Los profesores de Religión en pie de guerra: Un tercio se quedan en la calle con la LOE

Siguen haciéndose evidentes los desatinos de la Ley Orgánica de Educación (LOE): Un tercio de los profesores que imparten la asignatura de Religión se…

Siguen haciéndose evidentes los desatinos de la Ley Orgánica de Educación (LOE): Un tercio de los profesores que imparten la asignatura de Religión se quedarán sin trabajo con la aplicación de la nueva norma, según confirma la Conferencia Episcopal Española (CEE). Al mismo tiempo, las escuelas católicas muestran su profundo rechazo a la modalidad de ‘atención educativa’, que contempla la posibilidad de que los escolares que no cursen la materia religiosa se puedan ir a casa.

 

Tal como publicábamos el pasado 6 de noviembre, con la LOE, el Gobierno ha reducido un tercio la asignatura de Religión en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Ahora, en consonancia con esta reducción, se constata que un 30 por ciento del profesorado especializado en esta materia perderá su puesto de trabajo si se aprueba finalmente el borrador que regula la asignatura dentro de las enseñanzas mínimas contenidas en la LOE.

 

Y todo en beneficio de la nueva asignatura estrella del Ejecutivo de ZP: Educación para la Ciudadanía. “La enseñanza laicista relega la religión a algo marginal o extraescolar”, denunció el 10 de noviembre el presidente de la comisión episcopal de Enseñanza, Antonio Dorado; una denuncia compartida por otras organizaciones católicas y defensoras de los derechos de la familia, que lideran la rebelión ciudadana contra ese adoctrinamiento.

 

Monseñor Dorado manifestó que, aunque todavía esperan alcanzar un acuerdo global con el Estado lo antes posible, la pretensión de la CEE es recuperar las horas perdidas y que, como mínimo, sean las comunidades autónomas y no los centros las que precisen las alternativas a la asignatura confesional.

 

“Irresponsabilidad del Ministerio”

 

Las cuentas son claras: a menos horas, menos profesores. Sin embargo, los entre 15.000 y 18.000 docentes que pueden resultar afectados están en pie de guerra y denuncian la “irresponsabilidad del Ministerio, que hace caso omiso de lo legalmente establecido de manera nítida por numerosas sentencias, como por ejemplo la norma elemental que obliga a todos los alumnos a tener el mismo número de materias y carga horaria”, dicen desde la Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales (APRECE).

 

“Es una decisión que va en contra de la religión como asignatura fundamental que es elegida por el 80 por ciento del alumnado y en contra de los Acuerdos con la Santa Sede”, añaden responsables de la APRECE.

 

Alfredo Sepúlveda, de la Unión Sindical Independiente de Trabajadores, considera que se están rebasando los límites de lo permisible: “Estábamos ya casi acostumbrados a la inseguridad y a la precariedad laboral, pero esto ya es el colmo”, denuncia.

 

“Si esto sigue adelante, o se van a la calle el 30 por ciento de los compañeros o compartimos las pocas horas de clase que queden entre todos, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo. Porque no hay que olvidar que el profesor cobra en función de las horas de clase que imparte” .

 

Irse a casa: “inaceptable”

 

Asimismo, la organización Escuelas Católicas, que agrupa a la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA) y la Confederación de Centros Educación y Gestión (EyG), han calificado como “inaceptable” la propuesta del Gobierno de que los alumnos que no cursen la asignatura religiosa puedan ausentarse de los centros escolares e irse a casa.

 

La organización expresó su total rechazo a la modalidad de ‘atención educativa’ que contempla esa posibilidad como alternativa a dar clase de Religión.

 

Según anunció recientemente el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, no existirían impedimentos para que los centros educativos, en coordinación con los padres de familia, permitan que los alumnos que no cursen religión vayan a casa y no se queden en la escuela.

 

Por otra parte, según informa ACIPRENSA, el vicepresidente primero y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, manifestó también su oposición a la propuesta y la calificó de “tomadura de pelo”. “Me parece mal, no es razonable”, comentó González basándose en lo publicado en prensa sobre este asunto. 

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