La prostitución: un ilícito que debe ser ilegalizado

En los últimos días, hemos tenido ocasión de ver en el Parlamento un refrescante debate sobre la conveniencia de ilegalizar la pr…

En los últimos días, hemos tenido ocasión de ver en el Parlamento un refrescante debate sobre la conveniencia de ilegalizar la prostitución. El debate ha venido de la mano de Esquerra y tiene entre sus valedores a políticos destacados con Jordi Hereu, Alcalde de Barcelona, del PSC.

Entre las distintas ópticas desde las que se puede mirar el fenómeno de la prostitución (sociológica, sanitaria, política, mediática…), está la jurídica. Dentro de ella, normalmente se analiza el fenómeno desde el Derecho público (así penal o administrativo). Junto a él, debemos tener en cuenta el Derecho privado o relativo a los ciudadanos y sus relaciones. En este Derecho de las relaciones privadas es pieza fundamental el contrato: un acuerdo de voluntades dirigido a lograr una prestación. Ni que decir tiene que la prostitución viene marcada por dos contratos: el que une a la prostituta con el empleador o empresario sexual; y el que vincula a este o aquella con el “consumidor” de servicios sexuales.
La regulación de los contratos en nuestro sistema se rige por el principio de la autonomía de la voluntad, según el cual hay libertad de pactos. Así, el Art. 1255 del Código Civil dice que “Los contratantes podrán establecer todos los pactos, cláusulas u condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a la Ley, la moral o el orden público”. ¿Significa esto que las prostitutas y los empresarios del sexo y clientes pueden pactar cualquier cosa? Es evidente que no.
El propio Artículo dice que hay límites en la ley, la moral y el orden público. Estos límites son considerados esenciales por el Derecho. Por ejemplo, la Ley reconoce una serie de derechos de los inquilinos en la Ley de Alquileres de pisos (Arrendamientos Urbanos), a los trabajadores en el Estatuto de los mismos y a los consumidores en la Leyes que los protegen. Estos derechos son irrenunciables para estos inquilinos, empleados o consumidores a los que la Ley considera “contratantes débiles”.
La Ley reconoce pues límites. Límites que tienen su origen en concepciones éticas y morales y en la existencia de bienes indisponibles relacionados con la dignidad de la persona. Un ejemplo más claro aun lo tenemosen la prohibición de venta de órganos o de semen u óvulos en las Leyes sobre reproducción asistida y trasplante de órganos.
En todos estos casos, a fin de evitar que haya personas que movidas por la necesidad vendan órganos o renuncien a derechos, se prohíbe toda venta o renuncia. Y se prohíbe a sabiendas de que habría gente dispuesta a venderse sin ser forzada. ¿Por qué? Porque la dignidad de la persona es el fundamento de todo nuestro orden jurídico, dice el Art. 10 de la Constitución.
Si tenemos en cuenta estos límites, ¿acaso no deben afectar también a la prostitución?, ¿o acaso vamos a entender razonable que una prostituta renuncie a sus derechos pero no un inquilino o un empleado?, ¿o vamos a considerar normal que se prohíba la venta de órganos de muertos pero no la realización de servicios sexuales por un vivo?
La prostitución, en nuestro sistema de Derecho, es ilícita. Lo es porque lo son los contratos con objeto o causa ilícita (Artículos 1271 y 1275 del Código Civil). Lo es porque hay derechos irrenunciables. Lo es, en fin, porque al igual que trabajar con un salario inferior al mínimo interprofesional o vender óvulos, va contra los límites que necesita la protección de la dignidad de la persona.
Y si la prostitución es ilícita, ¿por qué no la prohíben? Lejos de la polémica que algunos quieren crear, la prohibición no debería escandalizar a nadie. Ilegalizar la prostitución es una medida más de protección a las personas. Los límites que impondría, no serían mayores que los que ya existen en otras Leyes vigente. Escandalizarse y abogar por la legalización sería lo mismo que admitir el trabajo por debajo del salario mínimo, los alquileres sin protección de inquilinos o la venta de órganos y semen. Sería, en fin, admitir que se ataque a la dignidad de la persona. Animemos pues a nuestros políticos a declarar, de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, la ilegalidad de lo que en nuestro Derecho podemos afirmar es ya un ilícito en toda regla.
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