Los agricultores pagan el pato de la crisis

Desde su salida en origen hasta que llegan al consumidor, los precios de los productos agrarios frescos se incrementan una media de entre un 500% y un…

Desde su salida en origen hasta que llegan al consumidor, los precios de los productos agrarios frescos se incrementan una media de entre un 500% y un 1.000%, según datos de la organización agraria COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), junto con la Unión de Consumidores de España y la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa.

Por su parte, la participación del agricultor o ganadero en el precio final de un producto agroalimentario al consumo mantiene una línea de caída hasta situarse solamente en poco más del 20%, según los datos manejados por la Comisión de la Unión Europea.

Pero, ¿quién se lleva entonces la mayor parte del pastel que supone el gran incremento de los precios? La respuesta es que la gran distribución se lleva el grueso de los beneficios del negocio, en detrimento de la pequeña y mediana empresa y, sobre todo, de los agricultores, que acaban pagando el pato de la crisis.

Igual que en el 2000

Así lo constatan los datos de los Anuarios Alimarket 2010 y OSCAE 2010, que vienen a demostrar que los agricultores están cobrando actualmente lo mismo que en el 2000, como se puede observar en el gráfico adjunto, reproducido a partir de una información publicada por el diario El País el pasado 7 de agosto.

En el gráfico se puede ver que la evolución de la serie histórica del índice general de precios percibidos por los agricultores se mantuvo en 2010 al mismo nivel que tenía hace diez años, tras algunos altibajos que llegaron a marcar, entre 2008 y 2009, un incremento cercano al 18%.

Sin embargo, el diagrama muestra también que el IPC de los alimentos y bebidas no alcohólicas ha experimentado en el mismo período un incremento cercano al 40%, lo que da una idea del gran impacto que la combinación de estos dos indicadores causa en los agricultores.

Así, el efecto multiplicador de los precios en los procesos de comercialización no es algo que beneficie a quien trabaja en origen los productos agrarios frescos.

En todo el proceso que lleva los alimentos hasta los hogares consumidores, el sector agrario es el eslabón más débil de la cadena, quien paga los platos rotos de la industria y de la distribución.

Esta situación de indefensión corresponde a la existencia de una actividad muy atomizada, en la que no tienen el peso suficiente tanto las organizaciones cooperativas como las organizaciones de productores.

Los grandes beneficiados

Por su parte, las industrias están justo en el medio de la cadena alimentaria y sobre ellas ejerce su poder la gran distribución, aunque las mismas tienen la ventaja de poder trasladar la presión al sector de origen.

De esta manera, el principal problema lo soportan las pequeñas y medianas empresas, que deben esforzarse para sobrevivir frente a la guerra de precios a la baja, al desarrollo de la marca blanca y otras estrategias adoptadas por la gran distribución para aumentar la demanda. En esta batalla no se hallarían los grandes grupos con marca y con capacidad para imponer sus exigencias a la distribución.

Al final, es la gran distribución la que se lleva el gato al agua, la parte más fuerte de la cadena. Cada día que pasa está más concentrada y con más capacidad para imponer sus exigencias en las políticas de compras.

Esta desigualdad en la distribución de beneficios en la cadena alimentaria responde fundamentalmente a dos causas. Una, la falta de las adecuadas estructuras para la comercialización. Dos, la existencia de un poder desigual entre todos los participantes en dichos procesos.

Algunas cifras

El desequilibrio del que hablamos se puede entender mejor con algunas cifras sobre el volumen de facturación de los primeros diez grupos en la producción, la industria y la gran distribución.

Las primeras diez cooperativas agrarias facturaron en 2009 unos 3.443 millones de euros. En el mismo periodo, las primeras diez empresas en el sector de la industria alimentaria, seis de ellas multinacionales no españolas, sumaron ventas por 17.011 millones de euros. A su vez, los diez primeros grupos en la distribución facturaron 53.041 millones de euros.

Ante estos datos, organizaciones agrarias, cooperativas y la propia industria denuncian las posiciones de poder en la cadena alimentaria, que se traducen en el desarrollo de prácticas comerciales abusivas en las condiciones de compra y pagos, ventas a precios bajos o a pérdidas u otras condiciones que distorsionan los mercados y que van en contra de las reglas de la competencia.

Aunque con la aplicación de la nueva ley sobre pagos aplazados se estableciera un plazo de 30 días para los productos frescos y de 60 días para los elaborados, desde los proveedores agrarios e industriales se sigue denunciando incumplimiento.

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