Licencia para rezar: control sobre centros de culto

El pasado 10 de diciembre se publicó en el núm. 178 del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya el controvertido Projecte de Llei sobre els centre…

El pasado 10 de diciembre se publicó en el núm. 178 del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya el controvertido Projecte de Llei sobre els centres de culte o de reunió amb fins religiosos. A partir de esa fecha se inicia un iter parlamentario que, por lo visto y oído, será objeto de debate.

Las pretensiones del Govern tripartito de legislarlo todo no siempre están justificadas. Y menos cuando se trata del ejercicio de derechos y libertades fundamentales como la religiosa.

No les aburriré acerca de los problemas de técnica jurídica que presenta el texto legislativo. De momento son subsanables. Sin embargo no me resisto a apuntar algunas reflexiones sobre los problemas de fondo.

En primer lugar, esta ley somete la libertad de culto a un férreo control a través de un instrumento discrecional: la licencia administrativa. Se crea ex novo una licencia municipal exclusiva «de uso de centros de culto o de reunión con fines religioso».

En la práctica puede convertirse en un arma para limitar las prácticas cultuales de cualquier confesión, incluso el derecho de reunión en su sentido amplio.

En segundo lugar, la ley restringe indebidamente el ámbito de aplicación a aquellas confesiones inscritas en el Registro de Entidades Religiosas. ¿Qué ocurre con las comunidades –la mayoría islámicas– no registradas? ¿Acaso olvida la Direcció General d’Afers Religiosos que la inscripción es un acto voluntario? ¿Ignora que el ejercicio de los derechos de libertad religiosa es independiente del Registro? ¿Por qué no se aplicará esta ley a las comunidades –la mayoría también islámicas– inscritas en el Registre d’Associacions?

En tercer lugar, la ley interfiere en la autonomía municipal. No queda claro si en el planeamiento urbanístico se impone a los Ayuntamientos la reserva de suelo público para construir iglesias, mezquitas, sinagogas, salones del Reino, etc., o bien para edificar espacios multiconfesionales de gestión local.

En principio la medida no es negativa, ya que facilita la libertad de culto aunque venga de un gobierno comprometido con el laicismo. Sin embargo, el riesgo es que se prioricen los equipamientos religiosos en detrimento de otros, como los educativos, asistenciales, culturales, etc.

Por último, no se contempla dotación económica alguna destinada a la reforma de los lugares de culto antiguos, la mayoría de los cuales son patrimonio de la Iglesia Católica.

Lo he dicho en otras ocasiones: el error de esta política religiosa consiste en trasvasar lo que sirve para una iglesia a las restantes.

Si lo que se pretendía era solucionar a radice los efectos NIMBY de las mezquitas ["no en mi patio trasero"], existen políticas alternativas más apropiadas para abordar los rechazos vecinales y respetar la libertad de culto de las minorías. Está por ver qué aportará la nueva ley. Pero de lo que no cabe duda es que en Cataluña hará más gravosa la libertad de culto.

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