La Televisión “pública”: una propuesta desde la subsidiariedad

El presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, acaba de proponer en las Cortes una reforma de la Ley Audiovi…

El presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, acaba de proponer en las Cortes una reforma de la Ley Audiovisual que permitirá, a imitación de Francia, recortar los ingresos publicitarios de las televisiones públicas. Inmediatamente, los empresarios de Televisión privada han aplaudido la medida, pues esta satisface lo que vienen reclamando desde hace tiempo.

En el fondo del problema, existe un debate no pacífico acerca de si es legítima la existencia de la televisión pública o, siendo más precisos, estatal (pues públicas al fin y al cabo son todas las que están al servicio del público gratis, es decir, también las no estatales). En este debate salen siempre a relucir dos problemas básicos: el de su financiación y la necesidad de mantener este servicio; y por otra parte, la cuestión de la legitimidad del Estado para controlar un canal de televisión financiado por impuestos, es decir, coactivamente. A ellos, debemos unir actualmente el problema grave de supervivencia económica en que están entrando con la crisis muchos medios, y que ha propiciado el anuncio gubernamental.

Frente a estas cuestiones, suele haber dos posturas: la estatalista, partidaria de cargar este gasto al contribuyente y mantener una televisión pública que se considera esencial; y la liberal, que postula que hay que limitar el poder del Estado (como dijo Lord Acton, el poder corrompe y si es absoluto corrompe absolutamente, de ahí la necesidad de limitarlo) y, por tanto, privarle de televisión, de modo que sean los ciudadanos los que, teniendo el dinero en sus bolsillos, decidan en qué lo quieren emplear, si en una televisión estatal (que, de existir, debería ser solo para quienes quieran libremente pagarla) o en otra cosa (por ejemplo, en suscribirse a canales digitales o por cable). La propuesta liberal, por tanto, conduciría a una total privatización. La estatalista, que es la que triunfa, lleva ala propagación de la televisión estatal. Como postura intermedia, podríamos destacar la seguidora del principio de subsidiariedad (que postula la Doctrina Social de la Iglesia), según el cual el Estado sólo haría Televisión en caso de no prestarse ese servicio por la sociedad y el mercado libremente. Aplicando esta tesis, sólo tendría sentido la Televisión estatal en un país sin empresas capaces de gestionar una Televisión. A lo sumo, sólo tendría sentido en caso de que la Televisión libre o no estatal no prestase el servicio público propio del ente estatal (así retransmisión de eventos de interés general, programas culturales, etcétera).

Sin embargo, en la España actual, el debate no puede ser planteado en términos de TV estatal sí, TV estatal no. Y no puede ser planteado así, pues el problema hoy no es un canal estatal, sino que son cinco generales (La 1, La 2, 24horas, Teledeporte, Clan TVE), dos autonómicos por zona y la amenaza de uno municipal en algunos lugares. Por ello, creo que lo razonable sería buscar un punto de equilibrio que, con inteligencia, permitiese limitar el poder del Estado (cuya cuota de pantalla supera el 50%, que se dice pronto) sin suprimir la televisión estatal y haciéndola rentable, y sobre todo evitando que el Estado abarque el 50% del mercado televisivo, compitiendo con pérdidas e impuestos frente a operadores que sólo tienen la publicidad y que por ello ven constantemente amenazada su supervivencia.

Por ello, una propuesta interesante sería limitar la posibilidad de que el Estado tenga televisión a un solo canal (en nuestro caso la 1 de TVE), privatizando el resto y limitando por ley la creación de nuevos canales por cualquier Administración sea esta general, autonómica o local. Dado que solo hay un canal y tres Administraciones, ceder a las CCAA la gestión de los centros territoriales y posibilitar que los Ayuntamientos creen centros locales. Hecho esto, dividir las 24 horas entre las tres administraciones en cómputo semanal, para que todas tengan algún día prime time. De este modo, se limitaría el share estatal al que pueda conseguir un solo canal (en la actual coyuntura, menos del 15-20%). Y sobre todo se impediría una monopolización de las redes de información por el Estado y se seguiría un criterio eficiente, razonable y que, sin eliminar el servicio que hoy da la Televisión estatal, dejaría espacio al mercado, y respetaría el justo medio de la subsidiariedad.

Cuestión complementaria, sería la de la financiación. Pero como habríamos reducido el problema, este sería tan pequeño, que lo que hoy es un problema dejaría de serlo, y la “competencia desleal” (en expresión del sector privado) de las televisiones estatales, no causaría la crisis que ha dado lugar a la propuesta del Presidente.

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