La ley de Dependencia olvida a los estudiantes discapacitados: sólo el 2% accede a la universidad

Hace tan sólo un mes lo denunciaba el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica: “Muchos dependientes no reciben los derechos que emergen de la ley”. Ahora,…

Hace tan sólo un mes lo denunciaba el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica: “Muchos dependientes no reciben los derechos que emergen de la ley”. Ahora, un nuevo informe de la Fundación ONCE constata que sólo el 2% de los estudiantes españoles discapacitados accede a la universidad.

 

Un capítulo de ese estudio destaca que existe un bajo nivel de accesibilidad de las universidades españolas. Además, en enseñanza secundaria, critica la falta de formación de profesionales, el bajo número de centros educativos y el escaso apoyo psicológico y social que reciben los padres de hijos con discapacidad.

 

Derechos Humanos y Discapacidad en España, presentado por la Fundación ONCE y realizado en español por Leonor Lidón Heras, analiza la situación de las personas con discapacidad en España desde la óptica de los derechos humanos.

 

El informe ha sido realizado en catorce países, concretamente en Alemania, Armenia, Bulgaria, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Holanda, Irlanda, Polonia, Reino Unido, Rusia, Serbia y Turquía.

 

En el caso español, el escrito, además de proporcionar datos acerca del número de personas con discapacidad en España y analizar las leyes existentes en este ámbito, observa distintos aspectos como la vivienda, el empleo, la educación, la comunicación y la accesibilidad, entre otros.

 

Vivimos en una sociedad donde o caminamos todos o no estamos yendo a ninguna parte”, afirma Lidón Heras.

 

Sólo un 2%

 

El estudio advierte de que sólo el 2 por ciento de los estudiantes españoles que tienen alguna discapacidad accede a la universidad y el 40 por ciento de los que realizan estos estudios superiores los desarrollan a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) debido al bajo nivel de accesibilidad de las universidades españolas.

 

En cuanto a los centros educativos ordinarios de enseñanza obligatoria, el informe concluye como principales problemas en esta etapa la falta de formación de profesionales que atiendan a los alumnos con necesidades educativas especiales; el limitado número de centros educativos accesibles; y el escaso apoyo psicológico y social que reciben los padres de hijos con discapacidad.

 

El porcentaje de alumnos con necesidades varía de 2,47% en Primaria a 1,91% en Secundaria Obligatoria y un 0,10% en Bachiller.

 

Sin opciones como adultos

 

Por otro lado, también señala que los alumnos de centros educativos especiales en situación de plurideficientes gravemente afectados “no cuentan con soluciones realistas y prácticas para la transición a la vida adulta”.

 

Una vez terminados los estudios, la tasa de empleo de las personas con discapacidad se sitúa en el 28,5%, frente al 62,4% de las personas sin discapacidad, siendo las mujeres las más perjudicadas.

 

En este sentido, el 80 por ciento de las empresas de más de 50 trabajadores incumplen la ley aprobada desde 1982 por la que estas entidades deben reservar un 2 por ciento de la plantilla para personas con discapacidad.

 

Con referencia al sistema sanitario, el estudio muestra las fuertes críticas de las que ha sido objeto la rehabilitación, ya que está orientada exclusivamente a “pacientes con déficit funcional recuperable”, por lo que prácticamente existe una ausencia de tratamientos de dolencias discapacitantes y de patología o enfermedades con efectos crónicos.

 

En otro sentido, resalta la importancia de que los pacientes discapacitados participen, en la medida de sus posibilidades, de manera activa en la toma de decisiones durante el proceso sanitario, a pesar de que el consentimiento esté otorgado por sus representantes.

 

Incumplimiento en la accesibilidad

 

En relación con la vivienda y la accesibilidad, Lirón criticó que a las personas discapacitadas se les “permite” ejecutar obras para posibilitar la accesibilidad no sólo en sus viviendas, sino también en los edificios, pero éstas “deben correr en muchas ocasiones a cargo de los afectados”.

 

En cuanto al segundo aspecto, apuntó que el cien por cien de los edificios públicos analizados para el estudio incumplen alguno de los criterios de accesibilidad y ninguno de los transportes públicos cumplen los requisitos mínimos, fallos que atribuyó a la falta de control de la Administración Pública.

 

Además, el estudio analiza las barreras que las personas con discapacidad encuentran en la participación civil tanto de forma directa por cuestiones arquitectónicas como de manera indirecta.

 

También confirma las dificultades que encuentran en otros ámbitos, como por ejemplo en el momento de adoptar o en relación con los medios de comunicación, ya que no se han desarrollado todos los mecanismos de accesibilidad para que la totalidad de los discapacitados puedan acceder a ella.

 

Desde el punto de vista terminológico, Lidón señaló que se ha producido un “cambio fundamental”, ya que se actualmente se denomina la discapacidad no desde el punto de vista médico, sino desde una perspectiva social, por lo que centra la importancia en la integración.

 

De este modo, según la experta, se ha evolucionado de nominar la discapacidad “como una negación de la capacidad” a considerarla “una circunstancia”.

 

A pesar de este avance, destacó que los 3,5 millones de discapacitados residentes en España, que suponen un 9 por ciento de la población, todavía son descritos con expresiones discriminatorias como “incapacidad o invalidez”.

 

Además, apuntó que a pesar de que se les denomina “personas con discapacidad”, necesitan un “certificado de minusvalía”. En este sentido, afirmó que cuando las personas con discapacidad “normalizan las barreras, aceptan la discriminación”.

 

En el ámbito legislativo, destacó la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU), de 2003, por ser la primera que en tratar de forma global la prevención de la discriminación.

 

A pesar de este gran avance, el estudio critica el escaso desarrollo legislativo de la misma, así como su referencia Estatal, cuando la accesibilidad es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.

 

Asimismo, apunta que debería haberse incluido el régimen de infracciones y sanciones, en vez de posponerlo a un futuro desarrollo normativo así como la protección en contra de la discriminación basada en la discapacidad.

 

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