La Rioja planta cara a Educación y reconoce el derecho constitucional a objetar EpC

Tras las vacaciones estivales y a punto de comenzar el nuevo curso escolar, que contempla la obligatoriedad de impartir en toda España Educación para …

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Tras las vacaciones estivales y a punto de comenzar el nuevo curso escolar, que contempla la obligatoriedad de impartir en toda España Educación para la Ciudadanía (EpC), la Rioja es la primera comunidad que reconoce el derecho constitucional de los padres a objetar la polémica asignatura.

 

La Consejería de Educación riojana, mediante resoluciones notificadas el 29 de agosto a los padres objetores, ha decidido llevar a cabo una aplicación directa de los artículos 16 y 27 de la Constitución, reconociendo el derecho de los padres a objetar al conjunto de asignaturas de EpC.

 

Según informa Profesionales por la Ética (PPE), los alumnos afectados quedan así formalmente exentos de asistir a las clases y de ser evaluados, amparándose en el derecho constitucional a la objeción de conciencia.

 

Las resoluciones dictaminadas por el Gobierno de La Rioja declaran a cada una de las alumnas objetoras “exenta del deber de asistir a las clases de las asignaturas englobadas bajo el término Educación para la Ciudadanía y de ser evaluada de las mismas”, tal como se puede observar en la Resolución adjunta a esta información.

 

“Amparado por los Tribunales de Justicia”

 

Las resoluciones de la Consejería de Educación empezaron a ser notificadas el pasado 29 de agosto, de manera individual, a los padres objetores. En ellas, la Administración riojana rectifica su anterior postura por la que se declaraba incompetente para declarar directamente este derecho de los padres.

 

Ahora la Consejería acepta expresamente, sin dejar a un lado algunas cautelas formales, que el derecho a la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía ha sido ya “directamente reconocido y amparado por los Tribunales de Justicia”, por lo que, “de acuerdo con una reiterada doctrina del Tribunal Constitucional”, procede “acoger la solicitud planteada”.

 

La Consejería asegura que ha tomado esta decisión “en congruencia con los pronunciamientos en sede judicial que han venido a reconocer el derecho a la objeción expresada por los padres, llegando el tribunal juzgador a eximir a sus hijos del deber de cursar la asignatura”.

 

La Rioja es, con Andalucía, Aragón y muy recientemente Castilla-La Mancha, una de las cuatro Comunidades en cuyos tribunales ya se han dictado fallos judiciales favorables a la objeción de conciencia a EpC.

 

En concreto, La Rioja acumulaba 21 sentencias en las que el Tribunal Superior de Justicia da la razón a los padres, al declarar que la nueva asignatura impone una concepción moral e ideológica que supera los límites constitucionales y que, por lo tanto, conculca la libertad de conciencia de los padres.

 

Cabe destacar también que hay comunidades que ignoran expresamente el amparo a la objeción de conciencia de los padres que ya reconocen los tribunales, como es el caso de la Junta de Castilla y León.

 

Al filo del mes de agosto y a punto de empezar sus vacaciones, los padres objetores de esa comunidad empezaron a recibir una “Orden” de la Consejería de Educación por la que se rechaza su declaración de objeción en relación a EpC “por tratarse de una asignatura que el Estado configura como obligatoria”.

 

En el texto que recibieron los padres se niega explícitamente que exista un derecho constitucional a la objeción de conciencia, a pesar de las numerosísimas sentencias dictadas por los tribunales superiores de Justicia que avalan ese derecho.

 

Más de 44.000 objeciones

 

Mientras tanto, las resoluciones de La Rioja fueron recibidas con gran satisfacción por el movimiento objetor a EpC, que suma ya más de 44.000 objeciones en toda España y que comprueba como poco a poco su reclamación de libertad de conciencia va siendo admitida.

 

Para Ana Lomas, presidenta de la Plataforma de padres “La Rioja Educa en Libertad”, “la decisión de nuestra Consejería de Educación implica un compromiso claro y valiente con los derechos fundamentales de los ciudadanos y con la libertad de educación”.

 

“Era muy importante que por fin y frente al discurso autoritario y estatista de una buena parte de los responsables políticos, una Administración reconociera, con hechos y no sólo con buenas palabras, este espacio inviolable de libertad y pluralismo”, añade.

 

Al mismo tiempo, fuentes de PPE también han valorado muy positivamente las resoluciones del Gobierno de La Rioja. Jaime Urcelay, su presidente, considera que “estas resoluciones representan un avance fundamental desde el punto de vista de los derechos cívicos, al confirmar que la Constitución y las libertades en ella consagradas están por encima de las leyes de los gobiernos de turno, sea cual sea su color político”.

 

“Ahora lo importante es que el resto de Administraciones educativas sigan cuanto antes el mismo camino que La Rioja. Los padres sólo estamos pidiendo que se respete algo tan elemental como es nuestro derecho a elegir libremente la educación moral de nuestros hijos”, defiende.

 

“Es una cuestión de respeto y libertad. No queremos imposiciones ideológicas ni manipulación de conciencias en la escuela; queremos educar a nuestros hijos en libertad”, concluye el presidente de Profesionales por la Ética.

 

“Los padres necesitamos hechos”

 

Por otra parte, los padres objetores madrileños, a pesar de manifestarse satisfechos con las recientes declaraciones de la Consejera de Educación, Lucía Figar, en las que garantiza el respeto por parte de su administración a “los derechos de conciencia” de los padres objetores, piden que se pase de las palabras a los hechos.

 

La Comunidad de Madrid ha mostrado en reiteradas ocasiones, desde la Consejería principalmente, pero también la propia Presidenta Esperanza Aguirre, su respeto a los padres que entienden que la asignatura es inaceptable por ser adoctrinante y obligatoria.

 

Sin embargo, Mª Ángeles Eyries, coordinadora de la campaña de objeción de PPE en Madrid, considera que“los padres necesitamos no sólo declaraciones sino hechos. Hace ya más de un año que se están produciendo declaraciones de este tipo pero no ha habido, hasta la fecha, ningún hecho que las respalde”.

 

“Los padres madrileños necesitamos que se admita oficialmente y por escrito la objeción a que nuestros hijos cursen el grupo de asignaturas de Educación para la Ciudadanía de manera que no estén obligados a cursarlas ni sean evaluados en las mismas. Pero también es necesario que se nos comunique a nosotros y a los centros, cuanto antes, cómo proceder con esos alumnos en esa hora de clase”, añade.

 

La Comunidad de Madrid ha registrado el mayor número de objeciones de conciencia en España, 11.531, y se sitúa a la cabeza del movimiento objetor con 9 plataformas de padres constituidas este año.

 

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