La ministra de Educación no aprende de los errores de la LOGSE

La política educativa del Gobierno español está cada día más cerca de repetir los criterios que provocaron el fracaso de la Ley Orgánica General del S…

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La política educativa del Gobierno español está cada día más cerca de repetir los criterios que provocaron el fracaso de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) aprobada a finales de los 80 por el ejecutivo de Felipe González. Entonces fue la falta de exigencia del método lo que hizo que las nuevas generaciones, las que ahora pasan o acaban de pasar por la universidad, hayan perdido el sentido del esfuerzo como un valor muy importante en todo el proceso de la enseñanza y la formación. Ahora, con sus últimas declaraciones, la ministra de Educación, María Jesús Sansegundo, sigue aferrada a los errores del pasado reciente después de que, en un primer decreto gubernamental que suspendía parcialmente la Ley de Calidad (LOCE) del Partido Popular, ya fuesen suprimidos otra vez los exámenes de recuperación de septiembre que se habían reimplantado en la normativa del gabinete de José María Aznar.

El martes 30 de noviembre, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados, Sansegundo anunció su intención de que, con la nueva ley, sean los profesores los que decidan si un alumno con tres asignaturas suspendidas o más debe repetir curso. Por tanto, desaparecerá el requisito de suspender menos de tres materias para pasar de curso, lo cual quiere decir que la escuela volverá a ser un lugar donde el esfuerzo no será premiado. Para la ministra, no es lo mismo suspender asignaturas como lengua o matemáticas, consideradas “áreas fundamentales”, que otras. Está previsto que el proyecto de reforma de la LOCE se presente en el Congreso a principios de 2005 tras un período teórico de debate que comenzó en septiembre, cuando la propia titular de Educación presentó sus propuestas básicas en el Consejo Escolar del Estado. Por otro lado, Sansegundo reconoció, en su intervención parlamentaria, que la educación en valores es uno de los asuntos que más han planteado los ciudadanos a través de Internet.

Pero la cuestión de la flexibilidad para pasar curso no es lo único que ha comentado la ministra Sansegundo en los últimos días. El lunes 29, en un seminario europeo sobre políticas educativas, avisó a la escuela concertada sobre su obligación de cumplir una “función de servicio público con toda la población”. “A las administraciones nos corresponde velar por que todos los centros sostenidos con fondos públicos sean corresponsables en la atención a toda la diversidad del alumnado”, dijo.

Con estas frases, la ministra no tiene en cuenta que la escuela concertada es consecuencia del derecho de los padres a elegir el centro que consideran más adecuado para sus hijos. Está precisamente al servicio de la propia libertad y, por tanto, del ideario con el que se compromete cada colegio. En otras palabras, no es el ente abstracto “toda la población” el destinatario de la escuela concertada (religiosa o laica), sino las familias, con sus nombres y apellidos y con toda su diversidad. Además, el concepto “servicio público” al que se refiere Sansegundo implica unas connotaciones jurídicas que no se corresponden con la misión que cumplen los centros concertados.

La crisis de la enseñanza pública

Uno de los problemas actuales de la educación en España es la crisis de la escuela pública. El gasto del Estado se acerca a la media europea y presenta, por el contrario, un alto índice de fracaso escolar. No es exacto, pues, que la administración gaste poco en educación. En los análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los resultados educativos que ofrece España están incluso por debajo de algunos de los países del mundo que gastan menos en este concepto, entre ellos Corea del Sur y la República Checa. Con esta realidad sobre la mesa, ¿el principal problema es la enseñanza concertada, como intentan hacernos creer algunos políticos?

En definitiva, el núcleo del problema no es otro que la falta de valores y de calidad. La falta de ideario y de autoridad de los directores de centros, unida a la crisis de la familia, constituye la base para explicar el difícil momento que vive la enseñanza pública. El cargo de director se ha convertido en una responsabilidad que no quiere casi nadie, y las escuelas públicas han convertido el principio de laicidad o neutralidad en una especie de vacío que no ayuda a llevar a cabo los objetivos educativos de cada año.

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