Las extrañas propuestas del único fiscal en Europa especializado en la lucha contra la homofobia

Recientemente Galicia ha aprobado la ‘Ley por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e …

Recientemente Galicia ha aprobado la ‘Ley por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia’. Una Ley cuya esencia otorga una serie de privilegios al colectivo homosexual por encima del resto de los ciudadanos. La Ley, que ya está en vigor, se aprobó en el Parlamento gallego el 8 de abril se 2014 y constituye una Ley insólita en Europa

Pero esa ley, que constituye una excepción en Europa, no es una excepción en España. Diferentes comunidades autónomas están preparando leyes similares. Es el caso de Cataluña, que cuenta con la única Fiscalía en Europa especializada en la lucha contra la homofobia.

En un escenario en el que se están aprobando ese tipo de leyes, que cuenta con proyectos similares en Andalucía, País Vasco y la Comunidad Valenciana el homosexualismo político se ha anotado un nuevo tanto con las extrañas propuestas por el titular de la citada Fiscalía, Miguel Ángel Aguilar.

Aguilar compareció ante la Comisión de Igualdad de las Personas este 5 de marzo de 2014 como fiscal coordinador del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona en relación a la Ley favorable al colectivo LGTBI que proyecta el hemiciclo catalán titulada ‘Proposición de ley de derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia’.

En su comparecencia, Aguilar afirma que esa nueva ley se hace necesaria, ya que en la actualidad muchas acciones discriminadoras “quedan impunes porque en estos momentos la única herramienta que tenemos para luchar contra la discriminación es el Código penal”. Además, el fiscal considera que si bien es cierto que en España “es bueno en cuanto a reconocimiento de derechos”, también considera que son insuficientes “los instrumentos jurídicos para la protección”. Por ello considera la ley “necesaria”.

Aguilar considera que esta ley debería tener en cuenta los principios de Yogyakarta sobre la aplicación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. También cita el manual que aprobó en 2010 la Unión Europea para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. También cita e Consejo de Europa, Amnistía Internacional o el frustrado Proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y no Discriminación del ex presidente Rodríguez Zapatero.

También pide incluir en el proyecto de ley la discriminación por asociación –sin necesidad de ser homosexual, pero sí por esa causa-, la discriminación por error –a una persona que no es homosexual, pero que ha sido motivado por ese supuesto- y la discriminación múltiple –para poder sumar diferentes discriminaciones que se den a la vez-. Además pide endurecer la cláusula general antidiscriminatoria, pues la considera “bastante ligera”. Su propuesta es: “Queda prohibida toda disposición, conducta, acto, criterio o práctica que atente contra el principio de igualdad”. De aprobarse una afirmación así dejaría en una situación de inseguridad jurídica a diferentes colectivos, por ejemplo a los católicos ya que, ¿quién decide lo que atenta contra el principio de igualdad? ¿Entraría eso en conflicto con el dogma cristiano de rechazo a la práctica sexual entre personas del mismo sexo?

También pide “medias de acción positiva”, es decir, “medidas tendientes a prevenir, eliminar o compensar de cualquier forma de discriminación a las personas que están en una situación inferior”. De nuevo, entraríamos en un terreno interpretativo y ambiguo, de difícil resolución para jueves y abogados.

La inversión de la carga de la prueba

Además, el fiscal antidiscriminación pone énfasis en que “tiene que quedar claro el principio de inversión de la carga de la prueba”. Según este principio, se elimina en estos casos la presunción de inocencia. Es decir, no es el denunciante el que tiene que demostrar la culpabilidad del denunciado, sino que es el denunciado el que debe demostrar su inocencia.

Este principio ya se aplica en terrenos como el ámbito laboral para no perjudicar al más débil, pero en esta situación carecería de sentido. A pesar de eso ya se contempla en el proyecto de ley y vuelve a dejar inseguro jurídicamente al objeto de presunción de culpabilidad.

Asimismo, Aguilar pide una formación específica “del personal que ha de atender a las víctimas”. Es decir, a la policía autonómica, al personal médico, el personal de seguridad privada, funcionarios de prisiones, además de todo el funcionariado. Y lo pide de tal modo que esa formación sea “obligatoria”.

Con respecto al tema de salud pide que la ley contenga lo relativo a los “menores transexuales”. También pide mayor precisión en el tema de las familias, sobre todo en lo que concierte a los procesos de adopción que pide que sean más “transparentes”, y que los funcionarios encargados de estos procesos de selección “reciban formación especializada en la diversidad de las familias” y que los recursos puedan plantearse por vía administrativa para acelerarlos. También pide que las entrevistas con los candidatos a padres de un niño adoptado sean filmadas “a fin de evitar cualquier sospecha e discriminación”.

En cuanto a la reserva del derecho de admisión pide “garantizar que no se impida a una persona el acceso a un establecimiento o a cualquier tipo de actividad por razón de orientación sexual e identidad de género”. Y pide específicamente la “prohibición expresa” de la convocatoria de “cualquier tipo de espectáculos, conciertos, conferencias, actos públicos que tengan por objeto la incitación al odio, la violencia o la discriminación contra el colectivo LGTBI, sin perjuicio de que los hechos pudieran ser constitutivos de delito”. Una afirmación que vuelve a incurrir en la desprotección de los que no están de acuerdo con la visión de las teorías de género, como pueden ser algunas religiones, que se deben atener a lo que se interprete por “discriminación” contra el colectivo LGTBI.

Para que la estadística sea más abultada en lo que a discriminación contra este colectivo se refiere, pide también que la recopilación de sentencias “no solamente sean de agresiones sino de cualquier tipo de hechos delictivos” en pro de la “garantía estadística”.

También se emplaza a la administración pública a hacer “de forma sistemática” estudios sociológicos que “permitan aflorar la cifra sumergida de hechos delictivos o de situaciones de discriminación no delictivas”.

Con respecto a los órganos pide nuevas instituciones que ejerzan en este ámbito con los recursos públicos: pide una dirección general adscrita a la Presidencia, y una agencia catalana contra la discriminación para poner sanciones. Además, ese órgano regulador pide que “sea un organismo público, con personalidad jurídica propia, con plena capacidad pública y privada, y a demás tiene que actuar con plena independencia y autonomía orgánica y funcional”.

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