La nueva campaña de los abortistas

Acostumbrados a la impunidad más absoluta, a que España fuera el único país de Occidente donde el aborto fuera libre, y que al amparo de esta brutalid…

Forum Libertas

Acostumbrados a la impunidad más absoluta, a que España fuera el único país de Occidente donde el aborto fuera libre, y que al amparo de esta brutalidad florecieran espléndidos negocios, ha bastado un primer choque con la justicia para que todo el lobby abortista se alarmara y pasara a presionar a quienes nos gobiernan. Esta, digamos, presión no les resulta difícil, porque en definitiva no se sabe donde empiezan unos y acaban los otros.

La nueva estrategia se dirige a buscar casos singulares de mujeres que hayan descubierto muy tarde la malformación del feto y superen las 22 semanas, que es el límite legal para abortar aquí bajo este supuesto, para mostrar la incongruencia de la legislación española, porque han de ir a Francia a abortar!

Hasta ahora han conseguido presentar con bombos y platillos dos casos: qué tremenda hipocresía. Miles de mujeres francesas están viniendo cada año a España para abortar, con los costes que esto significa, y ahora resulta que aquí es difícil y allí es fácil. Las cosas habían llegado a un extremo tal que algunas clínicas, claramente en el caso de Morín, tenían personal especializado para gestionar y atender las demandas en francés y en inglés junto con la correspondiente documentación en estas lenguas. Naturalmente, esto no se hace si no hay una clientela numerosa que lo necesite.

Ahora han descubierto otra forma de mostrar la desmesurada “presión” sobre las clínicas. Se han encontrado dos fetos en lugares públicos, la idea es mostrar que como es tan difícil abortar aquí -cosa que no es cierto pero sería una buena noticia-, que lo hacen por libre. De esta manera, intentan reemprender en pleno siglo XXI la leyenda negra de las miles y miles de mujeres que antes de aprobar la legislación sobre el aborto tenían que marchar a Londres. Después se vio que cuando lo podían hacer aquí, esta multitud se convertía en un puñado, y que solo con el paso de los años y la presión de los medios de comunicación y una política de fomento, sí se ha convertido en una verdadera avalancha.

En este sentido hay que subrayar que España es el país que ha tenido más éxito en el crecimiento del aborto. Es todo un récord. No es de extrañar porque el caso Morín, que sigue todavía vivo y coleando, va mostrando un entramado donde el primer proveedor de mujeres es la propia administración.

De las declaraciones de las mujeres interrogadas por la Guardia Civil se establece con toda claridad que en un gran número de casos, la mujer embarazada, en muchas ocasiones menores de edad, se dirige al Centro de Atención Primaria y es el propio médico del sistema público de sanidad quien automáticamente la dirige o bien a una de estas clínicas, las de Morín u otras, o bien, si no dispone de recursos, a la Asociación Salut i Familia que no es nada más que un montaje para canalizar recursos de las administraciones públicas a mujeres para que puedan abortar.

Lo más trágico del caso es que los médicos no intentan en ninguna medida presentar alguna reflexión, alguna alternativa al aborto, actúan como puros intermediarios. También prescinden de toda consideración sobre si aquel caso se adapta al supuesto legal, con lo cual están incurriendo como mínimo en una infracción de la ley por omisión de su deber. Es evidente que si en lugar de tratarse del aborto, el médico estuviera ante otro tipo de conducta presuntamente delictiva, se lo haría saber a la afectada. Ningún médico recomienda un traficante de droga por muy mal que se encuentre la persona a la que asiste porque estaría fomentando el delito.

Pero además de la colaboración necesaria de la sanidad pública, también intervienen los ayuntamientos. Sus servicios sociales desarrollan la misma función de agentes comerciales de las clínicas, y se ocupan de que el ayuntamiento pague el aborto en aquellos casos que la mujer no puede hacerlo. Por ejemplo, el caso concreto del Ayuntamiento de Cornellà que se gastó 1.000 euros para financiar un aborto en una de las clínicas de Morín.

En todo esto llama la atención que nunca los funcionarios y los poderes públicos dirijan a las embarazadas a un hospital, donde el aborto les resultaría gratuito. La razón es obvia. Saben que en los hospitales públicos solo podrán abortar aquellos casos que legalmente son muy claros. Es decir, la ínfima minoría, y por tanto la gran mayoría la derivan a los centros privados porque saben que allí no se exige prácticamente nada.

Esta red, obviamente, no funcionaba solo al servicio de Morín, sino del entramado de otras clínicas. Sus nombres, sin tratarse de un trabajo exhaustivo, aparecen citados en los expedientes. La clínica Aragón, la clínica Tutor Médica del Dr. Barambio, aparecen como lugares de referencia, pero a pesar de todo ello, todavía no se ha conseguido que la fiscalía de Barcelona se moleste en investigar tanta presunta irregularidad, tantos indicios de ella. Como tampoco se está consiguiendo –hasta el momento- que se abra el capítulo de responsabilidades de la administración pública sin cuya connivencia no hubiera sido posible tanto tinglado.

¿Alguien puede llegar a pensar que, si se tratara de otro tipo de delito, la Justicia directamente no habría obligado ya a abrir esta caja negra para ver que hay detrás de ella? Pero claro, esto va de abortos y ya se sabe que en España hay delitos políticamente correctos.

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