La profesora de Religión que vive con un hombre que no es su marido ha de ser readmitida, dice el TS

El Tribunal Supremo ha dictado una polémica sentencia que obliga al Obispado de Canarias a readmitir a una profesora de religión cuya si…

El Tribunal Supremo ha dictado una polémica sentencia que obliga al Obispado de Canarias a readmitir a una profesora de religión cuya situación matrimonial es irregular, contradiciendo así la establecida en este caso por el Tribunal Constitucional en 2007.

Al mismo tiempo, el texto no sólo ampara a la profesora, Carmen Galayo, sino que le concede una indemnizaciónde 10.385,49 euros a los que hay que añadir los intereses de mora.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha notificado que desestima el recurso de queja del Obispado contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad. Sólo un intento de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional podría hacer que el Supremo volviese a estudiar el caso.

Carmen Galayodecidió acudir a la Justicia porque entendía que se habían “inmiscuido indebidamente en su vida privada”. Igualmente, realizó una dura crítica al afirmar que “ningún obispo tiene derecho a echarme a la calle; esto es de extraterrestres; menos mal que están las leyes”. No consideró, por tanto, la necesidad de estar de acuerdo con la moralidad que defiende la Iglesia en este sentido y ser coherente entre lo que afirma y lo que vive.

Nueva discrepancia con el Constitucional

Cabe resaltar el hecho de que esta sentencia del Supremocontradice al Tribunal Constitucional, que sobre este caso se pronunció en el año 2007. Tal como recuerda El País, el Constitucionalestableció que puede pedirse que“los profesores que se destinan a la enseñanza de la religión en las escuelas, incluso en las no católicas, destaquen por su recta doctrina y por el testimonio de su vida cristiana”. Y es que la capacitación para impartirla “puede, con toda probabilidad, implicar un conjunto de exigencias”.

De hecho, el Constitucional también reflejó que "la exigencia de la declaración eclesiástica de idoneidad para poder impartir enseñanzas de religión no puede estimarse irracional o arbitraria, sino que es coherente con los principios de aconfesionalidad y neutralidad religiosa del Estado”.

Con este caso, se vuelve a poner de manifiesto un nuevoconflicto entre la doctrina del Supremo y la del Constitucional, en concreto, en un asunto de tamaña relevancia como es la educación cristiana.

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