La Justicia, la ley y el Juez Garzón

La condena al Juez Garzón ha abierto un frente de valoraciones encendidas entre seguidores y detractores. En el primer grupo, predomina el esti…

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La condena al Juez Garzón ha abierto un frente de valoraciones encendidas entre seguidores y detractores. En el primer grupo, predomina el estilo lapidario sobre la injusticia que denuncian. Es lógico que no abunden más en los motivos de su insatisfacción porque su postura no resiste el más mínimo contraste con la sentencia. Alguno (eurodiputado) ha presumido incluso de que no necesita leerla para confirmar la iniquidad que de ella rezuma. Es así, al calor de intereses partidistas incendiarios, como se fomentan ideas equivocadas sobre la Administración de Justicia, sin importarles el daño que infligen a las Instituciones, incluyendo aquellas de las que ellos mismos forman parte.

Al margen de tan excepcionales voluntarismos, en gentes aparentemente formadas, es bastante generalizado el desconocimiento de la sociedad sobre lo que resulta exigible y cabe esperar de la “administración de justicia”. Lo cual viene secundado, cuando no directamente provocado, por la prensa panfletaria. Es un error creer que jueces y tribunales pueden “administrar Justicia” de tal suerte que, quien haya cometido un acto delictivo, o de otro modo sancionable, sufra en todo caso la sanción prevista por la ley. Para que esto sea así -y con mayor motivo si cabe en el proceso penal-, es preciso que la Justicia deseada sea posible obtenerla e impartirla conforme a la Constitución y las leyes. Ello supone, como no podría ser de otro modo, por imperativo de la seguridad jurídica (que es también valor constitucionalmente reconocido), que los hechos denunciados se prueben por los medios y en la forma admitidos en Derecho. La mera sospecha, o incluso los indicios de que alguien ha cometido un delito, no justifican la adopción de procedimientos de averiguación que conculquen los derechos constitucionales del procesado. Es también de manual que la figura del juez inquisidor no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico, ni siquiera en la instrucción de los delitos.

Siendo esto así y tan elemental para cualquier persona mínimamente versada en Derecho, topamos, sin embargo, con una masa “progresista” firme defensora de los derechos “cívicos”, cuando le interesa, que no duda en recurrir a la vociferación y a la agitación contra enemigos imaginarios cuando resulta contrariada en sus variopintos deseos sobre el como debe ser de las cosas. Tan es así que enarbola ahora la condena al juez Garzón como la siniestra confirmación de sus temores sobre lo que nos iba a traer la derecha -y sus secuaces en los Tribunales-. Y he aquí que, conjurados políticos y magistrados corruptos para poner coto a las duras conquistas de la izquierda, han venido a dinamitar la democracia en la figura de su máximo valedor. ¿Habrase visto mayor delirio de ignorancia e insensatez?

No es desconocido que a la izquierda, madre del relativismo, sólo le interesa que se aplique la ley cuando le conviene, y aún en la medida en que le convenga. Si no, a vulnerar la ley, que Justicia y progreso obligan. Y redimen. Por eso braman ahora por la condena al juez Garzón, que vulneró la Constitución con el noble fin de hacer Justicia sabiendo, como declara la sentencia, o en todo caso debiendo saber, que no le estaba permitido. Véase en los hechos probados que el propio juez Garzón hizo constar, en los fundamentos de sus resoluciones, que la intervención de las comunicaciones entre los internos y sus abogados defensores no puede acordarse salvo en los supuestos de terrorismo. Ni siquiera razonó por qué la adoptaba, pues, para investigar otro tipo de delitos. ¿Que lo sugirió la Policía? ¿Acaso no es el Juez el director de la instrucción y el garante de los derechos del procesado? ¿Que no había otro medio de averiguar los delitos? Pues, ¿no debieron en tal caso quedar impunes? No porque no sea en todo caso deseable que se haga efectiva la responsabilidad penal de los culpables, sino porque deben respetarse los límites que se impuso el constituyente en su día, y que hoy siguen siendo nuestras reglas de juego, las únicas compatibles, además, con un Estado de Derecho.

Sucede, sin embargo, que los paladines del “progreso” no conviven a gusto con los derechos y libertades que garantiza nuestra Constitución, y desde hace tiempo han venido dando ya muestras de que la solución de todos nuestros males es la democracia absolutista y de “progreso” que con tan mala fortuna trataron de implantar, y en la cual no subsisten otras libertades que aquellas que les permitan a ellos perpetuarse en el poder, para ruina de todos los demás.

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