La nueva ley del aborto libre exculparía a imputados en prácticas abortistas ilegales

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tiene en su mano la despenalización del aborto gracias a que el Congreso de los Dipu…

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tiene en su mano la despenalización del aborto gracias a que el Congreso de los Diputados aprobó este miércoles, 18 de febrero, las conclusiones de la Subcomisión creada para estudiar la reforma de la Ley del Aborto en España.

La Comisión de Igualdad del Congreso dio luz verde a un texto elaborado por el propio PSOE que, de convertirse en ley, exculparía a lo que actualmente se consideran delincuentes por participar en tramas de abortos ilegales.

En ese sentido, cabe recordar el caso del cirujano Carlos Morín, que entre otros implicados está imputado por supuestas practicas de abortos ilegales en sus clínicas. Con esta ley lo tendría muy fácil para reducir la condena e incluso salir absuelto.

Un ‘currículum’ cargado de irregularidades

Desde que en 2004 saltara la noticia de que un equipo de Daily Telegraph investigó posibles delitos de aborto en la clínica Ginemedex de Barcelona y, dos años después, que la televisión pública danesa denunció prácticas abortistas ilegales en la misma clínica de la capital catalana, el ‘curriculum’ de supuestas irregularidades del doctor Morín no ha hecho otra cosa que aumentar.

La televisión danesa emitió un reportaje en el que Morín aparentemente no ponía impedimentos para practicar un aborto a una mujer en avanzado estado de gestación (feto casi sietemesino). Este ‘inconveniente’ sólo afectaba al precio a pagar por la intervención.

En el mes de octubre de 2006, el grupo abortista de Morín acumulaba escándalos con total impunidad. Ginemedex, Barnamedic, clínicas Emece, grupo CMB, Fundación Morín… todos ellos son nombres de una red empresarial en torno a Morín cuyo negocio es el aborto.

En noviembre de 2007, accionistas de Ginemedex pidieron en los tribunales que se aclararan las cuentas de Morín. El 26 de noviembre saltaba la noticia de la detención de Carlos Morín y otras tres personas, registrando despachos y dependencias, guardando abundante documentación.

Cuatro días después otra noticia difundía que las trituradoras de la clínica de Morín que el reportaje danés había denunciado, y que supuestamente utilizaban para deshacerse de los cuerpos de los fetos, había sido desmontada después de la emisión del reportaje.

En marzo de 2008 saltó otra sorpresa: Morín tiene el sida desde 1998. A pesar de ello, el cirujano continuó con su actividad ‘normal’ en las intervenciones de abortos.

También fueron noticia sus supuestos delitos monetarios. En diciembre de 2008 se abrió una nueva causa judicial contra Morín por presumible blanqueo de dinero.

Un juzgado de Barcelona abrió un sumario para investigar un posible blanqueo de dinero efectuado por Morín y su esposa, después de que la asociación E-Cristians solicitara que la investigación de sus clínicas se ampliara a sus asuntos económicos.

Un reciente reportaje publicado en la Gaceta sobre quién es quién en el gran negocio del aborto en España incluía a Carlos Morín en un grupo de casi una docena de personas que se lucran abundantemente con las intervenciones abortistas.

Las ‘vías de escape’

Sin embargo, un caso como el de Morín podría tener un tratamiento mucho más ‘suave’ por parte de la justicia con la nueva ley en la mano. El texto aprobado contiene toda una serie de ‘vías de escape’ para lo que actualmente se considera delito. Veamos los puntos más conflictivos:

– La mujer tiene derecho a decidir sobre su maternidad y la ley debe establecer plazos (no se especifican) en los que el aborto sea libre.

Se excluye la necesidad de permiso paterno desde los 16 años.

– Se deben mantener “al menos” los supuestos de malformación y riesgo para la salud de la mujer. En estos casos el aborto “podría practicarse en un tiempo mayor”.

– En caso de diagnóstico de malformación se recomienda que “en el mismo centro donde se ha producido se continúe, en su caso, el protocolo de la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo).

– Mención explícita a la “derogación del delito de aborto”, condición impuesta al PSOE por los partidos minoritarios.

“Facilitar apoyo institucional” a las clínicas y “trabajar por la dignificación de esta prestación”.

– Se apuesta por ‘clarificar’ la objeción de conciencia de los médicos que se niegan a garantizar estas intervenciones, al señalar que “en ningún caso” podrá ser invocada por los centros sanitarios –tendrá que ser individual- o por profesionales que no estén implicados en su práctica directa.

‘Avances’ inconstitucionales

El informe salió adelante con los votos del PSOE, BNG, ERC, IU e ICV. Con esta reforma “se elimina la inseguridad jurídica, se establece la sanidad pública como garante del derecho a abortar y se pone fin a la inequidad territorial” argumentó la portavoz del PSOE en la Comisión, Carmen Montón.

Al mismo tiempo, el PP votó en contra por considerar que las conclusiones de esta nueva ley de plazos son inconstitucionales y anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional cuando la ley sea aprobada por el Ejecutivo de Zapatero.

La portavoz del PP, Sandra Moneo, acusó al PSOE de “recortar” el derecho a la objeción de conciencia y de “utilizar el Parlamento como coartada de sus intereses” al acelerar los debates de la subcomisión e “imponer” un texto elaborado son consultar con otros grupos. Además, se preguntó cómo es posible que “una menor necesite consentimiento para hacerse un ‘piercing’ y no para abortar”.

Por su parte, el PNV y CiU se abstuvieron. La propuesta se trasladará ahora al Gobierno para la elaboración de un proyecto de reforma de esa Ley.

La cuestión es que, como señala el PP, las conclusiones de la Subcomisión contienen elementos inconstitucionales, al ser contrarios a la sentencia de 1985 del Tribunal Constitucional que se limitó a tolerar la despenalización del aborto en los supuestos de peligro para la salud de la madre, violación y malformación del feto, alegando además que el Estado debe garantizar la vida del no nacido.

La sentencia admite que hay vida humana desde el momento de la concepción y que ha de ser respetada. Este derecho sólo puede chocar con los derechos y dignidad de la mujer en los casos señalados de peligro para ella o violación.

Con el nuevo texto, desaparecen los derechos de la vida humana, del hijo, y sólo prevalecen los derechos de la madre.

Por otra parte, el texto de la Subcomisión ignora completamente las consecuencias que se derivan del hecho de abortar, no sólo las psíquicas, que suelen producirse en la gran mayoría de los casos, sino también de los peligros físicos que en ocasiones conlleva el hecho de abortar.

Tampoco abordan esas conclusiones el daño económico y social que representan los abortos en España, tal como señala un estudio del Instituto de Estudios del Capital Social (INCAS).

Ese informe contempla diez reflexiones aplicables a la nueva ley de plazos del aborto, en las que se muestra como el aborto plantea un grave efecto negativo sobre nuestro bienestar y desarrollo económico a medio y largo plazo, porque daña el equilibrio demográfico, la renta, y desequilibra del sistema público de pensiones, así como los ingresos del Estado.

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