La ley de Aído, una excepción: el aborto se mantiene como delito penal en Europa

Varios miembros del Gobierno, incluido el presidente Zapatero, han defendido la nueva ley del aborto argumentando que “nos equipara a la que tie…

Varios miembros del Gobierno, incluido el presidente Zapatero, han defendido la nueva ley del aborto argumentando que “nos equipara a la que tienen la mayoría de países europeos”, según manifestaba la propia ministra de Igualdad, Bibiana Aído, el pasado 15 de mayo.

El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguraba cuatro días después que la gran mayoría de países en Europa han fijado en 16 años la edad para poder abortar y que, por tanto, la ley que quiere implantar el Gobierno es “homologable” a la legislación europea.

Para acallar las voces discrepantes dentro de su propio partido, Zapatero defendió el derecho de las adolescentes de 16 o 17 años de abortar sin el consentimiento de sus padres para evitar una “interferencia determinante”.

La decisión es de ellas”, insistió el presidente del Gobierno, porque, en caso de seguir adelante con el embarazo, “son ellas las que tienen la responsabilidad para toda una vida”.

El aborto en Europa, susceptible de condena

Sin embargo, las afirmaciones de Zapatero y de la ministra Aído no se corresponden con la realidad de la legislación europea en materia de aborto.

Eso es al menos lo que dice un informe de derecho comparado sobre el aborto, elaborado por el Grupo Popular, y que tiene en cuenta la legislación de países pertenecientes a la Unión Europea con un modelo social comparable al de España.

Según información publicada por el diario La Razón, los países estudiados por los responsables del informe son Alemania, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suecia.

Tres son los tipos de sanciones o condenas que establecen las legislaciones europeas ante irregularidades cometidas en los abortos practicados: sanciones para profesionales que no respeten los requisitos administrativos establecidos o falseen declaraciones; condenas a terceras personas que practiquen abortos sin ser médicos; condena a la mujer gestante si se somete a un aborto ilegal a sabiendas.

De hecho, según el informe, todos los países consideran aborto ilegal cualquiera que se realice fuera de las condiciones estipuladas por la ley, y sus actores son susceptibles de condena.

Las penas por infringir la ley oscilan entre la multa y las penas de prisión, algo que en España, con la nueva ley en la mano, nunca se podría producir en el caso de una mujer que aborte, aún cuando esa práctica no se realice en un centro autorizado o no se hayan emitido los dictámenes médicos exigidos.

No sin el consentimiento o autorización de los padres

Al mismo tiempo, en relación a las menores de edad, todos los países tienen en cuenta que los padres han de ser informados, y la mayoría exige incluso su autorización.

Sólo en Finlandia y el Reino Unido se contempla la no obligatoriedad de la autorización paterna o de los tutores legales, aunque en ambos países se recomienda que se les consulte. En el resto, tiene que haber autorización expresa de los padres.

Otra cuestión que diferencia a los países europeos de España es el hecho de que en ningún caso la vida del no nacido, en cualquiera de sus fases, se deja al libre y único albedrío de la embarazada.

Incluso en los países analizados con legislaciones más permisivas se declara como principio el respeto a la vida y se marca un límite en cuanto a semanas de gestación para poder interrumpir el embarazo.

En Alemania, por ejemplo, el Código Penal establece que la mujer debe ser consciente de que el no nacido tiene un derecho propio a la vida en cada estadio, por lo que el aborto se toma como una situación excepcional cuando el embarazo le suponga una situación que sobrepase el límite exigible de sacrificio.

También en Francia la legislación actual reconoce la primacía de la persona desde el mismo momento del inicio de la vida, algo que es recogido por la propia norma que regula el aborto. Sólo debe producirse en casos de desamparo graves.

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