La Generalitat no investiga a fondo posibles delitos de aborto

La Generalitat de Cataluña realizó el miércoles 13 de octubre una inspección a la clínica barcelonesa Ginemédex sin investigar a fondo la existencia d…

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La Generalitat de Cataluña realizó el miércoles 13 de octubre una inspección a la clínica barcelonesa Ginemédex sin investigar a fondo la existencia de posibles delitos de aborto en sus asistencias médicas a embarazadas, una posibilidad que contemplaba el domingo 10 de octubre la publicación SUNDAY TELEGRAPH en un reportaje basado en datos aportados por el propio centro. El Departamento de Salud del Gobierno catalán se limitó a mirar los registros y a ver lo que la clínica dice por escrito, un hecho que abre interrogantes: ¿Por qué no investiga si son falsas las urgencias ginecológicas a las que aludía un responsable de Ginemédex en su conversación con dos periodistas británicos? ¿Cómo es posible que una persona que viaja desde Inglaterra o Francia hasta Barcelona lo haga por una “urgencia ginecológica”? ¿Es normal que alguien, cuando tiene una emergencia sanitaria, vaya a un centro donde va a pagar una importante cantidad de dinero? ¿Por qué la Generalitat ha tardado sólo 24 horas en completar su inspección y concluir que lo que hace la clínica es legal?

 

Según explicó la revista británica dominical a partir del trabajo de dos reporteros que se hicieron pasar por una pareja que quería abortar a las 26 semanas de embarazo, el centro les ofreció deshacerse del hijo que esperaban sin ninguna condición, lo que supone una clara violación de la ley del aborto vigente en España desde 1985. Siempre bajo dirección médica y en un centro sanitario autorizado, la normativa despenaliza el aborto dentro de las primeras 22 semanas de gestación en los supuestos de violación y malformaciones del feto, así como sin límite en caso de riesgo para la salud de la mujer. “Si usted tiene un embarazo normal y quiere abortar, lo que ponemos en el papel es que había una urgencia ginecológica”, dijo un responsable de la clínica a los periodistas británicos que investigaron.

 

De hecho, las denuncias sobre fraude de ley en este tema no son nuevas. Ahora ha sido SUNDAY TELEGRAPH, pero en el año 2003 fue la revista ÉPOCA la que ofreció datos sobre presuntas prácticas delictivas tanto en Ginemédex como en otras clínicas. Por su parte, las organizaciones pro vida llevan años denunciando prácticas de aborto que exceden los límites legales establecidos, igual que las 84 entidades que impulsaron y firmaron también en 2003, con el apoyo de 14.000 firmas de ciudadanos catalanes, el Pacto por la Vida y la Dignidad, cuyo punto 7 dice textualmente esto: La legislación vigente sobre el aborto se incumple de manera pública y sistemática. Se incumple tanto en cuanto a los plazos establecidos como en cuanto a la aplicación de los supuestos de despenalización. Existe un escandaloso fraude de ley por parte de muchas clínicas privadas que han convertido el aborto en un negocio, lo cual ha sido denunciado en términos bien concretos por los medios de comunicación. Exigimos el control por parte del Departamento de Sanidad de la Generalitat de Cataluña y de los fiscales para que se cumpla lo que establece el Código penal. También exigimos, vista la práctica generalizada en los centros privados, la constitución de una intervención pública sobre estos centros para garantizar el cumplimiento de la ley”.

 

El aborto, aunque esté despenalizado en España en algunos supuestos, es un delito contemplado por el Código Penal. Por tanto, nunca puede ser considerado algo normal como pretenden hacer creer a la sociedad española algunos políticos y médicos partidarios de su legalización. La práctica del aborto fuera del marco legal se produce, sencillamente, porque no hay control. En realidad, es la propia clínica autorizada la que se autocontrola para argumentar lo que hace. Por ejemplo, cuando se trata de reflejar la existencia de riesgos para la salud física o psíquica de la madre (el 97 por ciento de los abortos en España son justificados por este motivo), el centro recurre a un médico suyo para que firme el informe correspondiente. ¿No sería más lógico que fuese un profesional independiente quien avalase la legalidad de un aborto? La Generalitat, con esta inspección “light” y rápida, demuestra que no quiere investigar la existencia de delito. Y si piensa que puede encontrarlo, así nunca lo conseguirá.

 

E-Cristians estudia presentar denuncia

 

Los últimos hechos conocidos a través de SUNDAY TELEGRAPH pueden tener pronto sus primeras repercusiones judiciales. El secretariado de la asociación E-Cristians estudiará, en su reunión del próximo lunes 18 de octubre, el contenido de una denuncia contra la clínica Ginemédex, así como la posibilidad de extenderla a la Generalitat. En colaboración con la Asociación de Juristas Cristianos, la entidad trabaja sobre la base de que el centro médico ha incurrido en fraude de ley y valora la posibilidad de trasladar a la Fiscalía que la acción del Gobierno catalán contendría, por acción u omisión, elementos delictivos.

 

E-Cristians fue precisamente una de las organizaciones impulsoras del Pacto por la Vida y la Dignidad, un texto propositivo dirigido a las administraciones y apoyado por 14.000 firmas de ciudadanos catalanes. A pesar de ello, ni el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, ni nadie de su gabinete quisieron recibir a una representación de esta iniciativa cívica cuando sus responsables pidieron, durante varios meses y con sucesivos intentos por carta, llevar las adhesiones a la sede gubernamental catalana. Ante esta negativa, cientos de ciudadanos se concentraron delante del Palau de la Generalitat para exhibir la fuerza y el apoyo de este movimiento.

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