Las clínicas abortistas se ven forzadas a cumplir la ley: los escándalos las obligan

Las clínicas abortistas españolas se han visto forzadas a cumplir la ley y a cuidar su forma de actuar en los procesos que entrañ…

Las clínicas abortistas españolas se han visto forzadas a cumplir la ley y a cuidar su forma de actuar en los procesos que entraña gestionar los abortos. Los cambios, que estos centros se han visto obligados a hacer, se han precipitado a raíz de la polémica abierta por el centro abortista Isadora que arrojaba a la basura restos de fetos desmembrados y datos de las madres que abortaban al alcance de cualquiera.

Estas irregularidades en el cumplimiento de la norma sucedía en la mayoría de clínicas abortistas como lo demuestran los casos de Isadora, Bosque y Dator de Madrid, y las clínicas barcelonesas de la trama Morín que trataban a los fetos abortados como residuos tirándolos a la basura o realizaban abortos ilegales fuera de los plazos previstos por la ley.
Este hecho además de mostrar su escasa sensibilidad pone de relieve el incumplimiento de la ley ya que la misma estipula que no se pueden tratar así los restos humanos. La ley dice que los restos humanos de entidades suficientes deben de ser transportados por una empresa funeraria con unos recipientes destinados a tal uso y en un transporte funerario adecuado. Esto es así en reconocimiento de la dignidad humana.
Esta forma de proceder no se venía realizando por parte de las clínicas abortistas por dos hechos. El primero es que el proceso es caro porque deben contratar un servicio de transporte, tener las cajas especializadas para tal efecto, etcétera. La segunda razón es porque el servicio se debe hacer de noche lo cual incrementa el coste de horarios con sus trabajadores. La recogida se hace de noche porque no quieren que a plena luz del día las mujeres que van a abortar vean salir cajas de fetos malogrados en un transporte funerario.
El juez ideólogo de la clínica Isadora
Un episodio que ha llamado recientemente la atención ha sido el caso del juez que instruye el caso de la abortista Clínica Isadora que hizo públicas las diligencias previas de la causa, unas diligencias que están profundamente marcadas por ideología pro aborto y contraria a la vida, y que ataca duramente la labor de la Guardia Civil en el proceso.
El caso es sabido: en marzo de 2007 se destaparon las numerosas irregularidades que la clínica abortista Isadora de Madrid estaba llevando a cabo. Restos de más de cien fetos –algunos probablemente de más de 22 semanas-, trozos biológicos de aspiraciones, deshechos clínicos, datos de las madres con teléfonos y nombre completos: todo tirado en la basura al alcance de cualquiera. Ahora el magistrado que instruye el caso saca a la luz el polémico auto previo a la instrucción.
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