Ley de Dependencia: ¿quién la pagará en realidad?

La Ley de Dependencia lleva semanas convertida en un tema estelar en los medios de comunicación. Prácticamente todos los periódicos se han ocupado de …

La Ley de Dependencia lleva semanas convertida en un tema estelar en los medios de comunicación. Prácticamente todos los periódicos se han ocupado de ella en diversas ocasiones.

El Gobierno ha hecho múltiples declaraciones hasta llegar al actual anteproyecto conocido por todos los grupos políticos. Toda esta expectación e información es lógica dada la importancia que puede tener la ley. Pero lo que llama la atención y sorprende es que en ningún caso quede claro cómo se va a financiar, mejor dicho quien lo va a financiar.

Y no solo eso, las escasas cifras que facilita el Gobierno aumentan la confusión y hacen temer lo peor: que quien acabe pagando la ley sea, sencillamente, el ciudadano, usted y yo, con una ayuda, eso si, que variará según las Comunidades Autónomas.

Si esto acabara siendo cierto nos encontraríamos ante una estafa descomunal entre las expectativas que se están presentando y la dura realidad. 

Porque lo que se dice -y nadie lo desmiente, ni siquiera la oposición- es que éste será el cuarto pilar del estado del bienestar y tendrá un carácter, por consiguiente, universal como la sanidad y la enseñanza gratuita y, que en todo caso, existirá un copago que, evidentemente como pilar de bienestar debería ser una aportación marginal, pequeña.

Veamos las cifras:

En los planteamientos iniciales, de los que ya nos ocupamos en su momento en ForumLibertas, el coste indicado por el Gobierno era de 9.000 millones de euros al año, en torno al 1% del PIB.

Naturalmente, como el desarrollo de la ley es progresivo durante 8 años, aquella cifra solamente se alcanzaría en su fase final. Lo que ahora nos informan los datos existentes es que el gobierno aportará 13.000 millones en ocho años, esto significa poco más de 1.600 millones al año. Una cifra escandalosamente insuficiente, sobre todo en la medida que avance el coste por un mayor despliegue de la ley.

A su vez, la ley establece que las Comunidades Autónomas aportarán por su parte otros 13.000 millones, lo que equivale a un promedio anual idéntico al anterior.

La suma de estas dos aportaciones significan sólo el 36% del coste anual establecido a partir de su máximo desarrollo, mientras que el 64%, cerca de 6.000 millones, sólo podría correr a cargo de las familias.

En esta primera aproximación queda claro el extraordinario peso que las familias tendrán que soportar y la inexactitud de la afirmación de que constituye un equivalente de lo que sucede en la sanidad o en la enseñanza pública, ambas totalmente gratuitas.

Por otra parte, los recursos de la Administración Central son finalistas y se dirigen exclusivamente a un determinado tipo de prestaciones, la cobertura básica común para todo el Estado, mientras que lo que aportan las Comunidades Autónomas es para establecer sus propios servicios, pero como estas no disponen de una autonomía financiera suficiente para asumir nuevos servicios que establezca el Estado, se puede producir un problema clarísimo de desigualdad.

Unas autonomías podrán superar incluso esta cifra, las mejor financiadas, como sucede con el concierto vasco, y otras les será imposible o, tendrán que detraerlo de otros servicios que ya prestan.

Lo dicho no es una afirmación sino el planteamiento que se deduce lógicamente de lo que se nos vienen explicando y que tiene una única consecuencia: el Gobierno tiene la obligación de aclarar y concretar cómo se va a financiar la ley desde el primero hasta el último año y, todos los siguientes a partir de que alcancen las prestaciones sobre la dependencia, su máximo desarrollo.

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