totales, es decir 350.000 más de los que antes se había dicho que habrían 6 años después. De estos, 842.000 serían de grado 2 y 3. Por consiguiente una diferencia de 300.000.

Es necesario precisar que, por el envejecimiento de la población, a más años más dependientes. Como las previsiones se efectuaron sobre las cifras más bajas ya se puede ver el margen de error que se incorporaba, superior al 25%

Segunda. También se subvaloró el coste de las prestaciones, el coste por plaza en residencia asistida, centro de día, del cuidador profesional, y en definitiva de todos aquellos servicios que además poseen precios públicos. Es decir, datos conocidos para cada comunidad autónoma y que el gobierno con facilidad podía haber promediado. No hizo nada de esto y simplemente estableció unos valores muy por debajo de la realidad.

Si hay error en el número de persona a asistir y en el coste unitario de la asistencia, el resultado final infravalora de una manera nada presentable los recursos necesarios.

Tercera. Como se apuntó también, ni la memoria ni la ley tenían en cuenta ningún tipo de previsión para la prestación de los ingentes servicios que se derivaban de la nueva normativa. El déficit en centros residenciales de día o a tiempo completo era y sigue siendo inmenso, y eso no se resolvía con gasto sino que era necesaria la inversión. Algo que no se contemplaba prácticamente para nada.

El resultado de esto es un desastre. De momento en España ya hay del orden de 600.000 solicitudes, siguen creciendo y ya ha rebasado la cifra de lo que se estimaba como dependientes de grado 2 y 3.

Como no hay dinero lo que hacen las autonomías es muy sencillo: retrasan la culminación del expediente, de manera que puedan tardar uno, dos o más años en pagar. Es el sistema que utiliza la administración cuando no carece de suficiente financiación, retrasar al máximo su pago, empujando la pelota hacia delante. Pero como además cada año que pasa hay más dependientes, el déficit crece.

Algunas autonomías como Cataluña ya han manifestado su intención de suspender la aplicación de la ley. En la práctica eso se traduciría en dejar fuera a los que tienen dependencia severa y moderada, centrándose solo en los grandes dependientes. Pero mucho nos tememos que ni aun así, a pesar de esta reducción radical del ámbito de aplicación de la ley, la cosa se resuelva bien.

El coste real de asistencia de un gran dependiente puede situarse, aunque varíe según la autonomía, entre los 2.000 y 2.500 euros mensuales. Es difícil que la asistencia pueda acercarse ni de lejos a esta cifra. Será una ayuda, pero para nada el anunciado cuarto pilar. Para los que cobren será una prestación social mejorada. Para esto no hacia falta una ley y menos todavía tanto discurso.

Cuando Zapatero presentó la iniciativa, se llenó la boca de hablar del cuarto pilar, del sistema de bienestar social, sanidad y escuela pública gratuita, y seguridad social a los que ahora se añadiría la dependencia. El cuarto pilar ha quedado reducido a un simple taburete y además con solo dos patas. Quien quiera sentarse en él ha de aportar sus propias piernas para no perder el equilibrio. Este presidente es el rey de los globos pinchados. 

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