Lo peor no es el doctor Morín, sino los políticos

Sigue dando de qué hablar el gran entramado europeo de las clínicas del doctor Morín: apuntado por el Sunday Telegraph en el 2004, descaradamente grab…

Forum Libertas

Sigue dando de qué hablar el gran entramado europeo de las clínicas del doctor Morín: apuntado por el Sunday Telegraph en el 2004, descaradamente grabado por las cámaras ocultas de la Televisión pública de Dinamarca en 2006, y finalmente en manos de la Guardia Civil y la fiscalía, siguen las ramificaciones europeas con la detención en Nápoles de un doctor abortista que enviaba mujeres -él las acompañaba- a abortar a Ginemedex. Un feto de 26 semanas con síndrome de down valía 5.000 euros.

Recordemos una vez más que España es el país que ha tenido más éxito en el crecimiento del aborto. Es todo un récord. Pero más allá de la trama de proveedores que le mandaban mujeres de Dinamarca, Inglaterra o Italia, lo más grave era que se las enviase la propio administración catalana o española.

De las declaraciones de las mujeres interrogadas por la Guardia Civil se establece con toda claridad que en un gran número de casos, la mujer embarazada, en muchas ocasiones menores de edad, se dirigía al Centro de Atención Primaria y es el propio médico del sistema público de sanidad quien automáticamente la dirige o bien a una de estas clínicas, las de Morín u otras, o bien, si no dispone de recursos, a la Asociación Salut i Familia que no es nada más que un montaje para canalizar recursos de las administraciones públicas a mujeres para que puedan abortar.

Lo más trágico del caso es que los médicos no intentan en ninguna medida presentar alguna reflexión, alguna alternativa al aborto, actúan como puros intermediarios. También prescinden de toda consideración sobre si aquel caso se adapta al supuesto legal, con lo cual están incurriendo como mínimo en una infracción de la ley por omisión de su deber. En este sentido, alegra saber que al menos la Sociedad Española de Ginecología pide poner límites… aunque el 98% de los abortos queden fuera del espacio que protegería a los no natos.

Es evidente que si en lugar de tratarse del aborto, el médico estuviera ante otro tipo de conducta presuntamente delictiva, se lo haría saber a la afectada. Ningún médico recomienda un traficante de droga por muy mal que se encuentre la persona a la que asiste porque estaría fomentando el delito.

Pero además de la colaboración necesaria de la sanidad pública, también intervienen los ayuntamientos. Sus servicios sociales desarrollan la misma función de agentes comerciales de las clínicas, y se ocupan de que el ayuntamiento pague el aborto en aquellos casos que la mujer no puede hacerlo. Por ejemplo, el caso concreto del Ayuntamiento de Cornellà que se gastó 1.000 euros para financiar un aborto en una de las clínicas de Morín.

En todo esto llama la atención que nunca los funcionarios y los poderes públicos dirijan a las embarazadas a un hospital, donde el aborto les resultaría gratuito. La razón es obvia. Saben que en los hospitales públicos solo podrán abortar aquellos casos que legalmente son muy claros. Es decir, la ínfima minoría, y por tanto la gran mayoría la derivan a los centros privados porque saben que allí no se exige prácticamente nada.

No sólo se remitían a Morín: también vemos en los expendientes la clínica Aragón, la clínica Tutor Médica del Dr. Barambio, aparecen como lugares de referencia, pero a pesar de todo ello, todavía no se ha conseguido que la fiscalía de Barcelona se moleste en investigar tanta presunta irregularidad, tantos indicios de ella.

Como tampoco se está consiguiendo –hasta el momento- que se abra el capítulo de responsabilidades de la administración pública sin cuya connivencia no hubiera sido posible tanto tinglado.

Repitamos otra vez: ¿alguien puede llegar a pensar que, si se tratara de otro tipo de delito, la Justicia directamente no habría obligado ya a abrir esta caja negra para ver que hay detrás de ella? Pero claro, esto va de abortos y ya se sabe que en España hay delitos políticamente correctos.

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