Los planes del Gobierno sobre la concertada indignan a las escuelas católicas

La ministra Isabel Celaá planea eliminar el principio de “demanda social” que introdujo la Lomce

GRAF603. MADRID (ESPAÑA), 15/06/2018.- La ministra de Educación, FP y Portavocía del gobierno Isabel Celaá, durante la rueda de prensa porterior al Consejo de Ministros, esta mañana en Madrid.- EFE/Emilio Naranjo

“Sorpresa, preocupación e indignación”. Así respondió ayer el secretario general adjunto de la patronal Escuelas Católicas, Luis Centeno, a los planes del Gobierno de reformar la Lomce para eliminar el principio de “demanda social”, por el que la Administración debe garantizar a los padres plazas en centros concertados. La ministra de Educación, Isabel Celaá, considera ese concepto “un eufemismo que ha servido para propiciar en algunos casos que la escuela pública pueda ser considera subsidiaria de la concertada”. Y pretende cambiarlo.

En su comparecencia ante la comisión de Educación del Congreso para presentar las líneas maestras de su mandato, la ministra confirmó el miércoles, que planea modificar el artículo 109.2 de la ley educativa que establece el principio de demanda social. En la práctica, en nuevos desarrollos urbanísticos de algunas comunidades autónomas se ha cedido suelo público para construir centros a los que se concedía el concierto de antemano. “Eso supone priorizar la enseñanza concertada sobre la pública y el Gobierno quiere impedirlo”, afirma Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación y Formación Profesional.

“Eso es una excusa, es hacer de un caso una categoría; solo ha habido uno o dos casos en la Comunidad de Madrid”, responde Centeno. El portavoz de Escuelas Católicas, que representa al 60% del sector de la concertada, rechaza que la ley educativa del Partido Popular haya dejado en un segundo plano a la pública. “Lo único que hizo la Lomce fue decir que entre todos los criterios para programar puestos escolares en una determinada zona, se considere lo que las familias han escogido”, defiende. “Es necesario porque es la manera que tienen los padres de elegir un tipo de educación para sus hijos y que no sea la Administración la que establezca cuántos puestos van a ofertar la pública y la concertada”.

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