La Generalitat formula por escrito juicios contrarios a la Constitución y a los tratados

La Generalitat de Cataluña acaba de expresar por escrito unos planteamientos radicalmente contrarios a la Constitución Española y también a tratados i…

La Generalitat de Cataluña acaba de expresar por escrito unos planteamientos radicalmente contrarios a la Constitución Española y también a tratados internacionales como la Constitución Europea o los Acuerdos de 1979 entre la Iglesia y el Estado español. Lo ha hecho a través de una carta del primer consejero, Josep Bargalló, con la que responde a la protesta formulada por Albert G. Fortuny, un ciudadano que se quejaba por las intenciones laicistas del Gobierno en la cuestión de la asignatura de religión. Como ya adelantó recientemente ForumLibertas.com, el ejecutivo de Pasqual Maragall acordó hace unos meses, en una reunión del Consell Executiu y sin hacerlo público, suprimir la asignatura de religión confesional e instaurar una materia no confesional igual para todos, tanto en centros públicos como en concertados. Bargalló, en esta misiva, se ratifica en la decisión de su Gobierno: “El Gobierno de la Generalitat debe situar la enseñanza de la religión en el ámbito familiar y de la comunidad religiosa, ofreciendo la cultura religiosa en las etapas de educación obligatoria”.

 

El número dos de Maragall explica, en la misma línea, que “el laicismo es un principio básico, con la democracia política y la justicia social, para garantizar la tolerancia, el diálogo y el intercambio de ideas”. Y como conclusión, asegura que “suprimir la asignatura de religión confesional de los planes de estudio no significa proscribir  (prohibir) la enseñanza de la religión”. Y para tumbar definitivamente el principio de oferta obligatoria para los centros y elección voluntaria, aplicable a la asignatura de religión confesional, Bargalló dice que “nada impide a los alumnos que lo deseen recibir esta formación en los centros escolares que opten voluntariamente para ofrecer esta posibilidad fuera del horario escolar, como sucede con otras actividades opcionales”.

 

En su carta, Albert G. Fortuny pide a la Generalitat que tenga en cuenta, para su política educativa y entre otros fundamentos, el artículo 27.3 de la Constitución Española, al artículo 2 del Acuerdo de la Santa Sede con el Estado español, el artículo II-74 del Tratado Constitucional europeo, y el punto 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el artículo 27.3 de la Carta Magna, se dice textualmente que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. En la misma línea se pronuncia la Constitución europea: “Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulan su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”.

 

Mezclar creencia e ideología

 

Tras asumir implícitamente los fragmentos legales y reproducirlos en los términos referidos a la materia que motivó la protesta ciudadana, Josep Bargalló inicia su argumentación afirmando que “el laicismo y la igualdad son los pilares de la política educativa del Gobierno de la Generalitat”, y añade que “estos valores no contradicen ningún precepto ni ningún artículo de los Tratados internacionales, convenios o la Constitución Europea”. También le recuerda el artículo 16.3 de la propia Carta Magna española: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”. Para el primer consejero del ejecutivo catalán, esta frase significa que “el Estado no debería promover activamente ninguna forma de creencia o ideología concreta”.

 

Los comentarios del número dos de Pasqual Maragall se desacreditan por sí mismos. Es la primera vez, en la vigente democracia española, que un Gobierno autonómico formula por escrito juicios contrarios a la interpretación de la Constitución Europea y de los tratados internacionales. Lo hace, además, sin ningún fundamento, dejando caer afirmaciones que no se corresponden ni siquiera con el fragmento del artículo 16 de la Carga Magna que la Generalitat pretende utilizar como argumento para rebatir la queja de este ciudadano.

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