La gran crisis de la deuda pública: ¿realmente no existe solución?

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La situación a día de hoy está cerca del límite, no puede ser más dramática. Los cambios operados en Italia no sirvieron para evitar que el diferencial con el bono alemán de la deuda italiana se disparara y la española siguiera en este camino hacía ninguna parte, las bolsas volvieron a caer, y sobre Grecia el menor de los grandes problemas era que seguía sobrevolando la incertidumbre.

En esta situación, ¿existe alguna respuesta que permita emerger y cambiar el signo de la tendencia que nos hace bordear peligrosamente la zona de catástrofe? Creo que si, examinemos el caso más extremo, la deuda pública italiana. Mucho mayor que la española, representa del orden de 30.000 euros por persona y año. Es una cifra abrumadora, pero evidentemente resulta mucho menor si consideramos que para funcionar correctamente no es necesario, ni mucho menos, que descienda a cero. Situándose en el 60%, que es una cifra que se encuentra plenamente dentro de los criterios de Maastricht, resultaría más que suficiente. Ello significaría que la carga real que cada italiano soporta es de unos 13.000 euros.

Bien, distribuyamos esta deuda en cinco años, es decir, supongamos que cada italiano puede afrontar aquella cifra en un periodo voluntario que puede llegar al máximo de los años indicados. Esto equivaldría a una carga anual de 2.500 euros por italiano, sería el valor medio, o sea menos de 200 euros al mes. Si distribuyéramos esta carga de acuerdo con los ingresos reales, procedentes tanto del capital como del trabajo, e hiciéramos una escala en la que el ingreso medio pagara de acuerdo con esta proporción y por debajo de ella fuera disminuyendo de manera que los últimos niveles de ingresos no pagarían nada o sería una aportación simbólica, mientras que los del margen superior verían multiplicada la cifra a aportar, constataríamos que el esfuerzo que debe hacerse sería plenamente asumible. Continuaría siendo un esfuerzo, pero no representaría ningún desastre para la mayoría de las personas, y tendría una correspondencia clara, la posibilidad de salir razonablemente bien de la crisis de la deuda que ahoga, en buena medida, todos los demás aspectos.

Si esta aportación, además, no fuera de tipo fiscal, sino que siendo obligatoria el Estado se comprometiera a devolverla, a partir de, digamos, los dos años, pagando los intereses correspondientes al aumento del coste de la vida, más una módica cifra del 0’25%, las personas, todas, habrían hecho un ahorro forzado, rentable, seguro, y el Estado habría conseguido una financiación extraordinariamente económica para resolver todas sus urgencias.

En el caso de España esto todavía sería mucho más fácil porqué la deuda pública española es significativamente menor que la italiana, y, por lo tanto, la cuantía a pagar también lo sería. Un punto importante para la justicia redistributiva seria el cálculo de los ingresos, que no podría basarse en el IRPF sino en este nuevo legado que contemplara al mismo nivel tanto los ingresos procedentes de las rentas del trabajo como las del capital. Todo el mundo contribuiría, pero lo haría de acuerdo con sus capacidades reales y para empezar a sacar la cabeza de una situación que nos puede hundir hasta estados realmente dramáticos.

Josep Miró i Ardèvol, presidente de E-Cristians y miembro del Consejo Pontificio para los Laicos

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