La reunión Gobierno-Iglesia, un hecho extraordinario para enfriar los frentes abiertos por Zapatero

La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, recibió este miércoles en el Palacio de la Moncloa al vi…

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La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, recibió este miércoles en el Palacio de la Moncloa al vicepresidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián, quien acudió acompañado por el secretario general del organismo eclesial, Juan Antonio Martínez Camino. La reunión, en la que también estuvo presente el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, no aportó novedades destacadas de contenido, y se enmarca en la necesidad que tiene el Gobierno de enfriar los conflictivos frentes abiertos con diferentes sectores sociales, entre los que se encuentra la Iglesia católica, que tiene, por su parte, un gran interés en dialogar. En cualquier caso, el encuentro es un hecho extraordinario porque se trata del primero de carácter general y de alto nivel entre ambas partes desde que José Luis Rodríguez Zapatero llegó al ejecutivo en abril de 2004.

Este contacto oficial entre la número dos de Rodríguez Zapatero y el número dos de la Iglesia española no se entiende sin mirar a la agenda de los próximos días. El hecho de que la reunión se haya producido menos de una semana antes de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, donde se renovarán casi todos los cargos, no parece casual. El ejecutivo, al elegir esta fecha y no otra después de la Asamblea Plenaria de los obispos prevista para la semana que viene, está favoreciendo la candidatura del cardenal Antonio María Rouco a la reelección para un tercer mandato como presidente de la Conferencia Episcopal. Cabe recordar que, al ser la tercera vez que se presenta, el arzobispo de Madrid necesita una mayoría de dos tercios para salir elegido, mientras que, en las dos ocasiones anteriores, le bastó la mitad más uno de los votos, de acuerdo con los estatutos del organismo.

Otro aspecto clave para interpretar la reunión es la vigencia de los Acuerdos Iglesia-Estado vigentes desde 1979. Aunque desde el ejecutivo se insiste en que no se revisarán en esta legislatura a pesar de las declaraciones públicas de varios ministros proponiendo lo contrario, cabe destacar que la agenda tiene en el próximo otoño una fecha para formalizar la renovación regular y ordinaria del Concordato, fórmula prevista en el propio Tratado. El tema no se trató en la reunión del miércoles, por lo que no parece probable que el gabinete de Zapatero piense proponer cambios de cara a esa cita. En cualquier caso, la Iglesia ha visto satisfecho, con este contacto directo con el Gobierno, su deseo de llegar a otoño en las mejores condiciones posibles de cara a una renovación de los Acuerdos.

Tanto los representantes gubernamentales como los eclesiales coincidieron a la hora de manifestar su intención de mantener “unas relaciones correctas y fluidas”. También aseguraron que la entrevista se desarrolló “en un clima de cordialidad”. Según el comunicado conjunto del Gobierno y el Episcopado, las personas reunidas “han hecho un repaso de los contactos que se han venido manteniendo, a lo largo de los últimos meses, entre distintos miembros del Gobierno y responsables de la Conferencia Episcopal”. La nota también explica que “dichos contactos han permitido abordar cuestiones de interés común y son el reflejo del deseo que existe por ambas partes de fomentar el diálogo constructivo”.

Focos de tensión

En los últimos 10 meses, las relaciones entre el Gobierno español y la Iglesia católica han tenido varios focos de tensión, entre los que destacan dos proyectos de ley aprobados ya en Consejo de Ministros y enviados a las Cortes: la reforma de la Ley del Divorcio de 1981, que permite acelerar el proceso al suprimir la obligatoriedad del período previo de separación, y la reforma del Código Civil para permitir que dos personas del mismo sexo puedan casarse. Además, acaba de anunciarse la tramitación de una nueva Ley de Reproducción Asistida, que permite implantar más de tres óvulos y, por tanto, acumular más embriones, y se ha promovido desde el propio ejecutivo una campaña con el objetivo de preparar el terreno de cara a futuras iniciativas legislativas para legalizar la eutanasia y ampliar la actual ley despenalizadora del aborto.

Por otro lado, el gran punto de conflicto, pendiente de resolución desde hace años y con anteriores gobiernos, es la situación de la clase de religión católica dentro del sistema educativo. De momento, las propuestas para el debate, presentadas en septiembre por la ministra de Educación de cara a la próxima reforma, no contemplan ni que la asignatura confesional sea evaluable ni que tenga alternativa en las mismas condiciones. A pesar de ello, el presidente Zapatero ha recordado hace pocos días que su Gobierno garantizará el mandato constitucional de respetar la libertad de los padres a la hora de elegir una materia de acuerdo con sus creencias. Ello contrasta con la actitud mantenida, en las últimas semanas, por la Generalitat. El Gobierno tripartito catalán ya ha acordado formalmente suprimir totalmente la asignatura para sustituirla por una no confesional igual para todos los centros, públicos y concertados.

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