La Virgen del Carmen y la ministra Chacón

La no asistencia de la Ministra de Defensa, Carme Chacón, a la entrega de despachos de los guardiamarinas de la Escuela Naval de Marín sigue levantand…

La no asistencia de la Ministra de Defensa, Carme Chacón, a la entrega de despachos de los guardiamarinas de la Escuela Naval de Marín sigue levantando polémica.

La causa parece que estribó en la misa que cada 16 de julio honra a la Virgen del Carmen, patrona de la Marina.

Es evidente el compromiso del Gobierno con la promoción del laicismo. Y los actos oficiales constituyen un buen paradigma: en ellos suelen mezclarse tradiciones y símbolos religiosos.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa no estamos ante un problema de laicidad o laicismo –al menos de momento–, sino del uso que de su libertad hace la ministra.

La libertad se ejerce bajo dos vertientes, ambas dignas de respeto: la positiva o la negativa.

Ella podía haber acudido a la misa como creyente y como ministra, o simplemente como ministra. Pero optó por no participar en un acto oficial de contenido religioso.

Obligarla contra su conciencia (agnóstica o atea) a asistir hubiera sido vulnerador de su libertad negativa.

Cuestión distinta es la conveniencia política de asistir a actos de este tipo. Hay cargos públicos que, sin ser católicos, acuden por motivos electorales. Y otros, por idénticas razones, deciden abstenerse.

Chacón ha ejercido su libertad protegida por la Constitución.

Hay otros ejemplos. La sentencia 101/2004, de 2 de junio, del Tribunal Constitucional, amparó a un policía que había apelado a su conciencia para no desfilar en una procesión religiosa.

El Tribunal reconoció que “el servicio […] dudosamente puede calificarse de policial”. Y señaló que:

“el recurrente pretendía hacer valer la vertiente negativa de la libertad religiosa frente a lo que consideraba un acto ilegítimo de intromisión en su esfera íntima de creencias, y por el que un poder público, incumpliendo el mandato constitucional de no confesionalidad del Estado (art. 16.3 C.E.), le habría obligado a participar en un acto, que estimaba de culto, en contra de su voluntad y convicciones personales.”

Estamos ante “un servicio especial cuya principal finalidad no es garantizar el orden público, sino contribuir a realzar la solemnidad de un acto religioso de la confesión católica, como es la procesión de la hermandad tantas veces citada.”

En último lugar, se afirma que “son claras las implicaciones de tipo religioso de la participación en dicho servicio, implicaciones que fundamentan sobradamente la negativa de quien no profese la religión católica a tomar parte en manifestaciones de culto de dicha religión, como es desfilar procesionalmente.”

El principio de laicidad no excluye la celebración de actos o ceremonias religioso/institucionales; ni tampoco que se anulen los vínculos que unen a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad con asociaciones, órdenes o entidades religiosas.

Esta misma sentencia, en su fundamento jurídico 5, así lo reconoció, confirmando una línea jurisprudencial inaugurada con la 24/1982, de 13 de mayo.

En nuestro modelo de derechos y libertades, debe respetarse la objeción de conciencia de los militares, policías y cargos públicos que no deseen participar en esta clase de celebraciones o ceremonias.

Decía más arriba que Chacón fue coherente con el ejercicio de su libertad. El problema es que la pone al servicio de un ideario que, de hegemonizarse siguiendo su propia lógica, podría cercenar la libertad de los católicos que sí deciden participar en actos oficiales de contenido religioso.

Por ello es de esperar que, teniendo en tan alta estima su libertad de conciencia, la ministra sea igual de respetuosa con los que piden ejercerla en su vertiente positiva.

Una cosa es negarse a acudir como invitada a los actos religiosos del Ejército, y otra muy distinta pretender impedirlos por razones políticas. Llegado el caso, eso sería laicismo.

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