Legalizar las adopciones en homosexuales: “Responde más a imposiciones políticas que a la resolución de los problemas de la sociedad”

El anteproyecto de ley con el que la Generalitat de Cataluña pretende modificar la legislación vigente en materia de adopciones, que p…

El anteproyecto de ley con el que la Generalitat de Cataluña pretende modificar la legislación vigente en materia de adopciones, que permitiría la adopción de niños por parte de parejas de homosexuales y lesbianas en Cataluña, está levantando ampollas entre un sector importante de la sociedad. La controvertida medida, al igual que ocurre con la futura ley de parejas de hecho que el Gobierno español está elaborando y que contempla también la posibilidad de que los homosexuales puedan adoptar, es rechazada de lleno por una serie de asociaciones, entidades cívicas y colectivos de personas que defienden, por encima de cualquier derecho del adulto, los derechos del menor.

La asociación Juristas Cristianos ha presentado un documento con una serie de alegaciones al anteproyecto de esta ley que la Generalitat quiere aprobar. La entidad, constituida recientemente, pone de manifiesto las dificultades que la regulación de las adopciones por parte de parejas homosexuales y lesbianas, en Cataluña y en el resto de España, puede provocar en futuras adopciones de niños que residen en países con una legislación más restrictiva que la que ahora se pretende aprobar. Unos países que podrían cerrar las puertas de la adopción a las parejas españolas que inicien un proceso de acogimiento en su familia de un niño, como reacción a las posibilidades que la futura ley ofrece a homosexuales y lesbianas.

Para comentar el contenido de las alegaciones que han presentado, nos hemos puesto en contacto con Francisco Pintado, abogado y vocal de la junta directiva de Juristas Cristianos que, además, ha sido uno de los ponentes en la redacción del documento que cuestiona el proyecto de ley. Sus respuestas ayudan a comprender mejor el alcance de la nueva medida de la Generalitat y de las futuras propuestas del Ejecutivo español en ese sentido.

– ¿Qué aspectos fundamentales del proyecto de ley habéis contemplado en vuestras alegaciones y cuáles son los argumentos para rebatir esa propuesta?

En primer lugar, hemos puesto de manifiesto que existe un principio fundamental que preside todo el régimen jurídico de la institución de la adopción, tanto en el ámbito internacional, como en el estatal y autonómico. Este principio es el de la protección y la supremacía del interés del menor frente a otros intereses que pudieran estar presentes. También ponemos de manifiesto que son diversos los estudios que evidencian que un adecuado desarrollo físico y anímico del menor exige la presencia de un modelo psicológico masculino y otro femenino.

Por otro lado, no existe ningún tipo de discriminación para ningún colectivo, porque nadie tiene derecho a adoptar sino que es el menor el que tiene derecho a ser adoptado por una familia idónea. Y, por último, también evidenciamos que la mayoría de países de la Unión Europea no aceptan este tipo de adopciones, como es el caso de Alemania, Francia, Bélgica, etc., así como las graves consecuencias que la nueva regulación que pretende el gobierno puede originar en las cada vez más frecuentes adopciones internacionales, motivando que algunos estados se opongan a que sus ciudadanos menores sean adoptados por catalanes.

– ¿Qué posibilidades crees que tiene el anteproyecto de convertirse en ley?

– Realmente, creo que muy pocas, porque esta iniciativa legislativa se ha hecho totalmente de espaldas a la sociedad catalana, la cual, mayoritariamente, no acepta este tipo de adopciones

– Si fuera así, ¿qué acciones llevaríais a cabo?

Como ya he dicho, no creo que el anteproyecto llegue a consolidarse como norma, pues ha de pasar previamente algunos filtros, como el del Consell Consultiu, el Parlament… Pero, de todos modos, como entendemos que es una cuestión de protección de los más débiles -en este caso los menores-, recurriremos a todas las instancias que el derecho y la ley nos permita para impedir esta iniciativa legislativa, que responde más a imposiciones políticas que a la resolución de los problemas de la sociedad catalana.

– En cualquier caso, ¿cómo valoras la actitud de los movimientos cristianos y de la sociedad en su conjunto ante ésta y otras propuestas de los gobiernos catalán y español que atentan contra la familia y contra los católicos en general?

Muy positivamente. Hoy en día vivimos una etapa de la historia donde los más débiles (los ancianos, los no nacidos, los pobres, los inmigrantes) viven sometidos al capricho de los más poderosos (eutanasia, aborto, prostitución, explotación laboral). es necesario que, dentro de todos aquellos que defendemos el respeto a la vida y la protección de la familia, cada vez seamos más los que levantemos nuestra voz, porque representamos a la mayoría de la sociedad catalana y española.

Desde este punto de vista, valoro muy positivamente las dos concentraciones que han tenido lugar este mes de junio en Cataluña, una promovida por el Pacto por la Vida y la Dignidad y otra por la plataforma Dret a Escollir. El único reproche que se nos puede hacer a todos los grupos que defendemos estos ideales es que no actuemos más coordinados para que nuestra voz suene con más fuerza.

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