Las fuerzas de seguridad, ‘obligadas’ a expulsar inmigrantes y a registrar ilegalmente

“¿Dónde está el talante de Zapatero?” Esta es la pregunta que parece hacerse la Guardia Civil ante las instrucciones que recibe “desde arriba” para so…

“¿Dónde está el talante de Zapatero?” Esta es la pregunta que parece hacerse la Guardia Civil ante las instrucciones que recibe “desde arriba” para solucionar, en parte, la entrada masiva de inmigrantes y para proceder a registros ‘íntimos’ de delincuentes detenidos. Ambas prácticas son contrarias a la ley y, sin embargo, son realizadas por miembros de las fuerzas de seguridad siguiendo las indicaciones del Ministerio del Interior.

 

“Va contra la ley, pero seguimos órdenes de arriba”, afirma un agente destinado desde hace muchos años en Ceuta para justificar la expulsión de inmigrantes que se está practicando por las puertas de las vallas de Ceuta y Melilla. Al mismo tiempo, la última instrucción de Interior referente a cacheos a delincuentes incluye la autorización a introducir las manos u otros objetos “en las partes pudendas o íntimas, puestas al descubierto” tras el “desnudo integral del detenido”.

 

Saltan la valla y vuelven por la puerta

 

Ante la avalancha de inmigrantes que acaban saltando las vallas de Ceuta y Melilla para intentar entrar en territorio español, son frecuentes los casos en los que agentes de la Guardia Civil expulsan directamente al otro lado a los que atrapan. Con riesgo de perder su vida saltan el ‘muro’, pero una vez lo han conseguido les hacen volver por la puerta. Así lo han confirmado agentes del instituto armado, vecinos del entorno del perímetro y los propios inmigrantes.

 

Sin embargo, a pesar de conocer que este tipo de actuaciones es contrario al nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, que en su artículo 157 dice textualmente que todo aquel que sea interceptado por las fuerzas del orden después de haber accedido a España de forma irregular debe ser trasladado a la comisaría de Policía más cercana. El texto legal, pues, no contempla la posibilidad de una expulsión automática, aunque el inmigrante se encuentre en el pasillo intermedio de las dos vallas.

 

Algunas ONG presentes en la zona también han denunciado estos hechos, por considerar que suponen una extralimitación en las funciones propias de la Guardia Civil. Es necesario contar con una orden judicial para proceder a la expulsión inmediata, argumentan estas organizaciones.

José Palazón, de la Asociación Prodein, fue testigo en la noche del pasado 20 de septiembre de cómo un grupo de subsaharianos que saltaron la primera de las vallas en los pinares de Rostrogordo, en Melilla, fue entregado por los agentes españoles al puesto de las Fuerzas Auxiliares de Marruecos.

 

Mientras se suceden estos hechos, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, asegura que “el Gobierno trabaja intensamente con las autoridades marroquíes para conseguir por primera vez que se le pueda devolver en frontera a ciudadanos de nacionalidades distintas a la suya”.

 

Desnudos ante la ley

 

Por otra parte, la última instrucción del Ministerio del Interior con respecto al registro de delincuentes recomienda a policías y guardias civiles realizar reconocimientos que son contrarios a la ley y a la dignidad de las personas siempre que no encuentren otra fórmula que “produzca una menor vulneración de sus derechos fundamentales”. Esos registros incluyen la utilización de manos u otros objetos para introducirlos en las partes íntimas de los detenidos desnudos; desnudos ante el agente del orden y desnudos ante la ley, que supuestamente les protege de este tipo de actuaciones.

 

Ante estos hechos, la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC) presentó el pasado 30 de septiembre ante el Defensor del Pueblo un escrito de queja contra el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, que fue quien firmó la controvertida instrucción. La denuncia argumenta que la ley sólo permite “la limitación de los derechos fundamentales, pero nunca la vulneración de estos derechos”.

 

Según la ASIGC, la instrucción de Camacho vulnera los derechos fundamentales y constitucionales de estas personas cuando son investigadas o detenidas por un delito. Normalmente, estos registros se practican con relativa frecuencia en casos de detenciones por tráfico de drogas y también en aquellos que se realizan a delincuentes habituales sobre los que ya existen sospechas, indicios o precedentes de que ocultan armas u objetos punzantes en su organismo.

 

Sin embargo, parece obvio que existen otros sistemas para detectar este tipo de objetos en el interior del cuerpo humano sin necesidad de atentar contra la dignidad de las personas.

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