Ley de Comercio de Armas: España seguirá vendiendo armas prohibidas bajo el secretismo

El Congreso de los Diputados acaba de aprobar el proyecto de Ley de Comercio de Armas, una reivindicación que los ciudadanos españoles venían haciendo…

El Congreso de los Diputados acaba de aprobar el proyecto de Ley de Comercio de Armas, una reivindicación que los ciudadanos españoles venían haciendo desde hace diez años. Sin embargo, con la nueva ley, España seguirá vendiendo armas prohibidas bajo un secretismo que permitirá ocultar a la ciudadanía los aspectos más escandalosos de ese comercio de armas.

 

La ley aprobada no es la ley del control del comercio de armas, sino la ley que garantiza su descontrol y su ocultación”, afirma en un comunicado Justícia i Pau (Justicia y Paz).

 

La nota difundida por esta organización considera que la nueva ley tiene hasta cinco aspectos negativos que garantizan el secretismo en torno a las exportaciones de armas.

 

Justícia i Pau (JiP) es una entidad cristiana que actúa en Cataluña desde 1968 y su finalidad es la promoción y defensa de los derechos humanos, la justicia, la paz, la solidaridad y el respeto al medio ambiente.

 

Para conseguir estos objetivos, Justícia i Pau sensibiliza e informa a los ciudadanos y, al mismo tiempo, ejerce una presión política sobre instituciones gubernamentales y partidos políticos mediante actividades diversas.

 

El Código de Conducta, vulnerado

 

Según informa JiP, para exportar armas se necesita una autorización administrativa que concede el Ministerio de Industria siempre y cuando exista un informe favorable de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU).

 

La JIMDDU es el órgano que valora que las exportaciones cumplan los requisitos establecidos por la ley y tiene que velar por el cumplimiento del Código de Conducta de la UE, contemplado en la nueva ley.

 

“Este código establece que no deben venderse armas a países sancionados, inestables, en conflicto armado, que vulneren los Derechos Humanos, que no condenen el terrorismo o que tengan un nivel de bienestar delicado”, dice JiP.

 

Siendo esto así, “¿cómo hay que interpretar las exportaciones de armas españolas a Turquía, Arabia Saudita, Marruecos, Ecuador, Colombia, India, Israel, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Singapur, Tailandia, Sri Lanka, Angola, Ghana, Pakistán y Kenia? ¿cómo comprobar que la JIMDDU cumple la ley si sus decisiones y sus actas son secretas?, se pregunta la entidad cristiana.

 

Justícia i Pau denuncia en su comunicado hasta cinco aspectos negativos de la Ley de Comercio de Armas aprobada en el Congreso.

 

1. “No habrá transparencia”

 

“Desde Justícia i Pau entendemos que una verdadera transparencia tiene como condición previa que se prohíba clasificar como secreto de estado el contenido de las actas de la JIMDDU”, considera JiP.

 

La organización añade como primera cuestión que “mientras se mantenga el contenido de dichas actas como secreto de Estado, hablar de transparencia en materia de comercio de armas es una forma de manipulación”.

 

El secreto de Estado en el comercio de armas impide hablar de transparencia y además otorga la cobertura necesaria para ocultar el descontrol existente en el comercio de armas. Un descontrol que la nueva Ley no atajará mientras mantenga sus auténticas causas: el secretismo y los poderes arbitrarios que se otorgan a la JIMDDU”, dice.

 

“Mantener las actas de la JIMDDU clasificadas como secreto de Estado, supone que la información sobre el comercio de armas no puede ser conocida por la opinión pública ni sometida a control parlamentario […] Se han clasificado como secreto de Estado para ocultar a la ciudadanía y al parlamento los aspectos más escandalosos del comercio de armas.”, agrega.

 

2. Sin informe previo ni control

 

Un segundo aspecto negativo de la ley es que “otorga a la JIMDDU el poder de no exigir informe previo ni documentos de control en aquellas exportaciones que se determinen reglamentariamente (artículo 14, apartado 3), aclara JiP.

 

Según su comunicado, “el reglamento vigente le permite a la JIMDDU una libertad total en este sentido, situación que muy probablemente no cambie con el nuevo reglamento”.

 

“La ley no impide que la JIMDDU decida no controlar determinadas exportaciones, poder que podrá utilizar a su libre arbitrio. Si sumamos secretismo y arbitrariedad el resultado no puede ser otro que el descontrol (o falta de control) en el comercio de armas”, constata la nota.

 

3. ¿Qué armas se exportan?

 

La tercera cuestión hace referencia a la información estadística sobre las exportaciones de armas y de qué tipo. “La Ley también obliga al Gobierno a enviar al Congreso de los Diputados información estadística sobre las exportaciones de armas (artículo 16).

 

“El contenido de estas estadísticas es muy deficiente ya que impiden conocer realmente qué armas se exportan. Por ejemplo el informe del 2006 recoge que a Marruecos se han exportado armas por valor de 6.922.200 € dentro por la categoría 4 (bombas, torpedos, cohetes, misiles). Es decir podemos saber el valor de la exportación por país, pero no exactamente el producto, ¿se han vendido minas antipersona?, ¿se han vendido bombas de racimo a alguno de estos países? Esta información no la ofrece el informe del 2006 y no se ofrecerá en los informes de los próximos años”, asegura JiP.

 

4. Usuario final, desconocido

 

El artículo 16 de la ley contempla que el gobierno informará sobre usuario final y la naturaleza pública o privada de la exportación. Según el informe del 2006, por ejemplo, “las exportaciones a Canadá en un 99,61% (del valor de lo exportado) el usuario es privado y el importador es una empresa privada y en el 0,39% el usuario son las fuerzas armadas y el uso es público. Canadá recibió por categoría 4 (bombas, torpedos, cohetes, misiles) armas por valor de 1.031.850 €.”, dice el comunicado.

 

Sin embargo, “resulta alarmante que se hayan podido vender a una empresa privada y para uso privado bombas o misiles y que no podamos saber qué clase de empresa es, a qué se dedica y bajo qué conceptos puede la empresa usar dichas bombas o misiles. ¿Significan dichas exportaciones que empezamos a privatizar la guerra?”, se pregunta Justicia i Pau.

 

“Las estadísticas de exportación no van a incluir datos relativos a los exportadores y a los productos exportados”, asegura.

 

5. Bombas racimo

 

Por último, el quinto aspecto negativo de la ley es que “no prohíbe la fabricación y exportación de bombas racimo, sino que se limita a señalar que el Gobierno promoverá y apoyará las iniciativas nacionales e internacionales para restringirlas y, en su caso, prohibirlas”, continúa.

 

“Aparte del dudoso valor jurídico de esta fórmula, el secretismo existente impide saber si realmente se están exportando bombas racimo”.

 

La conclusión que saca Justicia i Pau de la ley es que, “contrariamente a su denominación, la ley aprobada no es la ley del control del comercio de armas, sino la ley que garantiza su descontrol y su ocultación”.

 

“Nuestra valoración de que esta Ley no va a suponer una mejor práctica de nuestro Gobierno viene avalada por otras políticas que impulsa el gobierno a través de diversos ministerios. No podemos esperar que nuestro gobierno sea escrupuloso en el cumplimiento del espíritu de la Ley si desde diferentes ministerios se llevan a cabo políticas de apoyo a la industria de armamento”.

 

JiP pone como ejemplos “la política de inversión o la política de investigación y desarrollo de nuevas armas, o la participación en proyectos europeos de nuevas armas, o la política de fomento de las exportaciones de armas españolas”.

 

“Parece razonable pensar que no sólo a través de la legislación se regulará la política de exportaciones de armas españolas; sino la forma en que se interpreta y aplica son unas piezas más de la política de fomento de las exportaciones de armas. Prueba de ello son las escasísimas denegaciones de autorizaciones que se producen (16 en 2005 y 3 en 2006, según las estadísticas oficiales)”, concluye Justícia i Pau.

 

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