La Generalitat sigue trabajando para materializar la supresión de la clase de religión confesional

Reunir a expertos e intentar ‘vender el producto’ a los obispos son los principales ejes de la acción que lleva a cabo la Generalitat, en las últimas …

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Reunir a expertos e intentar ‘vender el producto’ a los obispos son los principales ejes de la acción que lleva a cabo la Generalitat, en las últimas semanas, para aplicar próximamente la decisión que tomó hace varios meses en materia educativa, un acuerdo del Consejo Ejecutivo que no se hizo público y que consiste en liquidar la asignatura de religión confesional para implantar una materia única de cultura religiosa igual para todo el mundo, tanto centros públicos como concertados y privados. Hace unos 15 días, mientras una delegación de la Conferencia Episcopal Española, encabezada por los obispos Antonio Cañizares y Antonio Dorado, se reunía con el Gobierno español, la directora general de Asuntos Religiosos del ejecutivo catalán, Montserrat Coll, coordinaba unas jornadas de trabajo con expertos de varios países. La música de fondo de esas sesiones fue intentar transmitir la idea de que la opción elegida por la propia Generalitat, suprimir la clase de religión católica, es la mejor.

 

El seminario reunió a especialistas en educación entre los que se encontraban profesores de religión y representantes de centros católicos catalanes. Estaban invitados los obispos de la Tarraconense, pero no asistió nadie enviado por los titulares de las diócesis. Los participantes se creyeron la idea que quiso trasladarles la Generalitat: que la solución al problema de la materia religiosa pasa por concentrarla en una asignatura única, no confesional y obligatoria para todos. Según la Dirección General de Asuntos Religiosos, se trata de reflejar mejor el mosaico cada vez más variado de tradiciones y creencias religiosas presentes en Cataluña. Al final, el Gobierno catalán cumplió su objetivo y las jornadas finalizaron con una conclusión en esta línea. En su discurso de clausura, el consejero primero, Josep Bargalló, defendió la decisión de la Generalitat asegurando que la medida “es tan firme aquí como en otros lugares, como el Québec”.

 

Por su parte, el representante de un centro católico explicó que estas escuelas con ideario propio están impartiendo ya, de hecho, la asignatura de cultura religiosa no confesional. “Queremos que lo que estamos haciendo en nuestros colegios sea legal”, comentó. Durante el seminario, los participantes escucharon intervenciones que se referían a países como Suecia, el cantón suizo de Neuchatel, el land alemán de Brandenburgo (donde se arrastraba una herencia de laicismo en las escuelas) o la región canadiense de Ontario, lugares donde supuestamente se ha eliminado la religión confesional para implantar la clase religiosa única para todos. Ofrecían argumentos históricos o sociales, como los movimientos migratorios, para justificar la liquidación de la libertad de los padres para elegir modelo educativo para sus hijos de acuerdo con las propias convicciones.

 

Libertad y asignatura voluntaria con alternativa

 

En los últimos contactos institucionales de la Generalitat con algunos obispos catalanes, tanto Bargalló como la directora general de Asuntos Religiosos han ido introduciendo la decisión tomada como la única solución posible “en una sociedad multicultural y multirreligiosa” donde supuestamente sería imposible cumplir el mandato constitucional (artículo 27.3) sobre la libertad educativa reconocida a los padres. “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, dice la Carta Magna. Por tanto, como ya ha dicho en otras ocasiones nuestro periódico, la medida aprobada por el Gobierno catalán es anticonstitucional, además de estar en clara contradicción con el Concordato entre España y la Santa Sede firmado en 1979.

 

La existencia de una materia religiosa confesional responde precisamente a ese derecho de los padres, no a ningún privilegio de la Iglesia católica. Aunque importantes dirigentes políticos españoles han intentado difundir últimamente la idea de que la religión confesional como asignatura implica una obligatoriedad, lo que los centros cristianos y las asociaciones de padres católicos han propuesto es simplemente que la clase confesional sea de oferta obligatoria para los centros, optativa para los alumnos, evaluable y computable y, sobre todo, con una alternativa digna. Y esto, tanto con la reforma educativa del Gobierno español como con la decisión tomada por la Generalitat, no se cumple.

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