La justicia debe ser ética para ser justicia: lo que va de Francisco Montes a Baltasar Garzón

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¿Y quién es Francisco Montes? Pues es un hombre que lleva 35 años preso sin haber cometido ningún delito de sangre, y que ahora en la última vista el Tribunal Supremo ha decidido aplazar su decisión sobre la excarcelación del preso más antiguo de España, pidiendo a la Audiencia de Granada que informe con claridad de su compleja situación penitenciaria.

Las desgracias de Francisco Montes empezaron cuando tenía16 años y fue acusado de robar un paquete de tabaco en un estanco. Su padre, policía, consideró que su hijo debía de pagar y a partir de ahí empezó una carrera de entradas y salidas de la cárcel. Se han acumulado delitos distintos, siempre menores, fugas, siempre fáciles de resolver pero fugas a fin de cuentas. Y la suma de todo esto le ha llevado a la situación actual. Tres decenios y un lustro en la cárcel. Seguramente, la aritmética de la Justicia puede justificar todo esto, el problema es que lo que menos es es justicia, lo que menos debería ser es una aritmética.

Ante todo la Justicia ha de ser ética, y ha de existir una proporcionalidad real, no numérica, entre la pena cometida y los años de prisión. Mientras que homicidas confesos se libran con diez o doce años de cárcel; mientras que los gobiernos de turno se dedican a indultar delincuentes económicos con muchos años de cárcel en la mochila, este buen hombre está en la prisión olvidado de casi todos. No de su abogado, no de su hermana, no de su familia, pero sí de los partidos políticos, de la fiscalía, de la sociedad mediática.

Hay ahí una grave injusticia que debe ser corregida, y la forma más rápida de hacerlo es el indulto. El Gobierno de Rodríguez Zapatero tiene el deber moral de poner fin a este esándalo de la justicia española.

En la cara contraria de la moneda se encuentra Baltasar Garzón, que se empeña en justificar las grabaciones de las entrevistas de los abogados defensores con sus clientes en nombre de que la investigación debía realizarse con independencia de si la persona era un abogado o no, por el supremo interés de la justicia. He ahí una tesis bien hegeliana, más bien de corte propio de los Roberspierres de la Revolución Francesa, donde todo estaba justificado en nombre del más alto interés del Estado. Si la tesis de Garzón fuera legítima, la más absoluta indefensión quedaría registrada en el derecho español, porque a partir de aquella premisa toda actuación para indagar si se ha cometido o no un delito podrían ser posibles, sin ningún tipo de respeto a las garantías procesales.

Estamos ante otra concepción de la Justicia que también está alejada de la ética. La idea de Garzón sobre ella es, además, terriblemente peligrosa para un estado de derecho.

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