La reforma educativa ignora la iniciativa social

El Gobierno español nos está demostrando, con el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), que su propensión al diálogo es realmente mínima, por no…

Forum Libertas

El Gobierno español nos está demostrando, con el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), que su propensión al diálogo es realmente mínima, por no decir nula. Ahí están los más de 3 millones de firmas a favor de la clase de religión, presentadas por la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) hace pocos meses en la Moncloa, sin que el presidente del Gobierno recibiera a los representantes de la entidad ni ese día ni en las semanas posteriores. Ahí están pidiendo un gran acuerdo la comunidad educativa, las agrupaciones familiares y la Iglesia católica representada por sus obispos. Pero de momento, nada de nada. Y un tercer foco de alejamiento entre el ejecutivo y la realidad plural de la enseñanza es la escuela concertada, que no ve nada claro el texto que circula en estos momentos como iniciativa antes del pertinente trámite parlamentario que debería dar paso a su aprobación… Y nosotros añadimos: con el máximo consenso posible.

 

El Consejo Escolar del Estado presidido por la conocida laicista Marta Mata, tras la tristemente famosa asamblea en la que se debatieron más de 1.000 enmiendas en sólo un día y medio, pidió al Gobierno que considere la enseñanza “servicio público”. Gran error, porque este concepto implica exclusivamente todo aquello cuya titular es la administración pública. Y en el sistema educativo de un país, los titulares son globalmente los padres de los niños y adolescentes que se forman. El Estado o las comunidades autónomas son, en todo caso, titulares de los centros públicos. Este principio, entendido así a nivel general, diluye los centros de iniciativa social, muchos con ideario propio, en una especie de ente absoluto controlado por el ejecutivo.

 

El principio de subsidiariedad, aquél que proclama que donde llegue la iniciativa social no debe llegar la administración pública, no está siendo respetado. Bajo el paraguas de “servicio público”, el proyecto de Ley Orgánica de Educación pretende dejar las manos libres al Gobierno para planificar sin atender la demanda social, es decir, lo que muchos padres y madres reclaman de acuerdo con el artículo 27.3 de la Constitución Española, que dice así: “Los poderes públicos garantizan el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. En otras palabras, el Gobierno debería garantizar la libertad de los padres y madres a la hora de elegir centro y modelo educativo para sus hijos.

 

Con este principio, el Ministerio de Educación dirigido por María Jesús San Segundo pretende imponer que la escuela concertada sea subsidiaria de la pública. Así intentará que aceptemos que sobran las plazas de estos colegios, muchos de ellos de orientación cristiana, cuando hay suficiente oferta pública. El anteproyecto de ley mantiene, por otro lado, garantías de gratuidad para los centros concertados en igualdad de condiciones con los públicos. Pero eso no será posible si no respeta su identidad y su estilo propios. Aquí la sociedad civil tiene un nuevo reto, como lo ha tenido recientemente con la defensa de la familia y con la lucha contra la pobreza: Hay que exigir, si hace falta desde la calle, el tan deseado pacto educativo que respete la libertad y garantice una presencia digna de la asignatura de religión confesional como una opción con alternativa igualmente respetable y evaluable.

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