Las clínicas de la ACAI y el aborto como negocio

Es una evidencia que el aborto en España se ha convertido en un magnífico negocio para aquellos que lo practican. Los datos que figuran en el sumario …

Forum Libertas

Es una evidencia que el aborto en España se ha convertido en un magnífico negocio para aquellos que lo practican.

Los datos que figuran en el sumario del caso Morín lo demuestran claramente. Un colaborador suyo sin título de ginecólogo percibía, según sus propias declaraciones por teléfono, un mínimo de 5.000 euros al mes que podían llegar en diversas ocasiones a los 8.000.

Si éste es el resultado de un colaborador es fácil inferir lo que puede representar para el propietario del negocio. Estas circunstancias se ven facilitadas por la impunidad con que estas clínicas vienen funcionando que se extiende hasta el ámbito fiscal.

A pesar de que existen datos en abundancia de que una gran parte de los pagos se hacen en metálico, nunca Hacienda ha realizado en estas clínicas uno de esos peinados fiscales  sistemáticos que hace con frecuencia en otros ámbitos de la actividad económica.

El núcleo más organizado de estas clínicas lo constituye la ACAI, Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, que preside la señora Eva Rodríguez Armario y que tiene como portavoz al doctor Santiago Barambio, que a su vez participa en las clínicas TUTOR.

El hecho de que la justicia haya actuado en el escandaloso caso del doctor Morín, en Barcelona, y haya abierto un par de actuaciones en Madrid, ha llevado a esta organización a clamar al cielo, hablando de “persecución” aprovechando “la ambigüedad de algunos ordenamientos jurídicos”, como describía en El País –valuarte mediático de este negocio-, la señora Eva Rodríguez.

No deja de ser curioso que se refieran a la ambigüedad legal quienes están bajo la sospecha de utilizar el supuesto de peligro grave para la salud de la madre como un coladero de abortos presuntamente ilegales.

El caso Morín sería el ejemplo más escandaloso, pero hay otros más pendientes de aclaración. Por ejemplo la denuncia del psiquiatra Cañellas en el sentido de que la clínica donde trabajaba en Girona, Clínica Aragón, le obligaba a modificar los dictámenes sobre la salud de la madre. [NOTA: este párrafo es inexacto y ha sido comentado y rectificado posteriormente AQUÍ].

Precisamente para no incurrir en esta ambigüedad, E-Cristians ha cursado un requerimiento al doctor Barambio para que precise si sus opiniones vertidas en una ponencia sobre la situación legal del aborto en España, así como una serie de declaraciones concretas formuladas en los periódicos, se ajustan a la interpretación vigente en esta materia.

El requerimiento no tiene otro fin que ofrecer a quien se ha manifestado la posibilidad de precisar los malos entendidos, o por el contrario reafirmar que no son tales. En definitiva clarificar la posible ambigüedad antes de emprender acciones jurídicas más contundentes relacionadas con el aborto ilegal.

En este mismo sentido es interesante la capacidad para crear confusión e impedir el ejercicio de la ley por parte de los miembros del negocio abortista.

Así la Sra. Eva Rodríguez no tiene ningún empacho en afirmar como título de su artículo Ofensiva contra el derecho al aborto”. Extraño derecho sería éste que está contemplado en el Código Penal como delito, penado con cárcel.

En realidad en todo el mundo occidental, con variaciones más o menos generosas ocurre así. En ningún lugar de este mundo hay “derecho” al aborto. Allí donde son más liberales en las condiciones, caso de Holanda, también son muchísimo más duros con los infractores.

En Holanda no existe propiamente dicho el aborto como delito sino que si se transgrede el término que permite la ley abortar, la mujer es perseguida por asesinato, por infanticidio. "Infanticidio": es el término exacto que empleaba la fiscalía de los Países Bajos, en un caso relacionado precisamente con el Doctor Morín.

Resulta del todo inaceptable que existan negocios que intenten evitar por todos los medios que la ley se aplique a sus actividades. La que rige el aborto, en primer término, pero también las materias en el ámbito sanitario, de inhumación de cadáveres, laboral, y fiscal.

La coartada “de la pobre mujer que aborta” no puede servir para justificar la infracción sistemática de la ley, precisamente la mejor garantía para la mujer, es que el funcionamiento de esta actividad esté absolutamente regulado y controlado.

Y esto significa en esencia, dos cosas: Primera, la aplicación de las normas existentes sin paliativos ni excusas, por extensión ello debe obligar a los gobiernos a actitudes de extraña tolerancia o incluso de regulaciones contrarias a la dignidad humana y absolutamente contradictorias, para facilitar el negocio de estas clínicas.

Se trata del proyecto de decreto de Sanidad, que consideraría un simple residuo a los fetos humanos. Algo simplemente monstruoso. Y segunda, y determinante, los abortos solo deberían poderse realizar en centros públicos y con mecanismos de control profesionales e independientes.

La actividad privada no tiene nada que hacer en este terreno. Aquellos que exigen con muchos menos motivos una sanidad o escuela única, pública y gratuita, deberían añadir, una tercera reivindicación: la del aborto. Claro que esto significaría pérdidas millonarias para quienes se lucran de este daño.

Y significaría, otro resultado asimismo positivo, una caída radical del número de abortos que se producen en España. Un paso concreto y viable a corto plazo, en el buen camino.

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