Los derechos que reclamaban los gays, negados a ancianos que llevan años conviviendo

¿Qué derechos tienen los ancianos y ancianas que, por una aplicación estricta de la ley, son expulsados de sus viviendas alquiladas al no poder subrog…

¿Qué derechos tienen los ancianos y ancianas que, por una aplicación estricta de la ley, son expulsados de sus viviendas alquiladas al no poder subrogar el contrato tras la muerte de la persona con quien convivían? ¿Quién se acuerda de ellos? Esta doble pregunta es la que se hacen ahora muchos ciudadanos después de conocer casos como el de M. Hernández Ruiz, una barcelonesa de 82 años que acaba de recibir carta de desahucio y, por tanto, debe abandonar en dos semanas el piso de alquiler donde vivía en el barrio del Eixample de la capital catalana. La afectada, que denunció este domingo su caso en una carta publicada por el diario LA VANGUARDIA, llevaba 76 años conviviendo con su hermana mayor, quien se acogió a una subrogación de contrato cuando murieron sus padres. Pero ahora, ella no puede continuar en el piso a pesar de que, según cuenta en la misiva, el administrador le había dicho que no debía preocuparse. A esta mujer, se la priva del derecho a seguir en el piso que compartía con su hermana mientras las uniones de gays y lesbianas son equiparadas al matrimonio en nombre de la satisfacción de unos derechos reclamados bajo el argumento de una convivencia más o menos larga.

 

Lo que los defensores del matrimonio entre hombre y mujer siempre han propuesto es regular las uniones convivenciales con independencia del sexo o la orientación sexual. Los derechos no se tienen por el hecho de compartir cama con una persona, sino precisamente por el vínculo de convivencia. El caso de la anciana barcelonesa destapa que, mientras el Gobierno español ha favorecido a los homosexuales para que sus derechos reclamados sean los mismos que los de un matrimonio (por ejemplo, la herencia automática de los bienes), no piensa en las numerosas situaciones de personas que, como esta mujer de 82 años, llevan tiempo compartiendo vivienda con hermanos, amigos, primos o compañeros. Si M. Hernández Ruiz y su hermana fuesen una pareja de lesbianas, no se habría remitido la carta de desahucio.

 

“Durante estos años he pagado todas las reformas de la comunidad, el ascensor… Y siempre el administrador me aseguraba que no me preocupara porque en mi caso, por edad y por el tiempo que llevaba viviendo allí, censada regularmente, no tendría problemas en caso de fallecer mi hermana”. Así explica M. Hernández Ruiz el principal motivo de la sorpresa, el desconcierto y la agitación que le ha provocado la orden de expulsión “sin previo aviso” recibida hace unos días. “Quiero manifestar mi indignación por los modos con que se trata a las personas mayores, constatar la indefensión en que estamos y pedir consejo para saber adónde poder dirigirme para encontrar una solución, pues creo que debe haber alguna ley que contemple estos casos”, asegura la propia afectada.

 

Varios ministros del actual Gobierno español, como también dirigentes del Partido Socialista (PSOE), no se han cansado de decir estos días que la reforma del Código Civil, promovida para que puedan casarse dos personas del mismo sexo, da derechos a más ciudadanos. ¿Han pensado estos políticos en los ancianos que viven solos, que son desahuciados al morir un familiar con quien compartían vivienda o que simplemente se encuentran desamparados con una pensión ridícula?

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