La Iglesia defiende el derecho a la vida en el II Congreso Mundial contra la Pena de Muerte

Del 6 al 8 de octubre se ha celebrado en Montreal el II Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, un gran encuentro en el que una de las principales …

Del 6 al 8 de octubre se ha celebrado en Montreal el II Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, un gran encuentro en el que una de las principales reivindicaciones ha sido la de instar a diversos países a ratificar el Protocolo Nº 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que prohíbe la pena de muerte. En el evento, que pretende también sensibilizar a la opinión pública internacional sobre este tema, representantes de la Iglesia católica han defendido el derecho a la vida “desde sus inicios hasta su ocaso natural”.

Los representantes oficiales de la Iglesia en el Congreso Mundial contra la Pena de Muerte han sido monseñor Roger Ébacher, arzobispo de Gatineau-Hull y miembro de la Comisión de Asuntos Sociales de la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá, que ha representado a los obispos canadienses, y monseñor Alan McCormack, P.H., vicario judicial del Tribunal de apelo de esa Conferencia Episcopal, que ha sido designado como delegado oficial de la Santa Sede.

El Primer Congreso Mundial contra la Pena de Muerte se realizó en Estrasburgo en junio de 2001 y promovió, entre otras cosas, la creación del Día Mundial contra la Pena de Muerte, celebrado por primera vez el 10 de octubre de 2003. Actualmente, más de 70 países en el mundo siguen aplicando la pena capital y China es el que la aplica con más frecuencia. Desde 2001, tan sólo dos países, Chile y Turkía, han abolido esta práctica, mientras Líbano y Chad la restablecían en el 2003.

Peticiones a la ONU

Por otra parte, en relación también con los derechos humanos, la Iglesia ha remarcado la necesidad de fortalecer a la ONU, pero al mismo tiempo también ha pedido que esta institución sea más eficiente en todo lo concerniente a los valores fundamentales del ser humano. El arzobispo Celestino Migliore, observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, durante el reciente debate en la Sesión Plenaria de Naciones Unidas sobre el tema “Revitalización de la Tarea de la Asamblea General”, ha afirmado que “las Naciones Unidas son una comunidad de Estados que comparten una serie de valores fundamentales, como subraya la Declaración del Milenio: libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto de la naturaleza y división de responsabilidades”.

Al mismo tiempo, el también observador permanente de la Santa Sede en la ONU, monseñor Silvano M. Tomasi, que intervenía en la 55 sesión del Comité Ejecutivo del Programa de Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) para defender los derechos de los refugiados, concluía su intervención afirmando que “Los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario obligan a los gobiernos a ocuparse de la seguridad y el bienestar de los que se encuentran bajo su jurisdicción. En particular, todo ciudadano tiene derecho a la protección por parte de su país. Si, por el contrario, un Estado no asume o no puede asumir esta responsabilidad y los derechos humanos de una población siguen siendo pisoteados, la comunidad internacional puede y debe manifestar su interés, intervenir y hacerse cargo de esta obligación”.

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