Los principios no negociables y la política

Con el pontificado de Benedicto XVI volvió a revalorizarse la tradicional doctrina moral de la Iglesia que afirma que hay temas en los que los …

Con el pontificado de Benedicto XVI volvió a revalorizarse la tradicional doctrina moral de la Iglesia que afirma que hay temas en los que los laicos no pueden esgrimir su autonomía para moverse en los asuntos temporales, concretamente en el terreno de la política. En efecto, el CIC, regulando el derecho de la Iglesia, concibe al laico con libertad para actuar en los asuntos temporales, pero claramente establece los temas de los que no debe apartarse en su vida pública.

Esos principios, que permanentemente son atacados por la “dictadura del relativismo”, como sabiamente le llamó el Papa emérito durante su pontificado, son el respeto al derecho a la vida de todo ser humano desde su concepción en el vientre materno hasta la muerte natural, la familia constituida por varón y mujer mediante el matrimonio y abierta a la vida, el derecho sagrado de los padres a decidir qué tipo de educación deberán recibir sus hijos y la libertad de culto.

En esos temas, los laicos no pueden votar leyes contra dichos principios innegociables sin autoapartarse de la comunión eclesial, y los ciudadanos no deben votar a candidatos o partidos que en sus programas contengan proyectos de legislar lesionando dichos principios.

Para decirlo más claramente: no le es lícito a un bautizado, votar para ningún cargo electivo a un candidato que haya votado o promovido la legalización del aborto, las uniones homosexuales con rango de matrimonio, las adopciones por homosexuales o leyes que supriman o ataquen la libertad de culto.

Y ello es totalmente legítimo, no puede pretenderse pertenecer a un Credo y violar abiertamente las normas morales que se derivan del Evangelio y que el Magisterio legítimo de la Iglesia ha definido como principios innegociables. Porque los laicos debemos ser luz, sal y fermento en la nueva evangelización y flaco favor se le haría a ella si como ciudadanos del mundo pero también miembros del Cuerpo Místico de Cristo, por el hecho de ocupar una función pública, olvidáramos esos pocos pero fundamentales principios y los atacáramos directamente dando un antitestimonio. Naturalmente que ello vale tanto para los políticos católicos como para los simples ciudadanos votantes. Porque, de lo contrario, existiría una diferenciación entre simples ciudadanos y dirigentes políticos cristianos y el respeto a dichos principios no negociables deben ser observados por todos. Por los representados, pero también por los representantes.

La pregunta fundamental es por qué esos principios no son lo suficientemente conocidos y respetados en la mayoría de los países. Sobre todo en los latinoamericanos, que es donde vive el 43% de los católicos de todo el orbe. Parece claro que, sin perjuicio del trabajo en contra de los mismos que hacen los enemigos de la fe, como la masonería y otros colectivos, hay un debe en la formación de los laicos en estos temas, y la primera responsabilidad en ello es de los pastores legítimos de la Iglesia: los obispos y las conferencias episcopales. Se vuelve por eso imperiosa la difusión de la Doctrina Social de la Iglesia entre los bautizados, en especial la enseñanza de los principios no negociables, para que a la hora de votar los ciudadanos o los legisladores o candidatos católicos sepan que su autonomía como laicos en la decisión de los asuntos temporales se topa con un límite: el respeto de esos principios no negociables que nombramos más arriba, que se derivan claramente de la Revelación bíblica y de la tradición, si es que quieren seguir perteneciendo a la Iglesia en la que fueron bautizados.

Insistir sobre todo por parte de los obispos en que un cristiano ciudadano de un país o un legislador o candidato primero es cristiano y luego ciudadano o candidato. De otra forma no se logrará conseguir que estos principios básicos sean observados para el bien común de la sociedad y de la Iglesia.

Carlos Álvarez Cozzi

Catedrático universitario de Derecho en Uruguay

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