La Iglesia tiene derecho

El acto “Por la familia cristiana” que organizó el pasado 30 de diciembre el arzobispado de Madrid puede calificarse de éxito. Aunque el número de asi…

El acto “Por la familia cristiana” que organizó el pasado 30 de diciembre el arzobispado de Madrid puede calificarse de éxito. Aunque el número de asistentes –centenares de miles– no llegaran al millón y medio de personas, debe recordarse que los eventos de este tipo no se miden únicamente por las cifras más o menos multitudinarias, sino también por los contenidos y las reacciones que suscitan.

Así, José Blanco dijo que se trató de “un acto del Partido Popular presidido por unos cardenales”, a los que pidió que “si quieren hacer política están en su derecho de hacerla, pero lo que tienen que hacer es presentarse a las elecciones”. El dirigente socialista acusó a la jerarquía eclesiástica de “querer hacer una intromisión directa en la campaña electoral”. Blanco sentenció que “hay muchos cristianos, yo mismo lo soy, a los que con esta jerarquía eclesiástica nos da ganas de borrarnos”.

Por su parte, Fernández Bermejo arguyó que las críticas de los obispos fueron “un duro ataque al sistema democrático”. Pero el ministro de justicia olvida que cualquier miembro del PSOE o de los otros partidos podía acudir a la concentración. Casi ningún primer espada del PP asistió. Si Blanco y él creen que fue un acto partidista, lo mismo podría pensarse de sus declaraciones, destinadas a animar la bolsa de votantes anticlericales.

Como toda organización o asociación, la Iglesia Católica puede expresar libre y pacíficamente sus opiniones. Gustarán o disgustarán, pero el derecho existe y la Iglesia está legitimada para ejercerlo. Algo falla en nuestro sistema cuando un ministro lo cuestiona porque le irrita quien lo ejerce.

Con ello ignora el sentido profundo de esta libertad, que consiste en expresar las ideas propias, incluso aquellas que se “oponen, hieren o molestan al Estado o cualquier parte del pueblo”. (Sentencia Handsyde v. United Kingdom, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 7 de diciembre de 1976).

La libertad de expresión exige tolerancia y espíritu de apertura. Pero eso es algo que escasea en algunos representantes de nuestra clase política, la cual debería ser la primera en dar ejemplo. Recordar lo obvio, que la familia es el núcleo natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a ser protegida por la legislación, no debería escocer a nadie con un mínimo de sentido común.

Hay que decirle a Zapatero –y a Rajoy si es que llega a gobernar–, que el cheque-bebé o el permiso de paternidad no es verdadera política de familia. Son meros parches. La institución familiar sigue estando ahogada por leyes laicistas, y su estatus se agrava cuando se palpa el fracaso de la política de vivienda o la pérdida de poder adquisitivo.

No extraña que con la crisis económica del año que empieza –y que seguirá en 2009–, las palabras que pronunció en el acto de Madrid Andrea Riccardi, de la Comunidad Sant’Egidio, cobren más fuerza que nunca: “en un mundo donde todo se compra y se vende, la familia es el espacio de la gratuidad. […] El mundo necesita más familia porque necesita gratuidad”.

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