La ley para agilizar el divorcio en España no resolverá los problemas de los procesos

El Ministerio de Justicia prepara una reforma de la ley del divorcio vigente en España desde 1981. La intención del Gobierno es que la fase de separac…

El Ministerio de Justicia prepara una reforma de la ley del divorcio vigente en España desde 1981. La intención del Gobierno es que la fase de separación previa no sea obligatoria y que, por tanto, una pareja pueda divorciarse automáticamente. Los promotores y defensores de este cambio legal argumentan, entre otras cosas, que los procesos se alargan excesivamente y que los afectados sufren mucho durante todo el tiempo que transcurre entre la separación y la ruptura total. Pero son planteamientos, como mínimo, inexactos. En el primer caso, los retrasos o prolongaciones de los trámites no son sólo imputables al procedimiento en sí mismo, sino a las dificultades de las personas para ponerse de acuerdo. “Pasamos dos meses negociando el convenio que iba a regular nuestra separación”, explica una afectada en un comentario que recoge el diario EL PAÍS. En el segundo, los datos aportados por la Memoria del Consejo General del Poder Judicial son claros: Entre los años 1994 y 2001, los divorcios consensuados aumentan y pasan de un 43,8 a un 57,6 por ciento, mientras que los no consensuados disminuyen y caen del 56,2 al 42,4. Si miramos las diferencias (consensuados y no consensuados) correspondientes a 1994 (43,8 y 56,2 por ciento respectivamente, es decir, -12,4) y 2001 (57,6 y 42,4, o sea, +15,2), la reducción de los divorcios no consensuados es de 27,6 puntos porcentuales, lo cual ha permitido invertir la proporción a favor de los pactados. Por tanto, si los acuerdos tienden claramente a crecer, ¿no sería más lógico hacer madurar esta tendencia?

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE SEPARACIONES Y DIVORCIOS POR TIPOS

Año

         Separaciones

 

        Divorcios

 

 

Con mutuo acuerdo

Contenciosas

Consensuados

No consensuados

1994

49,1

50,9

43,8

56,2

1995

51,5

48,5

45

55

1996

53,1

46,9

46

54

1997

55,6

44,4

48,4

51,6

1998

57,5

42,5

49,5

50,5

1999

60

40

51,7

48,3

2000

61,3

38,7

52,6

47,4

2001

66,4

33,6

57,6

42,4

Fuente: Consejo General del Poder Judicial, Memoria

 

 

Otro punto importante es la existencia de la fase previa de separación. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al período entre 1981 y 2001, se produjeron en esos 20 años un total de 827.152 separaciones y 560.805 divorcios. Ello quiere decir que 266.347 parejas españolas han pasado por la separación sin llegar al divorcio. La cifra, por cierto, incluye tanto las que han decidido mantenerse indefinidamente separadas como las que se han reconciliado. Por otro lado, y también según el Consejo General del Poder Judicial, en 2003 hubo 47.319 demandas de divorcio y 79.423 de separación (o sea, casi el doble). Toda esta realidad demuestra que el tiempo de espera que aporta el período de separación es positivo. Entre otros muchos aspectos, ayuda a la pareja a reflexionar, algo muy necesario en un proceso que siempre es traumático, y también a mirar al futuro sin descartar una posible reconciliación.

 

Una vez más, nos encontramos con un anuncio de reforma legal fundamentado en la hipotética necesidad de eliminar un esfuerzo, como ya se hizo en el ámbito educativo con la LOGSE al suprimirse los exámenes de septiembre. Tras los desastrosos resultados de aquella medida, que disparó el número de alumnos con deficiencias en su preparación al pasar de curso automáticamente, el Gobierno del Partido Popular reinstauró, con la Ley de Calidad (LOCE), la fórmula de la recuperación y, más recientemente, incluso el nuevo ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero la ha mantenido a pesar de haber suspendido la aplicación de la normativa de sus predecesores. Con el período de separación, pasa lo mismo. Es ciertamente un esfuerzo para las personas afectadas, que necesitan comprensión y apoyo, pero también es un tiempo muy útil porque las ayuda a planificar y preparar el futuro con la serenidad que requiere todo momento difícil en la vida.

 

Ángela Alemany, presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, plantea una cuestión que también pone en seria duda la utilidad de la reforma que prepara el Gobierno para agilizar el divorcio: la falta de jueces. Para Alemany, la nueva ley “aumentará el número de divorcios, pero la situación de los juzgados seguirá parecida hasta que no se pongan más medios judiciales”. La intención del Ministerio de Justicia es, nuevamente, impulsar una ley (como muchas otras aprobadas en España) que no podrá cumplirse. Además, también está claro que acelerar los plazos del divorcio, como pretende la nueva medida, quiere decir que habrá más divorcios. Y esto no puede ser nunca positivo. En otras palabras, aquello que legalmente puede hacerse (y el divorcio es un ejemplo de ello) no necesariamente tiene que ser bueno. Por tanto, no tiene sentido que un Gobierno impulse cambios legales para estimular aquello que es, por definición, negativo.

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