La vivienda social es insuficiente en España

Madrid y Barcelona, las ciudades en las que se está experimentando un mayor incremento de precios, está complicando gravemente a sus habitantes. Cataluña en 20 años no ha llevado a cabo ninguna medida para aumentar la vivienda social

Vivienda

La vivienda asequible fue uno de los caballos de batalla de Podemos en la campaña electoral municipal de 2015: Manuela Carmena y Ada Colau prometieron 4.200 pisos para alquiler social en Madrid y 4.000 en Barcelona respectivamente, planes que a día de hoy están muy lejos de ser cumplidos. Y el Gobierno popular respondió en 2013 al drama de los desahucios poniendo a disposición de las familias vulnerables 9.900 pisos de bancos, medida que tampoco ha impedido que la promoción de vivienda de protección oficial (VPO) esté en mínimos y España siga a cola de Europa en porcentaje de vivienda en régimen de alquiler social.

Lo cierto es que los esfuerzos en esta materia tanto de la Administración central como de los gobiernos regionales en los últimos ejercicios han sido más bien escasos, en gran parte debido a los recortes presupuestarios derivados de la crisis y que terminaron, por ejemplo, con las subvenciones a los compradores de VPO.

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El año pasado solo recibieron calificación definitiva 5.375 viviendas de protección oficial que quedaron así listas para su adjudicación, según datos del Ministerio de Fomento. Esta cifra está muy por debajo de los más de 68.000 pisos que se licitaron bajo este régimen en 2008, antes de estallar la crisis.

Cataluña: 20 años sin políticas públicas de vivienda

Desde el 2001 Cataluña no ha llevado a cabo nuevas políticas de vivienda social. La necesidad de más ayudas de este tipo se une a una reducción de viviendas sociales respeto el parque total en Cataluña

La vivienda social en Cataluña, desde el año 2001, no ha variado en relación al parque total. Del 2% que sólo representaba a principios de siglo, ahora no supera el 1,3%. El Plan Territorial Sectorial de Vivienda de la Generalitat, en fase previa a la espera que el Gobierno de la Generalitat que acabe para constituirse lo desarrolle, tiene el objetivo de ampliar la proporción en un 5% .

Carme Trilla,  presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda (OHM), afirma que estos últimos 20 años no se ha hecho nada de políticas públicas de vivienda. “La política de vivienda tendría que hacer el que no ha hecho durante todo este tiempo: viviendas para el arrendamiento que no se rijan por los criterios de mercado, sino por parámetros públicos que estén de acuerdo con los ingresos de las familias”, explica Trilla.

“Un vez suavizada la crisis que nos ha afectado casi 10 años, vuelve a resurgir el problema de la vivienda. No es que no lo fuera durando los años más complicados, porque los desahucios se convirtieron en un gran problema. Las únicas políticas que se han hecho en estos 10 años son las de poner parches, solucionar los problemas de urgencia de quien perdía una vivienda”, comenta Trilla.

Desde entonces, todo ha estado paralizado hasta que el Gobierno del PP ha aprobado el último Plan de Vivienda 2018-2021 que incluye ayudas en los promotores por primera vez en 10 años. Desde el punto de vista del sector promotor se trata de una buena iniciativa si no fuera porque prácticamente no tiene dotación.

“Tenemos entendido que en Cataluña le tocarían 209 millones de euros durante este periodo para los nuevo programas que incluye el plan”, explica Lluis Marsà, presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE). Esta cifra representa 52 millones por año para todas las líneas del plan. Y a lo sumo tocarían 30 millones para la promoción de vivienda de alquiler. “No salen mucho más de 600 pisos en cuatro años con estos recursos”, cuantifica Marsà.

Es posible que el problema de la vivienda social de alquiler fuera menos problema si hubiera un mercado libre bastante amplio. Pero también en esto las dificultades se multiplican. “No hay manera que los bancos financien las promociones de alquiler. Exigen a los promotores una inversión del 50% para financiarlos”, explica Marsà. No es una situación nueva: “El 2006 tuve que lograr un acuerdo con el BEI para hacer alquiler en Cataluña, porque los bancos no daban el crédito,” explica Trilla sobre su etapa de directora general.

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