La prolongación de la intervención militar: indigno para una sociedad democrática

Está fuera de toda duda que los controladores aéreos han actuado de una forma radicalmente irresponsable, incivilizada; tanto que permit…

Forum Libertas

Está fuera de toda duda que los controladores aéreos han actuado de una forma radicalmente irresponsable, incivilizada; tanto que permite dudar de sus capacidades para gestionar un servicio que requiere un alto sentido de la responsabilidad. Esto creemos que está fuera de duda y de discusión. Sus abogados defensores podrán matizarlo, es su obligación, y atenuar determinados aspectos que son consecuencia de la dinámica generada por el Ministerio de Fomento. Pero la atenuación no desvirtuará lo dicho al principio, simplemente mejorará el contexto en el que se sitúa.

Una vez zanjado este asunto, que tiene su respuesta en el plano judicial, es necesario denunciar una situación que se mantiene y que debería preocupar a todos los ciudadanos, cosa que no ocurre. Se trata de la ‘militarización’ de los controladores que se viene manteniendo mucho después de haber resuelto la situación de grave emergencia provocada por el cierre del espacio aéreo.

Antes que nada, los datos. El decreto que aprobó el Gobierno el viernes se basaba en un ley de 1969, por lo tanto claramente inconstitucional, la ley de Movilización Nacional, que se refiere inequívocamente al Ejército y, por consiguiente, incluso en este marco para nada aplicable a los controladores. Someter a población civil a jurisdicción militar es algo prohibido expresamente por el Art. 117.5 de la Constitución. Esta prevención constitucional tiene su lógica histórica. El franquismo utilizó de manera sistemática la legislación militar para perseguir a la oposición política. La Constitución española sólo admite una excepción a aquel límite, es la declaración del Estado de Sitio, que a su vez está circunscrito a unas condiciones muy específicas.

A la mañana siguiente, el sábado, el Gobierno declaro el Estado de Alarma que aún mantiene. Durante las horas que median del viernes al sábado se intervino sólo con una ley franquista. Después, se trató de dar una mayor cobertura al abuso jurídico con la declaración del Estado de Alarma. Concretamente, el Art. 3 del decreto puede ser interpretado en el sentido de que los controladores pueden quedar sometidos a la jurisdicción militar, pero esto como hemos visto es inconstitucional aún en dicho caso. En resumen, la norma con que se opera el control aéreo español desde el viernes pasado es contraria a la Constitución, y atenta contra los derechos civiles.

Sería discutible su legalidad, pero admisible que todo esto se hubiera llevado a cabo de una manera relampagueante para reestablecer el control aéreo, durante un día, dos o tres, a lo sumo. Sería formalmente discutible, pero políticamente justificable. Ahora, lo que en ningún caso puede admitirse es que esta situación se haya prolongado, y que el propio presidente del Gobierno alardee de ello en pleno Congreso de los Diputados, sin que el conjunto de la cámara no exija por dignidad el restablecimiento del imperio de la ley.

El precedente que ha llevado a cabo Zapatero es extraordinariamente grave y demuestra que tenemos unos gobernantes que son capaces de todo, mientras crean que una mayoría de la sociedad civil aplaude sus actos. No les importa que sean buenos o malos, legales o ilegales, lo único que les importa es el ejercicio del poder y el aplauso de una mayoría. El peligroso precedente no es otro que poner en evidencia que el Ejecutivo puede actuar al margen de la legalidad y ordenar una intervención militar; basta un vestido jurídico,más o menos primario, para actuar contra una parte de la propia sociedad civil si cree que va a tener una opinión favorable. Esto es entrar en una lógica robesperiana. Ante ella se han producido demasiadas dimisiones para que no nos alarmemos. De los socialistas en peso, tan partidarios de los nuevos derechos, porque quien practica este desmán es de los suyos. La derecha, por aquel impulso innato que le hace preferir el orden a cualquier otra consideración, aunque sea entrar en un escenario tan peligroso para un país como España como el apuntado, y también, todo hay que decirlo, porque criticar la medida puede parecer que es un apoyo a los controladores, que se han convertido (a causa de sus propios actos insensatos) en el grupo más vituperado de toda España. Incluso los nacionalistas vascos y catalanes, siempre tan hipersensibles a todo lo que guarda relación con el ejército, han aplaudido la medida. No se puede utilizar al Ejército para resolver conflictos sociales.

Todo esto significa el situarnos en unas condiciones contrarias a la dignidad de una sociedad democrática. Por esta razón, exigimos que se dejen sin efectos las ilegales medidas; que actúe de oficio la fiscalía del Estado, que tiene como misión velar por la ley; que los partidos políticos rectifiquen, y que los medios de comunicación en sus editoriales manifiesten su rechazo. Si todo esto no se hace, el día de la Constitución del 2010 habrá consagrado un daño irreparable a la misma.

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