La futura ley de matrimonios homosexuales puede chocar con una iniciativa popular

Tal como era de esperar, el Congreso de los Diputados aprobó este martes, 29 de junio, la proposición no de ley en la que se insta al Gobierno español…

Forum Libertas

Tal como era de esperar, el Congreso de los Diputados aprobó este martes, 29 de junio, la proposición no de ley en la que se insta al Gobierno español a legalizar los matrimonios gays. La iniciativa propuesta por el PSOE, que se votó alrededor de la una de la madrugada, contó con los votos a favor del grupo socialista, del Partido Nacionalista Vasco y de Coalición Canaria. Todo el grupo popular votó en contra y, de Convergència i Unió, votaron a favor los convergentes, mientras que 2 diputados de Unió votaron en contra y 1 se abstuvo. De esta manera, la posibilidad de que las parejas homosexuales puedan contraer matrimonio podría convertirse en un hecho, según el ministro de Justicia, a partir de 2005.

 

La aprobación de iniciar un proceso de legalización de los matrimonios entre homosexuales y lesbianas ha tenido una respuesta por parte de diferentes asociaciones y entidades cívicas. Sin embargo, el primer político que se ha pronunciado en el sentido de someter a referéndum el contenido de la futura ley ha sido el líder del grupo parlamentario de CiU en el Congreso, Josep Antoni Durán y Lleida, que ya hacía una referencia a esta cuestión en sus Reflexiones sobre el matrimonio de homosexuales, tal como indicábamos en nuestro artículo de ayer sobre el mismo tema. Parece evidente que una cuestión que altera el fundamento de la sociedad en la forma que lo hace la proposición no de ley, presentada por el grupo socialista y que ha sido aprobada en Consejo de Ministros, permitiendo el matrimonio homosexual, debería ser sometido a referéndum. Las repercusiones de la decisión del Consejo de Ministros, al dar luz verde a la futura ley, van a incidir negativamente en la institución de la familia y del matrimonio, así como en el futuro de muchos niños adoptados. Y así lo ha entendido el líder de Unió Democràtica de Catalunya.

 

Por otra parte, una Iniciativa Legislativa Popular, presentada por el Foro Español de la Familia (FEF) en el Congreso de los Diputados el día anterior a la votación, el lunes 28 de junio, podría alterar el lógico proceso para que la ley sea una realidad. La iniciativa popular, en la que el FEF representa a la Comisión Promotora que agrupa a diversas entidades cívicas, pretende modificar 2 artículos del Código Civil de manera que se puedan “salvaguardar los derechos del matrimonio, la familia y los niños en relación con otro tipo de uniones”. Una vez admitida a trámite, la Comisión Promotora iniciaría la recogida de las 500 mil firmas necesarias para que el Proyecto de Ley se debata y se vote en las Cortes.

 

Doble interpretación

 

La efectividad de la Iniciativa Legislativa Popular, para evitar que la futura ley que autoriza los matrimonios gays pueda entrar en vigor, depende de la interpretación que se dé legalmente a la presentación de la misma. Si se interpreta que es válida desde el momento en que se presentó la inciativa al Congreso, por tanto, un día antes de la aprobación por parte de los diputados de la inciativa socialista, instando al matrimonio homosexual, la ley no podría entrar en vigor hasta que la inciativa popular y la consiguiente recogida de firmas finalizara en los plazos que la ley establece. Por consiguiente, la modificacion del Codigo Civil no podria llevarse a cabo antes de fin de año, como pretende el Gobierno. Por el contrario, si la validez de la iniciativa popular cuenta a partir de su aprobación por la Junta Electoral Central, es decir, posteriormente a la aprobación de la proposición no de ley en el Congreso este martes, entonces esta iniciativa popular no tendría ninguna fuerza legal para frenar la ley que permite los matrimonios gays.

 

Según el FEF, si su propuesta cumple los requisitos y se admite a trámite, será publicada en el BOE y se iniciaría la recogida de firmas en el plazo de 6 meses previstos por la ley. Conscientes de la posibilidad de que la iniciativa no consiga el objetivo de frenar la ley, desde el FEF consideran que hay varios aspectos positivos a tener en cuenta. Por una parte, todo lo que suponga ganar tiempo para hacer efectiva la ley vale la pena. Es importante también valorar el impacto que su propuesta pueda causar en la opinión pública, haciendo más presente el debate. Otro aspecto positivo es la capacidad de movilización que esta iniciativa pueda generar de aquí a final de año, dejando constancia de que hay otras posturas además de la oficial y de las llamadas “progresistas”. Por último, también valdría la pena por el mero hecho de poder conseguir suavizar los términos de la ley, si finalmente se aprueba. En definitiva, el FEF opina que su propuesta supondría un mayor respaldo jurídico a la familia y ayudaría a salvaguardar los perfiles del matrimonio sin mezclas ni confusiones con otras formas de convivencia entre adultos. No existe ninguna animadversión contra otras formas de convivencia, ni se discrimina a nadie con la propuesta, sino que busca que el nuevo pluralismo social se potencie sin ir en detrimento de lo ya demostrado como justo y eficaz.

 

Antesala de la adopción

 

La legalización de los matrimonios entre homosexuales no deja de ser, asimismo, un primer paso hacia otro atentado contra la familia, el matrimonio y los niños: las adopciones por parte de parejas de homosexuales y lesbianas. De hecho, la iniciativa popular, además de pretender que se especifique expresamente que “un hombre y una mujer tienen derecho a contraer matrimonio el uno con la otra conforme a las disposiciones del Código Civil”, es decir, en cuanto a dos seres humanos de sexo distinto, también “procura el reforzamiento legal de la capacidad para adoptar atendiendo a los intereses del adoptado. La adopción está diseñada para ofrecer a un menor la protección que necesita y no para dar un hijo a uno o más adultos: “fuera de la adopción por el marido y la mujer, nadie puede ser adoptado por más de una persona”.

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